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Debilidad institucional frena potencial en prosperidad y nearshoring en México: IMD
José Caballero, autor principal del Informe de Prosperidad IMD para América Latina y el Caribe 2026 y economista jefe del IMD World Competitiveness Center, destacó que el déficit presupuestal de México lo limita para hacer mayores inversiones en infraestructura o impulsar la innovación en una etapa clave de la relocalización.

Ilustración EE:
La debilidad institucional frena el potencial en prosperidad y nearshoring en México, concluyó el Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD, por su sigla en inglés), con sede en Suiza, al interpretar los resultados de su nueva clasificación: el Índice de Prosperidad de América Latina y el Caribe 2026.
Como principales contrastes, México aparece mal posicionado en los indicadores de estado de derecho, combate a la corrupción y déficit presupuestal, lo que atenúa sus grandes ventajas como su complejidad económica, capacidad productiva y exportaciones.
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La calificación general B1 en el Índice ubica a México en el tercer nivel de grupos (de un total de ocho niveles), superado por ocho países, y representa con particular claridad una de las paradojas centrales que el informe identifica en la región.
José Caballero, autor principal del Informe de Prosperidad IMD para América Latina y el Caribe 2026 y economista jefe del IMD World Competitiveness Center, destacó que el déficit presupuestal de México lo limita para hacer mayores inversiones en infraestructura o impulsar la innovación en una etapa clave de la relocalización.
La paradoja de México consiste, según Caballero, en que el país tiene una economía con escala productiva y capacidad gerencial genuinamente destacadas, pero no logra convertir esas fortalezas en prosperidad agregada porque su pilar institucional actúa como freno estructural de primer orden.
“Económicamente, México tiene una gran fortaleza y también tiene fortalezas gerenciales y capacidades. El problema es lo institucional”, comentó.
La ventaja más significativa del perfil mexicano es su complejidad económica, que ocupa el primer lugar en toda la región. Este resultado captura la profundidad y diversificación de su base industrial y su integración en cadenas de valor globales.
Esta capacidad productiva se confirma en una productividad general que ocupa la cuarta posición (57,551 dólares Paridad del Poder Adquisitivo), exportaciones de alta tecnología en el cuarto sitio (17.6%) y una producción científica en el segundo lugar (con 21,027 artículos científicos publicados).
El país presenta un perfil que, en términos puramente económicos y gerenciales, lo situaría entre los candidatos más sólidos a ocupar los niveles superiores de prosperidad.
Sin embargo, el pilar de Gobernanza e instituciones colapsa al nivel C1, y es aquí donde el perfil mexicano se vuelve más revelador. Con una puntuación en el estado de derecho de apenas 0.41 (27º), la cuarta más baja de toda la región, México exhibe una institucionalidad que contrasta de manera casi inexplicable con su sofisticación económica.
Con una escala de terror político (19º) entre las más altas de la región y controles de corrupción en el 15º lugar (0.47), México exhibe una institucionalidad bajo presión que erosiona la confianza de los actores económicos y limita la conversión del potencial productivo en prosperidad real.
Caballero expuso que México es, en este sentido, el caso más elocuente de prosperidad bloqueada en América Latina. Una economía con todos los ingredientes para ocupar los niveles superiores del ranking, atrapada en un nivel intermedio por una gobernanza que no está a la altura de su capacidad productiva.
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A manera de ejemplo, el informe indica que en México, Argentina, Bolivia y Venezuela, las oligarquías de los sectores energético y de recursos naturales han afianzado la captura regulatoria y subordinado las agencias estatales a intereses privados que buscan obtener rentas, erosionando la resiliencia democrática y la capacidad institucional.
Al mismo tiempo, los datos judiciales en México demuestran que la llegada de un nuevo juez federal suele ir seguida de la contratación de familiares para puestos judiciales, lo que reduce la eficiencia judicial y erosiona la confianza pública en el sistema de justicia.




