La Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene un rezago de aproximadamente 300 permisos que desde 18 meses han solicitado empresas privadas para realizar actividades de comercialización, transporte, almacenamiento y expendio de petrolíferos, según la industria, y en septiembre mantuvo la tendencia con la que se ha conducido todo el año, de llevar a cabo sólo una sesión ordinaria al mes en la que además otorgó únicamente 21 permisos para todas las actividades de la parte baja y media de la cadena de los hidrocarburos y en todas las actividades reguladas de electricidad en México.

Así lo denunciaron industriales, quienes aseguran que con ello se da preferencia a las operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obstruyendo la competencia mediante la participación de privados, tal como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador a los titulares de organismos del sector en agosto pasado, y ratificó el 18 de septiembre en una segunda reunión privada con estos funcionarios, con quienes se reunirá de nuevo el 18 de noviembre.

De acuerdo con Marcial Díaz, analista del sector energético de Lexoil Consultores, los permisos que se otorgan cada mes son además para empresas que tiene acuerdos de suministro con Pemex, en el caso de los petrolíferos, con lo que de facto se lleva a cabo el mandato de no dejar crecer a la competencia en el mercado de combustibles del país.

“Obviamente estos retrasos tienen importantes efectos en las finanzas de las empresas, porque la solicitud del permiso se realiza hasta que existen avances de más de 70% en la colocación de la infraestructura y a partir de ahí, el que se mantengan detenidos, retrasa los planes de expansión de inversionistas que hicieron sus planes con un marco legal que hoy no les da certidumbre”, dijo el experto a El Economista.

En tanto, el órgano de gobiernos del regulador sesionó de manera ordinaria del mes de setiembre para dar cumplimiento a lo que establece la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), con lo que ha ejecutado 10 reuniones en total a lo largo del año, de las cuales, sólo una ha sido extraordinaria y fue para derogar el acuerdo de tarifas de alta tensión para contratos legados de autoabasto renovables y las fórmulas para determinar los costos de los ciclos combinados también de empresas que se han mantenido en el régimen anterior de permisos.

En esta reunión ordinaria de septiembre, los comisionados revisaron 43 asuntos en materia de electricidad, gas natural, gas licuado de petróleo (LP), petrolíferos, petroquímicos y asuntos jurídicos. Pero de éstos, únicamente nueve puntos fueron llevados al órgano de gobierno para otorgamiento de permisos para nuevas actividades y el resto correspondió a autorizaciones de cesiones de derechos, cambios de nombres e incluso la negativa de un permiso.

Según el análisis de El Economista de las actas del órgano de gobierno de la CRE a partir del inicio de la contingencia, de 332 trámites sobre los que se ha discutido entre abril y agosto (puesto que la reunión de septiembre se llevará a cabo hoy, siendo éste el quinto mes del año en que sólo se ejecuta una sesión ordinaria mensual en el regulador) únicamente 157 resoluciones, es decir, menos de 48% han correspondido a otorgamientos de nuevos permisos en todas las actividades de electricidad y la parte media y baja de la cadena de hidrocarburos.

Además, la autoridad lleva a cabo estos retrasos en el otorgamiento de permisos solicitando documentación que no corresponde a actividades reguladas, como un contrato de suministro de combustibles, según se constató en una negativa de la Unidad de Hidrocarburos de la CRE al que tuvo acceso El Economista, y en el que la empresa solicitante del permiso para abrir una estación de servicio detalló que solamente se les entrega a quienes ya tienen suministro con la petrolera estatal contratado.

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