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Senado aprueban Ley de APP
El Senado aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas, que envió el Ejecutivo federal en noviembre del 2009, y que permite al Gobierno asociarse con particulares, a fin de agilizar el desarrollo de la infraestructura.
Hasta el tercer round y con candados para evitar privatizaciones disfrazadas , el Senado aprobó el esquema mediante el cual el sector privado se convertirá en un proveedor de servicios del gobierno, con la obligación indirecta de construir la infraestructura nueva, como escuelas y hospitales, para la prestación de los servicios.
La Ley de Asociaciones Público-Privadas, propuesta por el presidente Felipe Calderón el año pasado, fue aprobada finalmente ayer por 85 votos en favor del PRI, PAN, PVEM, y ocho en contra del PT. En abril, y luego el jueves pasado, esa norma fue pospuesta por diferencias del PRD, PT, Convergencia y algunos senadores priístas.
Establece que el gobierno y la IP se podrán asociar sólo para la construcción total o parcial de infraestructura nueva, mas no para la mejora de la ya existente como lo planteaba Calderón.
Prevé que mediante el sistema CompraNet se adjudiquen -a través de invitación a tres personas o adjudicación directa- los contratos a la IP, los cuales serán por 40 años y no por 50 como lo proponía Calderón.
Prevé 34 casos de excepción para las asociaciones, pero cuando ésta sea necesaria, será responsabilidad de los secretarios de Estado dirigir el proyecto.
Precisa: A la terminación del contrato, los inmuebles, bienes y derechos pasarán al control y administración de la dependencia o entidad contratante y los demás bienes necesarios quedarán sujetos al dominio público de la Federación .
La ley de las PPS plantea la figura de afirmativa ficta exclusivamente a las autorizaciones que se requieran para iniciar los proyectos en caso de que las autoridades encargadas de otorgar una autorización o permiso necesario para el proyecto, no lo hagan en el plazo de 60 días hábiles.
Se pretende impulsar el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura, incentivar la inversión, atender necesidades sociales, fomentar el empleo y crecimiento económico de manera más ágil.
Pero hay candados
Se imponen candados, para establecer: No se puede utilizar para las actividades sustantivas a que se refieren los artículos 3 y 4 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional así como de petroquímica distinta a la básica, ni en cualquier caso en que la ley prohíba la intervención del sector privado .
Las dependencias y entidades responsables podrán utilizar los procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa.
La norma aprobada fue turnada a la Cámara de Diputados, donde verá de analizarse y eventualmente realizarse cambios, para su posterior turno al Ejecutivo federal para su entrada en vigor.
jmonroy@eleconomista.com.mx
