La pobreza en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y sus causas

México ha sido capaz de reducir la pobreza a partir de la segunda mitad del siglo XX en una tendencia histórica, sólo interrumpida durante crisis o choques macroeconómicos severos, como los de 1983, 1994, y 2008. Las variables de mayor poder explicativo sobre la evolución de la pobreza son el PIB per cápita (en escenarios de estabilidad macroeconómica y certidumbre jurídica), y el empleo formal, complementados por la inversión en educación y salud, y por políticas sociales redistributivas tanto focalizadas (PIDER, COPLAMAR, Solidaridad, Progresa, Oportunidades, Prospera) aplicadas desde la década de los setentas del siglo XX, como universales (subsidios clientelares generalizados) en la actualidad. A pesar de estos avances en materia de pobreza, la movilidad social se ha estancado: 7 de cada 10 mexicanos nacidos en el quintil de ingresos más bajos, permanecen en esa situación a lo largo de su vida. Esto arroja un importante estudio recién publicado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), y documenta que, si bien existen rasgos y tendencias nacionales inequívocas en materia de pobreza, hay diferencias regionales abismales entre entidades federativas. Destaca la persistencia estructural de la pobreza en los estados del sur del país: Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entidades con los más altos porcentajes de población rural indígena.

El panorama histórico nacional es revelador, y ofrece un encuadre objetivo para contrastar el decepcionante desempeño de los estados del sur. En México, en 1950, casi el 90% de la población se encontraba en situación de pobreza, y dos terceras partes en pobreza extrema; correspondientemente, casi el 60% de la población era rural. Para 1968 la pobreza extrema había bajado ya al 24% y la población rural al 43%. En 1990, la población rural cayó al 29% y la pobreza extrema al 22%. La pobreza total se abatió entre 1968 y 1990 del 70% al 53%. Estos logros tuvieron un retroceso transitorio como secuela de la crisis de 1994, sin embargo, entre 1996 y 2006 se reanudó la tendencia histórica de reducción de la pobreza. En ese periodo, la pobreza extrema cae al 14% y la pobreza total al 43%. En torno a la crisis global de 2008 se registra un nuevo retroceso, no obstante, entre 2014 y 2024 se restablece el proceso histórico (con una breve interrupción en 2020 por la pandemia de COVID). La pobreza extrema se abatió a 9%, y la pobreza total a 35%. Por su parte, la desigualdad (medida por el Coeficiente de Gini) disminuyó de 0.52 en 1950 a 0.43 en 2024. En este contexto, el desempeño de los estados del sur del país (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) contrasta con las entidades federativas con menor incidencia de pobreza, como son CDMX, Baja California y Nuevo León, y otros varios más. Hay un fuerte proceso de divergencia entre los dos grupos de estados. En 1980 el ingreso por habitante en las entidades de vanguardia era 2.5 veces mayor que en las entidades rezagadas. En la actualidad es 4 veces mayor. Es decir, cada vez es más grande el atraso relativo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Esta situación de divergencia se documenta mejor si damos atención a la incidencia de pobreza y de pobreza extrema en cada entidad federativa, con datos ofrecidos por el CEEY. Entre 1990 y 2024 esta se redujo considerablemente en Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Querétaro y Aguascalientes. Pero en los estados del sur del país persistieron hacia 2024 las tasas más elevadas de incidencia de pobreza. En Chiapas 70% de pobreza total y 35% de pobreza extrema; Guerrero, 61% de pobreza total y 29% de pobreza extrema, y Oaxaca, 54% de pobreza total y 22% de pobreza extrema.

Es indispensable identificar y analizar denominadores comunes que explican la pobreza profunda y perenne en los estados del sur de México, como premisa lógica para mitigarla en el futuro. Sobresale una educación pública de muy baja calidad (dominio de la CNTE, Ayotzinapa, y demás normales rurales politizadas y delictivas), propiedad colectiva de la tierra, muy baja participación laboral de las mujeres, economía informal, fallas endémicas de gobernanza, clase política aquejada por incompetencia y corrupción, incertidumbre jurídica, y ausencia de estado de derecho, lo que se traduce en escasa inversión y muy baja productividad del trabajo, y por tanto, en ingresos muy precarios. Todo ello, se enlaza íntimamente con instituciones improductivas (reglas del juego formales e informales e incentivos perversos), cultura rentista y refractaria a la modernidad, ideología colectivista frecuentemente adversa a la inversión privada, conflictividad y subversión, ausencia de Estado (control territorial de grupos narcoguerrilleros, “policías comunitarias”, insurgencia criminal), y heterogeneidad cultural y étnica. Podrían añadirse una elevada dispersión de población campesina en actividades agropecuarias de subsistencia, deforestación, urbanización muy limitada, lejanía a la frontera norte, y una geografía muy accidentada que plantea altos costos de infraestructura y transporte. El panorama parece de una gran complejidad, quizás insuperable en el futuro previsible. Lo es.