De aprobarse la contrarreforma eléctrica del gobierno morenista, México multiplicará el riesgo de enfrentar litigios internacionales por reclamos millonarios “nunca antes vistos”, con lo que se enfrentaría a demandas de pago por hasta 20 veces sobre la inversión realizada por los empresarios nacionales y extranjeros en los proyectos eléctricos (que actualmente están estimados en 44,000 millones de dólares), advirtió la International Chamber of Commerce México (ICC México).

Pese a que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dijo que el estado mexicano no indemnizará a los privados por suspender sus operaciones en los proyectos eléctricos como parte de una modificación constitucional, Gabriela Álvarez Ávila, presidenta del Comité de Arbitraje del organismo internacional, respondió que sí existe una expropiación directa y está contemplada en los tratados internacionales firmados por México, como parte del reclamo del inversionista sobre daños y perjuicios. 

Alertó al Congreso mexicano que un procedimiento de arbitraje internacional tiene una duración de cuatro años en promedio y “lo más seguro es que no le tocará a este gobierno lidiar con laudos internacionales”, pero serán los mexicanos los que cargarán con el costo millonario de los litigios, afirmó. 

En conferencia de prensa virtual, la especialista del ICC explicó: “una empresa puede haber invertido 15 millones de dólares, pero al interponer el reclamo invertido más las utilidades esperadas, el monto puede rondar hasta los 200 millones. Y la decisión de los tribunales podrían venir disminuidas entre 70 y 100 millones de dólares, dependiendo del proyecto energético”.

La presidenta del Comité de Arbitraje del ICC destacó que existen casos de denuncias en el ramo energético, por ejemplo, Rusia enfrenta un arbitraje de 50,000 millones de dólares. “Los arbitrajes de inversión representan miles de millones de dólares en laudos”.

“Cambiar las reglas del juego de manera abrupta y destruir ciertos derechos adquiridos por parte de los inversionistas, estos pueden reclamar ante instancias internacionales una compensación… porque aunque no hay un decreto expropiatorio o no se está proponiendo la adopción de un decreto expropiatorio como tal, el efecto de estas medidas es similar a una expropiación y en ese sentido los inversionistas extranjeros pueden plantear en la expropiación y la consiguiente compensación por la expropiación”, aseveró Álvarez.

La reforma al artículo 25, 27 y 28 de la Constitución y nueve transitorios, atenta contra el Estado de Derecho al violentar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresión en materia de derechos humanos; además representa una transformación más amplia de las leyes que involucra al sector eléctrico, de hidrocarburos, el litio y recursos naturales del país, así como aspectos de transición energética que no se limitan al sector de la electricidad.

Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio Internacional, México corre el riesgo de retroceder, por lo menos, cuatro décadas en la generación de energía eléctrica, con los consiguientes costos económico-sociales.

También se enfrentará a problemas de reputación internacional e inyectaría incertidumbre, al poner en riesgo la confianza de la inversión extranjera directa en México y el consiguiente aislamiento de nuestro país de las normas ambientales en el mundo.

“La ICC México hace un atento y respetuoso llamado a los legisladores para poner un alto a la iniciativa de reforma constitucional enviada desde la Presidencia de la República, porque significa no sólo una simple modificación a la Carta Magna, sino quitar a México la visión de modernidad que poco a poco se venía registrando en los recientes años y en los cuales se habían sentado las bases para entrar al Primer Mundo en aspectos de manejo del medio ambiente”.

Expropiación indirecta

• La iniciativa de reforma en materia eléctrica de la 4T prevé la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica y contratos con privados.

• Entre estos se encuentran permisos otorgados por la CRE, contratos de cobertura eléctrica directos con los generadores, contratos con generadores y consumidores, contratos de compraventa de Certificados de Energía Limpia y contratos de cobertura entre generadores, y la CFE (productores independientes de energía y subastas a largo plazo).

• La cancelación de los contratos y permisos implica la extinción de las condiciones que le permitían ser rentables a los activos de generación que les daban sustento, lo cual implica una expropiación indirecta, en los términos establecidos por diversos acuerdos comerciales firmados por México, como el T-MEC.

• La iniciativa de reforma eléctrica prevé que se permitirá que los privados produzcan hasta 46% de la energía eléctrica del sistema nacional, misma que será adquirida exclusivamente por la CFE para su reventa.

• El proyecto no contempla los mecanismos a través de los cuales la CFE comprará la energía producida por los privados, lo que añade más incertidumbre al sector.

lilia.gonzalez@eleconomista.mx