27, 35 y 25

La semana pasada hice un breve análisis del Índice de Estado de Derecho elaborado por el World Justice Project. Como mencioné, tanto en el puntaje agregado del índice (40/100) como en cada uno de sus ocho componentes o categorías analizadas, México sale reprobado; es decir, vivimos en un país con un notoriamente débil Estado de derecho y ello cuesta. En este artículo profundizaré en tres de los componentes: corrupción, justicia civil y mercantil, y justicia penal, mismos tres que destacan por haber sido los peor calificados.

En la categoría de ausencia de corrupción, México se situó en el lugar 134 de un total de 143 países analizados, con un puntaje asignado de 27/100 (misma calificación que en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional). La corrupción es como la Hidra de Lerna, la serpiente de múltiples cabezas en la mitología griega. Hay cuatro grandes tipos de corrupción y todos ellos imponen un costo a la sociedad, uno que actúa como un impuesto sobre el desarrollo económico.

El primer tipo es lo que podemos denominar como la corrupción "al menudeo". Ejemplos: los pagos al policía para evitar una multa de tránsito; en un hospital público para obtener una cita o una receta; en una escuela pública para obtener un lugar para el hijo; a un policía ministerial para inclinar una investigación, etcétera. En todos estos casos hay una negociación que lleva a una transferencia de riqueza del agente privado al funcionario público para obtener una ganancia o para minimizar la pérdida.

El segundo tipo es el que se deriva de la regulación diseñada para ser interpretada discrecionalmente y, de esa forma, el burócrata pueda extraerle una renta a los agentes privados a través de la posibilidad de otorgar, negar o condicionar licencias y permisos, así como inclinar el resultado de inspecciones y auditorías.

El tercer tipo es el que se presenta en los contratos de obras públicas y de proveeduría de bienes y servicios a una dependencia gubernamental, así como en el ejercicio del gasto público. Favoritismo, moches y desvío de recursos son las formas más comunes de actos de corrupción en esta categoría. Ejemplos de esto los tenemos en la construcción de las obras caprichosas de López, que estuvieron plagadas de corrupción, y el caso de Segalmex, donde hubo un desvío de recursos por un monto de 15 mil millones de pesos, todo ello cometido con total impunidad.

Finalmente, el cuarto tipo es la liga entre funcionarios públicos electos y/o designados con el crimen organizado para que este pueda operar y crecer a cambio de una parte de las ganancias obtenidas por la actividad criminal, fenómeno que ha crecido en México durante los últimos ocho años, una de las herencias negativas de López. Ejemplos como "plata o plomo" son comunes, sobre todo cuando se involucra a funcionarios municipales; los moches que se llevan funcionarios que les pagan los comerciantes informales; hasta llegar al caso de funcionarios electos que le deben su puesto al apoyo que recibieron de los cárteles del crimen organizado.

La segunda categoría es la de justicia civil, que incluye a la mercantil. En este caso la calificación fue de 35/100. Para el desarrollo económico, lo más relevante en esta categoría es la impartición de justicia en litigios mercantiles. Con un poder judicial independiente e imparcial, una empresa sabe que, si la contraparte en un contrato lo viola, puede acudir ante el juez para que este obligue a la empresa que lo violó a cumplir lo pactado o adjudique las garantías que cubran el daño causado. Si, por otra parte, no existe un poder judicial independiente e imparcial, como es el caso de México, una empresa solo se involucrará con un tercero en el cual confía, aunque no sea el mejor proveedor o cliente. Esto implica que la asignación de recursos será, desde una perspectiva social, subóptima, lo que se traduce en un menor valor agregado, así como una menor inversión y crecimiento económico.

Finalmente, está el componente de justicia penal, en donde el puntaje asignado fue de 25/100, resultado de la alta incidencia delictiva que prevalece en México y, muy relevante, la impunidad que impera, la cual alcanza el 95% de los delitos. Un potencial delincuente evalúa cometer un delito porque espera obtener un beneficio, no necesariamente pecuniario, y lo compara con el costo en el que incurriría si es condenado a una pena corporal. El costo es condicional a que se cumplan una serie de eventos: que sea denunciado ante el Ministerio Público, que la policía ministerial le dé seguimiento, lo persiga y lo capture, que el fiscal arme bien el caso y que el juez lo condene. Dado que la probabilidad de que se dé cada uno de estos es menor a uno, particularmente que sea denunciado y que la fiscalía haga bien su trabajo, la probabilidad conjunta de ser condenado tiende a ser de cero y esto explica la alta impunidad.

Con un Estado de derecho tan débil como el que tenemos, crecer es solo un sueño guajiro.