Con frecuencia encontramos el concepto “integridad” como una cualidad o valor al que hacen referencia las organizaciones en sus sitios web y presentaciones corporativas. Pero ¿hasta qué punto tienen influencia esos valores corporativos en la conducta diaria de sus empleados? Y ¿cómo puede una organización lograr que la integridad deje de ser un valor de papel y se convierta en un estilo de vida y una forma de entender los negocios para sus colaboradores?  

Pues bien, de poco o nada sirve si las organizaciones no hacen un esfuerzo por transformar la forma en que sus colaboradores abordan los problemas éticos.  El camino para lograrlo no es sencillo, pero sin duda es necesario a la luz de los siguientes datos: 

  1. De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2018 elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa la posición 138 de 180 países evaluados, junto con Líbano, Rusia e Irán y destaca entre los países, cuya percepción se deterioró respecto de la última medición.  
  2. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi del 2017, los empresarios tienen el mismo nivel de confianza que los servidores públicos pues tan sólo inspiran confianza en 38.7% de la población.  
  3. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del Inegi del 2016, 64.6% de las empresas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, 39.4% señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones y 30.7% manifiesta que se presenta corrupción cuando se trata de obtener licencias o permisos.

En cualquier caso, detrás de cada uno de estos datos, hay experiencias de actos que atentan contra la integridad para obtener un beneficio indebido o escapar a la aplicación de una norma a costa del bienestar colectivo. En efecto, It takes two to tango y por ello gobierno y sociedad debemos hacer nuestra parte para cambiar esta realidad.  

Por ello, en mayo del 2015 nace el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con la reforma de diversos artículos constitucionales en materia de combate a la corrupción y, posteriormente, con la aprobación de diversas leyes federales secundarias que tienen como propósito aterrizar en disposiciones, obligaciones y sanciones concretas los principios previstos en el texto constitucional.  

A primera vista, el foco del SNA parecería estar en las conductas de los funcionarios públicos, sin embargo, también incluye diversas disposiciones aplicables a los particulares.  Así, si las empresas cometen actos de corrupción, bajo el SNA, podrían ser sancionadas con multas, inhabilitación para celebrar contratos con el gobierno, pago de daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública, suspensión de actividades comerciales y económicas hasta por tres años e incluso con la disolución de la empresa.

Con el fin de evitar estos escenarios negativos, pero sobre todo para generar una cultura organizacional que trascienda e impacte positivamente en las comunidades en las que hacen negocios y con ello merecer la confianza de los mexicanos, las organizaciones primero deben comprometerse con la integridad y enseguida realizar un análisis de riesgo considerando sus operaciones y realidad.

Posteriormente, deberán establecer políticas de integridad e implementar programas dirigidos a prevenir, detectar, denunciar y sancionar actos de corrupción por parte de sus empleados, colaboradores, apoderados, proveedores y, en general, de cualquier tercero que actúe en su nombre.  Dichos programas deben  ser adecuadamente comunicados y constantemente monitoreados para medir el impacto y actualizados para responder a los cambios que sufre la organización de momento a momento. 

Adicionalmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, vigente a partir de julio del 2017, dispone que una política de integridad debe contener al menos (i) un manual que delimite las funciones y responsabilidades de las áreas dentro de la empresa y que especifique las líneas de mando; (ii) un código de conducta conocido por toda la organización; (iii) controles adecuados así como mecanismos de vigilancia y auditoría que permitan la revisión periódica del cumplimiento de los estándares de integridad de la organización; (iv) sistemas de denuncia, procesos disciplinarios y sanciones concretas para quienes incumplan la política o las leyes correspondientes; (v) procesos adecuados de entrenamiento y capacitación en materia de integridad empresarial; (vi) políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que pongan en riesgo la integridad empresarial (sin que ello sea pretexto para cometer actos de discriminación) y (vii) procedimientos de transparencia y publicidad de intereses en la organización.

Merece la pena mencionar que la ley considera como atenuante en la imposición de sanciones a personas morales cuando la empresa cuenta con dichos programas y políticas de integridad y además denuncia actos de corrupción o colabora en la investigación de los mismos.

Como ha quedado en evidencia, un programa de integridad adecuadamente diseñado e implementado puede ser una herramienta poderosa no sólo para mitigar riesgos de sanciones y daños reputacionales, sino para mejorar la percepción de la organización frente a clientes e inversionistas. Al efecto, el Consejo Coordinador Empresarial publicó un Manual de Integridad que constituye una guía práctica muy útil para las organizaciones que decidan emprender esta ruta.

El autor es Director jurídico en Bupa México.