Sectores productivos evalúan esquemas de flexibilidad ante gradualidad de la reforma laboral

La reforma a la Ley Federal del Trabajo que establece la reducción de la jornada laboral máxima de 48 a 40 horas semanales plantea modificaciones estructurales que obligan a las empresas en México a rediseñar sus modelos operativos y de costos.

De acuerdo con Ernesto Piedras, director general de Competitive Intelligence, las proyecciones del Consejo Coordinador Empresarial anticipan un incremento promedio del 22% en los costos de nómina bajo escenarios de alta contratación, tasa que se eleva hasta el 38% en sectores intensivos en mano de obra como la manufactura y la industria automotriz.

En operaciones de manufactura continua que funcionan bajo esquemas de 24 horas los 7 días de la semana, mantener los niveles de producción actuales sin incrementar el personal o los turnos resulta matemáticamente imposible, dijo en el marco del seminario laboral Reducción de jornada laboral y entorno laboral favorable.

A escala macroeconómica, los análisis recopilados por BBVA, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estiman una contracción neta en el Producto Interno Bruto nacional de entre el -0.6% y el -1.1% anual de carácter estructural.

Ernesto Piedras refiere que según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México se laboran en promedio 2,200 horas al año por persona, en contraste con las 1,800 horas de Estados Unidos o las 800 horas de Alemania, configurando una brecha de eficiencia donde la alta intensidad horaria histórica no se traduce de forma proporcional en el poder adquisitivo ni en la productividad por unidad de trabajo.

Para mitigar el impacto financiero, la reforma contempla la facultad legal de pactar la distribución de la jornada por mutuo acuerdo entre patrones y trabajadores, lo que abre la vía a la implementación de modelos de flexibilidad horaria.

Al respecto, Salvador Sánchez destacó que el uso de turnos comprimidos, donde se pueden acordar jornadas que excedan de las 8 horas diarias, pero que mientras no sobrepasen las 40 horas semanales, no estaremos hablando de horarios extraordinarios.

Entre estas opciones, dijo, se encuentran los esquemas de 12 horas diarias distribuidas en tres días de la semana, complementados con la figura del banco de horas para acumular saldos de tiempo no laborado y programarlos conforme a los ciclos de la operación o picos de demanda. Asimismo, el trabajo por horas se reactiva como una herramienta para administrar la volatilidad operativa en los segmentos de comercio al por menor, restaurantes y servicios.

Por otra parte, la contracción en el balance de horas disponibles, que representa un déficit de 105 millones de horas semanales debido a la reforma, encuentra un mecanismo de compensación cuantitativa en la digitalización.

Ernesto Piedras señaló que la adopción de la inteligencia artificial proyecta un superávit potencial de 126 millones de horas, definiendo a esta herramienta como esa capacidad de sistemas tecnológicos para simular procesos de inteligencia humana como aprendizaje, razonamiento y abstracción. El análisis concluye que las empresas deben anticipar sus diagnósticos de riesgo y modelos de costos, toda vez que la asimilación de infraestructura tecnológica y el desarrollo de competencias digitales operarán como los factores determinantes para absorber el impacto de la transición laboral.

Rafael Sánchez-Navarro, socio de BSN, planteó que la reducción de la jornada representa una oportunidad para rediseñar las estructuras de trabajo mediante la figura de la contratación por unidad de tiempo, permitiendo a las empresas gestionar los picos y valles de demanda en sectores como el comercio, restaurantes y servicios.

Asimismo, sustentó la legalidad de esta modalidad con base en los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que avala el pago de un salario proporcional cuando se labora una jornada menor a la legal. El especialista recomendó a los representantes de las empresas iniciar de inmediato las evaluaciones internas.

Finalmente, Salvador Sánchez, socio administrador de BSN, alertó que el marco regulatorio se volvió estricto a partir de la vinculación de las violaciones sistemáticas a la jornada laboral con la Ley de Trata de Personas en su modalidad de explotación laboral, lo que eleva el riesgo de sanciones económicas y de carácter penal para las organizaciones que no adecuen sus registros de tiempo.