La propuesta del senador Ricardo Monreal de crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia (Inmecob) en sustitución de la Cofece, el IFT y la CRE, es vista por juristas y especialistas en materia de competencia y telecomunicaciones como una iniciativa política más que técnica.

El senador de la bancada de Morena presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución mexicana con el fin de agrupar en un sólo órgano autónomo, llamado el Inmecob, a los reguladores en competencia económica, la Cofece, en energía, la CRE, y en telecomunicaciones y radiodifusión, el IFT.  

El senador argumentó su propuesta con la directriz que ha orientado a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador: la austeridad. El Inmecob serviría, según la iniciativa, para disminuir “la pesada carga” que representan cada uno de estos órganos “para el pueblo de México”. Y aunque este instituto contaría con un presupuesto menor al de cada una de los reguladores actuales, no podría “renunciar en modo alguno al cumplimiento de sus fines y atribuciones”, como indica el proyecto.  

Para Germán Arias, excomisionado presidente en la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), la iniciativa ha sido una sorpresa, sobre todo porque en América Latina se ha buscado la construcción de reguladores independientes en telecomunicaciones. Oír entonces a un gobierno proponer que va a fusionar reguladores, crea terror”, dijo.

Aunque el exregulador colombiano no quiere pensar que la propuesta de Monreal tenga que ver con una cuestión de ideología política, le ha sorprendido que un gobierno busque concentrar el poder en un sólo regulador, cuando lo que está ocurriendo en otros países y regiones es “descentralizar el poder y entregar la regulación a una entidad técnica”.   

Gerardo Mantilla, excomisionado en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), es más tajante en su apreciación sobre la propuesta: se trata de “una decisión más política que técnica”.

“Al final, hablamos de un regulador que va concentrar en una sola persona que la toma decisiones y cuando tenga tantos temas disímiles y complejos, siempre va terminar enfocándose en el tema que más maneje, que más le guste o que más le traiga un beneficio político, lamentablemente es así”, explicó Mantilla.

La lectura de Gildardo López, especialista en el sector energético, es que la propuesta hace eco de la narrativa gubernamental de concentrar funciones y reducir el gasto público que forma parte de una república austera. Frente a esta postura, el experto aseguró que la autonomía de los órganos reguladores coordinados en materia energética, esto es la CRE y CNH, “busca que las decisiones técnicas se tomen sin favorecer intereses particulares o políticos, lo cual brinda seguridad y certeza a la inversión en el rubro de las energías”.

Para Paolo Benedetti, socio de Agon Economía y Derecho, despacho especializado en competencia y regulación, “la iniciativa aumenta el riesgo de que se capture políticamente a los organismos reguladores autónomos”. De acuerdo con el jurista, hasta ahora México puede presumir de contar con reguladores de competencia y telecomunicaciones entre los mejores en países en desarrollo. 

No obstante, de materializarse la iniciativa de Monreal, se corre el riesgo de que suceda lo mismo que le ocurrió a otros reguladores, como es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia España, en la cual está basada la propuesta del senador. 

“En ese país (España) hoy hay un consenso generalizado en que el resultado de esos cambios fue un rotundo fracaso. En efecto, a ellos les siguió una caída importante en la detección de prácticas anticompetitivas así como de las multas impuestas en los pocos casos en los que se establecieron violaciones a la ley. Para peor, los ahorros y sinergias prometidos nunca se materializaron”, dijo Benedetti. 

Supuestos ahorros

El argumento de la eficiencia presupuestaria y la reducción del gasto público en el que se sostiene la iniciativa del senador de Morena es, por decir lo menos, falible. Mientras que el trabajo regulatorio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) supuso ingresos al Estado mexicano por 960 millones de dólares sólo entre enero y marzo del 2020, el ahorro anual que implica esta iniciativa es de apenas 40 millones.

Lo mismo ocurre en el caso de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que en el primer trimestre del año, aprobó concentraciones en el mercado mexicano por un valor de 163,671 millones de pesos e impuso multas por 389 millones de pesos.

Para Mantilla, si bien contar con un sólo regulador para supervisar temas tan importantes como las telecomunicaciones o la competencia es ventajoso en términos presupuestarios, al considerar que cada uno de estos temas son tan complejos como diferentes también deberían hacerse más estrictos los requisitos para que quien quede al frente de estas instituciones garantice la toma de decisiones acertadas, lo que no asegura la iniciativa.

En el caso de los reguladores energéticos, Gildardo López cree que es posible simplificar y mejorar los procedimientos administrativos de estas entidades en lugar de eliminarlas, pues “los órganos reguladores han sido elementos centrales para la realización de los proyectos de exploración y explotación de fuentes energéticas, lo que asegura que el valor de los recursos se maximice”, aseguró.

El ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile (Subtel), Rodrigo Ramírez Pino, piensa que la iniciativa provocará aquello que combate. Esto porque, desde su perspectiva, la superposición de las atribuciones de cada órgano “generará la petrificación de sectores estratégicos y dinámicos, que hoy más que nunca necesitan contar con una estrategia robusta y una hoja de ruta nítida, coherente y de largo plazo”.

El exfuncionario está convencido de que unir las facultades de reguladores distintos es un error.  

“La autoridad de competencia tiene un rol específico y de una naturaleza distinta para el mercado. Distinto es revisar la eficiencia y eficacia de cada organismo, que por lo demás el sector público está en permanente evaluación. Todo ecosistema, en particular el digital, necesitan de reglas del juego claras, con regulaciones que garantizan la coherencia, la puntualidad y la responsabilidad de las decisiones del regulador, así como los procedimientos para garantizar la transparencia y la participación pública en el proceso regulatorio”, dijo.

De acuerdo con Germán Arias, una regulación separada del gobierno garantiza imparcialidad y regulación especializada. Esto permite que los reguladores puedan implementar mecanismos y análisis de impactos normativos que tomen en cuenta a los interesados de cada sector. 

“Todos esos mecanismos los tienen implementados el IFT y Cofece. Por tanto, pensar en juntar uno con otro regulador la función de regulación en telecomunicaciones, es retroceder 20 años en la regulación”, dijo Arias.

(Con información de Nicolás Lucas)

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

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