Las empresas privadas, que desde el 2015 han buscado incursionar en actividades como el almacenamiento y transporte de combustibles, han enfrentado dos obstáculos principales: la complejidad que se requiere para financiar proyectos con altos grados de incertidumbre en cuanto a los precios de los productos y los retrasos que el diseño regulatorio del nuevo modelo les ha ocasionado, evidenciando así que aunque existan 50 nuevas marcas de gasolinas, el abasto depende casi en su totalidad de Petróleos Mexicanos (Pemex), como quedó demostrado en las últimas semanas con la escasez de productos para las estaciones de servicio ubicadas en el centro del país y el Bajío.

Así lo consideró Marcial Díaz, abogado del sector energético en Lexoil Consultores, quien explicó a El Economista que los proyectos anunciados hasta el momento —que según la Secretaría de Energía suman 27 para almacenamiento y cuatro para transporte de petrolíferos, de los cuales sólo dos iniciaron operaciones— pasaron por una serie de trámites que van desde permisos ambientales ante la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental del sector hidrocarburos, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para movimiento de materiales peligrosos, así como permisos a niveles municipal y estatal para finalmente llegar a la Comisión Reguladora de Energía, en un periodo que demoró por lo menos dos años.

“Vemos que comenzaron a diseñar sus proyectos desde el 2015, 2016 y hasta el año pasado tuvieron los permisos, es bastante complejo y es un tema que la nueva administración deberá revisar a fondo, porque a mí parecer existe sobrerregulación en el sector”, dijo.

Esta complejidad regulatoria se añade a que la operación de infraestructura en redes, como es el caso del almacenamiento que finalmente requiere transporte por ductos o pipas resulta de los negocios más sofisticados para cualquier inversionista, que para obtener financiamientos debe convencer a acreedores que el proyecto que presenta resultará rentable en el mediano y largo plazos, sin conocer los precios de los combustibles a futuro.

Licencia social para ejecución de proyectos

En el caso de los cuatro permisos para privados que operarán ductos para llevar gasolinas y diesel desde Texas hasta Monterrey, además de Tuxpan al Bajío y la Ciudad de México, la ejecución de los proyectos tiene el obstáculo adicional de que al recorrer grandes distancias debe contar con los derechos de vía, por una parte, y la aprobación de las distintas comunidades por donde transitará la infraestructura.

“Este tipo de proyectos de infraestructura, una vez que se construyen y comienzan a operar se quedan en el país por muchísimos años y la derrama que dejan en el largo plazo se traduce no sólo en la creación de empleos sino en crecimiento económico alrededor de la infraestructura, esto es lo que deben comunicar de manera adecuada los inversionistas y el gobierno”, dijo el especialista en derecho energético.

Por lo pronto, la próxima semana arribará a Puerto Progreso el primer cargamento de gasolinas para el proyecto de Almacenamiento Hidrocarburos del Sureste, de Grupo Lodemo, que tendrá capacidad de 450,000 barriles y tras intentar una temporada abierta que quedó desierta, optará por abastecer las estaciones del grupo.

“Deberían verse más proyectos así en el centro del país, donde hacen falta, porque el sureste tiene una menor demanda de combustibles”, dijo Marcial Díaz.

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