Estados Unidos inició una queja en el marco del mecanismo de respuesta rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra de la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato, por presuntas violaciones de los derechos de los trabajadores.

Se trata del primer uso de este mecanismo que hace la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), quien difundió el anuncio ayer miércoles.

En un comunicado, la representante comercial de la Casa Blanca, Katherine Tai, dijo que la acción “muestra el compromiso serio de la administración Biden-Harris con los trabajadores y una política comercial centrada en los trabajadores”.

La solicitud de la USTR fue presentada con base en el artículo 31-A.4.2 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y se refiere a los eventos ocurridos en abril pasado, en torno al proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo entre la planta de General Motors ubicada en Silao, Guanajuato y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metal-Mecánica, Sidero-Metalúrgica, Automotriz y Proveedoras de Autopartes en General, de la Energía, sus Derivados y Similares de la República Mexicana, “Miguel Trujillo López”.

La USTR y el Departamento de Trabajo dijeron que recibieron hace “varios meses” información, a través de una línea directa confidencial establecida para hacer cumplir el T-MEC, por parte de una persona que dijo que en la mencionada planta se estaba violando el acuerdo comercial.

Las peticiones como la presentada ayer solo pueden alegar un incumplimiento de las obligaciones del T-MEC en función de la conducta que ocurrió después de la entrada en vigor de este acuerdo comercial, el 1 de julio de 2020.

Para garantizar que el acuerdo beneficie a los trabajadores, el T-MEC, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, su antecesor), incorpora las obligaciones laborales en el núcleo del acuerdo y las hace plenamente exigibles.

El T-MEC incluye un anexo que obliga al gobierno mexicano a incluir disposiciones en su legislación interna para asegurar que, previo al registro inicial de un contrato colectivo de trabajo o durante la revisión del mismo, mediante el voto individual y secreto de los trabajadores, el contrato cuente con el apoyo de la mayoría de los trabajadores.

El gobierno mexicano y estadounidense tienen a partir de ahora 55 días para evitar la conformación de un panel de solución de diferencias, tiempo durante el cual México puede proponer medidas reparatorias.

De no evitarse, el panel tendrá un plazo de hasta cuatro meses para resolver. Si se decretan que hubo violaciones a los derechos laborales en la planta denunciada, se podrían bloquear sus exportaciones o retirárseles los beneficios arancelarios del T-MEC.

México ya actúa

Ayer, el gobierno de México dijo que actúa con interés propio en hacer cumplir los derechos laborales en la planta de General Motors, independientemente de la queja estadounidense al respecto.

“Al margen de esta solicitud realizada por USTR, el día de ayer (el martes) la STPS comunicó que, entre otras medidas, ha resuelto reponer el proceso de legitimación del contrato colectivo de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato”, dijeron las secretarías de Economía y del Trabajo en un comunicado conjunto. 

A partir de la solicitud recibida hoy, México iniciará la revisión del caso en cuestión y en caso de responder afirmativamente, compartirá por escrito los resultados de la revisión y cualquier propuesta de reparación.

GM se deslinda

Por su parte, General Motors dijo que cooperará con los gobiernos de ambos países, al tiempo que condenó y se deslindó directamente de las presuntas violaciones laborales, al tiempo que pidió a una empresa externa que revisara el asunto.

“No consideramos que haya involucramiento de General Motors en las presuntas violaciones ocurridas en nuestro Complejo de Silao, hemos contratado a un consultor externo para realizar una revisión independiente y exhaustiva”, afirmó la armadora estadounidense.

A través de un comunicado, informó que apoya las disposiciones laborales del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), incluyendo el Mecanismo de Respuesta Rápida del T-MEC, que permite desahogar ágilmente las acusaciones por incumplimientos laborales.

“En GM, respetamos y apoyamos los derechos de nuestros empleados para tomar una decisión personal acerca de la representación sindical y cualquier negociación colectiva en su nombre”, acotó.

El lunes, la AFL-CIO y otros grupos presentaron la primera solicitud de un caso de respuesta rápida laboral en contra de una empresa de autopartes instalada en México en el marco del T-MEC.

El caso está dirigido contra Tridonex, una empresa ubicada en Matamoros, con matriz en Filadelfia (Cardone Industries) y controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.

¿Qué sigue para la denuncia de EU?

  • El gobierno mexicano y estadounidense tienen 55 días para evitar un panel de solución de diferencias, tiempo durante el cual México puede proponer medidas reparatorias.
  • De no evitarse, el panel tendrá un plazo de hasta cuatro meses para resolver.
  • Si se decretan que hubo violaciones a los derechos laborales en la planta denunciada, se podrían bloquear sus exportaciones o retirárseles los beneficios arancelarios del T-MEC.
  • Además, el país afectado podrá cobrar aranceles retroactivos correspondientes al tiempo que duró el panel.
  • El T-MEC permite que observadores estadounidenses y mexicanos acompañen al panel en cualquier visita que realice a la instalación para verificar las reclamaciones en la petición.

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