Monterrey, NL. Mariana Rodríguez Cantú interpuso quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, por violencia política de género, ante la posible resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), que se perfila para la tarde de este jueves 22 de julio.

En los documentos que presentó ante ambos organismos, indica que interpone la queja en la que “manifiesto diversas violaciones a mis derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte”.

“Al respecto, nuestro Estado se encuentra obligado a garantizar y salvaguardar el ejercicio de los derechos fundamentales y su desarrollo en sociedad, además debe de eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

Explica que en la reforma al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011, todos los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México adquirieron rango constitucional, por lo que el Estado Mexicano está obligado a hacer realidad el derecho a la participación política y a generar condiciones para que sea ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia.

Argumenta que México está suscrito al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mismo que pretende asegurar las condiciones generales de igualdad, así como a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw).

“La difusión de las publicaciones denunciadas fueron realizadas en ejercicio de mi libertad de expresión y de manera espontánea, por lo que de ninguna manera se trató de espacios comerciales, toda vez que no se recibió pago alguno, mucho menos se tuvo que pagar para subirlas a algún sitio”.

En contexto, indica que la Comisión de Fiscalización del Congreso General del Instituto Nacional Electoral, en el proyecto de resolución del Consejo General del INE, respecto del proceso sancionador en contra del partido Movimiento Ciudadano y el candidato al cargo de gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.

En dicha resolución, detalla, derivada de diversas denuncias se propone sancionar al partido Movimiento Cuidadano, una reducción  del 25% de la ministración mensual que le corresponda por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 55.3 millones de pesos.

De igual manera señala que durante la revisión al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso Electoral Ordinario  2020-2021 del partido Movimiento Ciudadano, se consideró el monto de 27.8 millones de pesos para efectos del tope de gastos de campaña.

Por tanto, considera que esta determinación violenta  sus derechos humanos de libertad de expresión, asociación, igualdad y libre de toda violencia. 

kg