Organizaciones no gubernamentales enfocadas en energía y medio ambiente denunciaron que el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 que la Secretaría de Energía puso a consulta pública este lunes deja fuera la transición energética para enfocarse en la generación de energía mediante fuentes fósiles a las que se destinarán 95.7% los recursos durante el sexenio frente a la asignación de tan solo 1.3% a actividades que permiten lograr una transición energética.

“En este sentido, los compromisos incluidos en el Programa Sectorial de Energía deben ser traducidos en una asignación y ejercicio de presupuesto público que permita poner en marcha una transición energética justa desde el sector público”, argumentaron en sus comentarios ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Conamer), el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México y Sustentabilidad y Salud para el Bienestar.

Además, solicitaron que se integre una evaluación exhaustiva, así como un plan en el cual se establezcan los riesgos e impactos ambientales, económicos, climáticos y sociales negativos de la refinería de Dos Bocas y de las rehabilitaciones al resto del sistema de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que el documento no integra sus externalidades negativas y profundiza la dependencia a los combustibles fósiles que ya de por sí tiene el país.

Respecto a la nueva refinería en la que se mantiene la expectativa de inversión de 8,000 millones de dólares, explicaron que el terreno elegido para la construcción de Dos Bocas, además de no presentar condiciones de viabilidad pues es una zona altamente inundable, implicó la destrucción de manglares, especies amenazadas, protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059.  Además, la refinería emitirá 2.16 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e) de manera anual, incluyendo emisiones con fuertes impactos negativos en la salud, como los óxidos de nitrógeno, el   monóxido de carbono, el dióxido de azufre y las partículas suspendidas. Con un costo estimado en 190,400 millones de pesos su construcción supondría 45 años de presupuesto operativo para programas de   calidad del aire en todo el país y un aumento significativo de emisiones de gases de efecto invernadero.

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