Argentina empieza el martes 1 de septiembre un ciclo económico de precios congelados para servicios de telecomunicaciones que durará hasta el jueves 31 de diciembre. Esta política tarifaria resulta de un decreto presidencial con fuerza legal equiparable a una ley constitucional.

Se trata de un Decreto de Necesidad de Urgencia con expediente DNU 690/2020 anunciado por el presidente Alberto Fernández en redes sociales y que en la práctica, además de una serie de medidas que impacta a toda la industria de telecomunicaciones y TIC local, invalida las tarifas que ya había planeado cada operador para cobrar al consumidor desde esta semana en el país con la cuarentena más larga del mundo por la pandemia —más de 155 días— y con una inflación interanual confirmada para julio del 42.4 por ciento.

Con el DNU 690/2020 el gobierno de Fernández pretende garantizar el acceso de los argentinos de a pie a los servicios de telecomunicaciones (televisión de paga, telefonía e Internet) en los siguientes meses, después de que la pandemia de coronavirus tiró 12.3% la actividad económica solamente en junio y cuando la paridad peso-dólar apunta a cerrar el año en 87.12 unidades entre los analistas más conservadores.

A la industria local le causa resquemor la oración “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” que se lee en el decreto, porque esas palabras significan, además de que no podrán cobrar una tarifa apegada a costos, que los operadores no podrán recuperar su inversión en el corto y mediano plazos en una Argentina cuya inflación esfuma el poder adquisitivo, ni podrán desplegar nuevas inversiones con celeridad para otras innovaciones como la tecnología 5G, porque apenas habrá dinero para el mantenimiento de la red existente.

El mercado argentino de telecomunicaciones reportó ingresos por 148,251 millones de pesos hasta marzo pasado, 2,008 millones de dólares, y la industria móvil participa con el 46.21% de esa cifra, por eso estos operadores, presionados por las cargas fiscales por usar activos del Estado como el espectro y por soportar junto con los operadores fijos el grueso del golpe económico de no desconectar líneas no pagadas y mantener óptimas las redes en la pandemia, estallan contra el DNU 690/2020. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ya ha comenzado primeras reuniones con ellos de cara a la nueva regulación tarifaria.

Desde Argentina se escucha en la industria que el decreto podría traer consigo una reedición del conflicto Casa Rosada-Grupo Clarín, que ya casi una década atrás enfrentó a esas partes, pero los cableros pequeños y las cooperativas provinciales también resultarán afectadas porque no tienen poder de escala para allegarse de insumos. Esto, en principio, dificultará que Argentina pueda llegar a los casi seis millones de argentinos que todavía no tienen acceso a internet y dos millones de hogares a los que no llega una red pública o privada de telecomunicaciones, el 15% de la población del país.

El primer Decreto de Necesidad de Urgencia de Alberto Fernández de su gobierno en materia de telecomunicaciones y TICs está provocando análisis de reconocidos personajes del sector latinoamericano como José Otero y profundas coberturas con distintas voces por parte de DPL Group y TeleSemana, los medios de la especialidad en la región. Aquí, por orden alfabético, cuatro personalidades argentinas también respetadas por su industria.

Sonia Agnese, analista en jefe para América Latina de Ovum

El decreto avanza sobre varios aspectos adicionales donde tampoco se tiene certeza de su alcance, ya que hace una declaración del tipo de servicios como servicios públicos, esenciales en competencia y estratégicos. De entre todo, se puede vislumbrar así una mayor gerencia del Estado en el control de estos servicios y particularmente con lo que tiene que ver con el esquema de precios, que hasta el momento eran libres.

Esta es una situación preocupante, ya que fue una falta de institucionalidad y de continuidad de las políticas públicas. Las empresas y quienes invierten, lo hacen dentro de un marco legal y regulatorio, previendo contar con reglas claras y transparentes. El dictado de una norma que, por más que tenga buenas intenciones de querer dar conectividad a todos los argentinos, debe tener en cuenta lo que implica desde el punto de vista económico: hacer una evaluación seria de los impactos que puede tener una normativa así.

Sabemos lo importante y crítico que es para todos contar con Internet y estar comunicados, y más allá de tener buenas intenciones, la implementación de la norma puede tener justamente el impacto contrario de los objetivos planteados. Durante la pandemia hemos visto muy positivo el diálogo público privado y el trabajo coordinado. Este tipo de decisiones sin posibilidad de discusión y diálogo son muy riesgosas. Los posibles impactos en el congelamiento de las inversiones y el deterioro de la calidad de servicio son preocupantes.

Las telecomunicaciones han sido clave de la pandemia para amortiguar el efecto de la cuarentena con actividades online, pero siendo más importante todavía en el mundo  post-Covid, siendo hoy un catalizador del desarrollo económico futuro.

Enrique Carrier, analista en telecomunicaciones y nuevos medios de Carrier y Asociados

Un aumento de la tarifa en México no sería tan evidente, pero que en una economía tan inflacionaria como es el caso de Argentina, donde este año se espera un 40% de inflación, esto es un tema recurrente, porque cada cierta cantidad de meses tienes que actualizarlas como operador, porque no puedes esperar a que pase un año y se deprecie 40% tu ingreso.

Durante la pandemia ya hubo dos acuerdos entre las empresas y el regulador para mantener los precios sin modificaciones. El último acuerdo era hasta el 31 de agosto. Se había acordado hace tres meses mantener las tarifas sin alzas, con lo cual las empresas decían: “ahora sí ya puedo empezar a hacer ajustes” y entonces allí empezó toda una discusión, porque más allá del trato, el gobierno tampoco quería anunciar en medio de todo este contexto de la pandemia y su impopularidad, que se habrían aumentos de 10% en los precios de las TIC en general.

Mucho de la implementación, de lo bueno o malo que va a ser esto, cae en manos del regulador, que va ser el que va tener que adecuar la mecánica para aprobar los cambios en precios y para quiénes, porque en la Argentina hay también más de 1,200 operadores. Es decir, ¿cómo va a ir aprobarle las tarifas a cada uno de esos 1,200 operadores y además en función de qué mercado o de la tecnología que actúan? No es lo mismo el costo del servicio para un operador con fibra óptica operando en Buenos Aires, donde hay mucha densidad de población, frente al que está operando un servicio inalámbrico en algún lugar remoto de una provincia.

La cuestión es que se quiere tener algún control sobre los precios y lo lógico que como Estado se quiere controlar los precios de un servicio, obviamente que será más un control hacia la baja. Si se empieza desde el punto de que este año las empresas no actualizan sus precios, en una economía que tiene un 40% de inflación, los efectos prácticos que tienes como operador es ir disminuyendo el valor del servicio, la inversión.

Agustín Garzón, director de Enacom en el gobierno de Mauricio Macri

El decreto rompe la lógica y los negocios que se estaban ejecutando en la Argentina, porque se viene una inseguridad jurídica grande. No se entiende si debió publicarse de ese modo y se viene un inseguridad jurídica importante, porque si los precios no pasan a por el filtro la competencia y están fijados por el gobierno, lo primero que hacen las empresas es dejar de invertir, porque tienen la incertidumbre de qué va pasar en el futuro y cómo van a recuperar su inversión.

Esto va en sentido contrario, porque en los últimos cuatro años todas la métricas de conectividad en Argentina, tanto la cobertura, la velocidad y el acceso, avanzaban. Pudieron pensar en una fuerte inversión pública para los lugares donde las redes privadas no llegan o dar incentivos a los privados para llegar allí.

En un mercado que requiere de inversiones de largo plazo, diez años, esto puede ser una bomba, porque si querían llegar con la universalidad de acceso, bien pudieron crear una tarifa social sin intervenir el mercado y ahora podríamos terminar con un conflicto en el CIADI —Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones—.

La gente va recordar si esto no funciona. Cuando vea que su servicio no funciona o que la expansión no continúa, al primero que va a hacer responsable es al gobierno, con lo cual ellos no podrían obtener un rédito político de este decreto. Con esta medida, la Argentina puede olvidarse del 5G en un buen rato.

Alejandro Prince, director de Prince Consulting

El sector venía negociando y apoyando las medidas del gobierno frente a la pandemia, pero el decreto aparece de noche y con sorpresa, sin que los mismos funcionarios del área tuvieran conocimiento previo. El decreto es inconsulto, inoportuno y probablemente, contraproducente. 

En debate está si las TICs son o deben ser un servicio público; de interés público, esencial o estratégico, es relevante. Bien pueden ser un servicio público y ser brindado por privados en competencia.

El punto es si el privado en concesión o el Estado debe permitir o promover el acceso equitativo y las oportunidades de inclusión, no sólo conectividad, sino dispositivos y alfabetización digital; o si están obligados y en qué plazo y condiciones a proveerlo a todos. Tenemos un servicio universal desde la liberalización de las telecomunicaciones y parece no haber sido usado eficientemente. 

Internet es un derecho humano y es un bien público, como la salud, la defensa, la seguridad. Debe ser provisto a todos, porque es un bien provechoso en sí mismo para cada usuario que ejerza ese derecho. Es ideal que sea provisto y utilizado inteligentemente para usos de información, comunicación, entretenimiento, y de modo creciente para trabajar y educarse.

kg