Tras un año en análisis, el Senado de la República aprobó la Ley de Transición Energética, misma que establece metas escalonadas de participación de energías limpias en la generación eléctrica del país, comenzando con 25% para el 2018 y 30% para el 2021, para llegar a 35% al 2024. Además, fija multas desde 700 pesos hasta 5 millones 250,000 pesos para quienes incumplan obligaciones.

El Senado regresó la minuta con cambios a la Cámara de Diputados. Las modificaciones, afirmaron los perredistas, respondieron a la presión del sector industrial. Estos señalamientos no evitaron que la ley se aprobara en lo general con 90 votos en favor, siete en contra y tres abstenciones; y en lo particular con 74 votos en favor, 13 en contra y una abstención.

David Penchyna, presidente priísta de la Comisión de Energía, afirmó que la minuta tiene lugar en el marco de la inminente apertura a la competencia del sector eléctrico del país y del arranque del mercado eléctrico en enero del próximo año.

Resulta uno de los puntos fundamentales en el eslabón para la correcta implementación del marco regulatorio que permitirá a nuestro país construir un sector energético eléctrico sostenible de largo plazo, a través de la ejecución de acciones para la transformación de los organismos claves del sector, así como la apertura para la mayor participación de la inversión productiva, lo que coadyuvará a abaratar uno de los insumos fundamentales para detonar el crecimiento económico de cualquier país , dijo el legislador.

La ley incluye una estrategia de obligaciones de generación eléctrica a través de energías limpias, mediante un componente de largo plazo para un periodo de 30 años y uno de mediano plazo para un periodo de 15 años que deberá actualizarse cada tres años. A las metas deberán someterse los integrantes de la industria eléctrica en general, así como los usuarios calificados participantes del mercado eléctrico mayorista, sean de carácter público o particular, además de los titulares de los contratos de interconexión legado.

Aunado a la creación de un sistema de información nacional en la materia, el gobierno federal establecerá obligaciones para que los generadores eléctricos a partir de fuentes fósiles adquieran certificados de energía limpia (CEL), que representan cada uno la producción de un megawatt hora a través de fuentes no contaminantes. Las obligaciones de los usuarios derivadas de los primeros años de aplicación de los certificados pueden posponerse cuatro años, por lo que el mercado de CEL podría comenzar a operar liberalizado no en el 2018, sino hasta el 2020.

Al respecto, el senador del PAN, Salvador Vega Casillas, explicó que facilitar las obligaciones de los certificados no significa su condonación, simple y sencillamente, si no está disponible por lo menos 70% de esos certificados de energías limpias, se podrán diferir, de ninguna manera condonar; o cuando el precio de los significados en estos primeros años sea superior a los 60 Udis .

Responden a cabilderos: PRD

Los senadores de la bancada del PRD, Dolores Padierna y Rabindranath Salazar, acusaron al PRI y al PAN de responder a intereses de los cabilderos de la industria eléctrica y advirtieron que Penchyna deberá precisar estas reuniones por ordenamiento del nuevo Padrón de Cabilderos de la Cámara.

Los recursos para que la administración pública federal cumpla con las metas serán etiquetados en los respectivos presupuestos de egresos y en fondos de recursos que ya existen para transición, pues el Senado negó la creación un fondo específico.

La ley incluye multas desde 700 pesos a los usuarios que proporcionen información falsa sobre su alto consumo de electricidad hasta sanciones por 5 millones 250,000 pesos para el suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural que niegue el servicio de cobranza derivado de los convenios a los que estarán obligados. Las multas se duplicarán en caso de que las empresas sean reincidentes.

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