Un total de 19 asociaciones industriales, comerciales y de investigación de Estados Unidos pidió a la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) iniciar consultas con México sobre presuntas violaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“El sector de energía de Estados Unidos se enfrenta a una gama cada vez mayor de obstáculos de acceso al mercado que son contrarios a los compromisos de México en el T-MEC (Artículo 2.3) en lo que respecta a la protección de la inversión de trato nacional en México y las exportaciones de equipos y recursos energéticos de Estados Unidos”, afirman las asociaciones. También las presuntas violaciones involucran a otros industrias como telecomunicaciones, farmacéutica, alimentos y electrónica, entre otras.

La petición fue dirigida a Katherine Tai, titular de la USTR, a través de una carta firmada el 24 de marzo de 2021.

Entre las asociaciones están: American Petroleum Institute (API), The National Foreign Trade Council (NFTC), The Telecommunications Industry Association (TIA), National Association of Manufacturers (NAM) y Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA).

Sobre la industria energética, argumentan que las acciones gubernamentales parecen violar los compromisos de México con el trato no discriminatorio en el capítulo del T-MEC sobre empresas estatales y monopolios designados.

Restricciones a la competencia y la inversión privada

Durante el último año, el presidente López Obrador emitió una serie de medidas regulatorias y administrativas que, según la misiva, restringen la competencia de la inversión privada, extranjera y nacional con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), afianzando su papel dominante en México y revirtiendo las reformas del mercado energético que habían sido consignadas en el T-MEC.

Enseguida, refieren que este impulso comenzó con un memorando del 22 de junio de 2020 del presidente López Obrador que ordena a las agencias reguladoras de energía mexicanas favorecer expresamente a Pemex y CFE sobre la inversión privada en toda la producción y generación de energía y aplicar una nueva política de rescate a las empresas estatales en dificultades.

“Pero se ha elevado drásticamente en los últimos meses con un esfuerzo legislativo muy preocupante para acelerar las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que perjudicarán directamente a las empresas estadounidenses de energía y electricidad en el mercado mexicano”, añaden.

De acuerdo con las asociaciones, los inversionistas estadounidenses ahora enfrentan cada vez más dificultades para obtener permisos para una variedad de actividades que incluyen estaciones nuevas o de marca nueva, instalaciones de almacenamiento de terceros, combustibles importados, terminales de líquidos y terminales de GNL.

Adicionalmente, afirman, el cambio en los permisos de exportación e importación de hidrocarburos y productos petrolíferos de 20 años a 1 año discrimina directamente la inversión en hidrocarburos en México en beneficio de Pemex.

En otra arista, las asociaciones expresaron que están preocupadas por la posibilidad de que se presente en el Congreso mexicano un proyecto de ley sobre reguladores autónomos que podría incluir medidas que impacten la independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) o disminuyan su presupuesto o experiencia técnica. Al mismo tiempo, destacaron que los requisitos de prueba en el país propuestos por el Gobierno de México en febrero de 2020 (en la Disposición técnica IFT-012-2019) aumentarían los costos para las empresas estadounidenses que venden dispositivos móviles cubiertos y dañarían a las empresas que brindan servicios de prueba, inspección y certificación.

Además, para las asociaciones, el nuevo proyecto de ley cinematográfica y audiovisual del senador Ricardo Monreal contiene propuestas proteccionistas que impondrían una cuota de contenido local de 15% en las salas de cine; instalarían una serie de restricciones cinematográficas destinadas a limitar las exportaciones de películas estadounidenses, y otorgarían preferencias que distorsionan el mercado a las películas locales.

Por último, cuestionaron que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha retrasado las aprobaciones de nuevos ensayos clínicos y de nuevos productos agrícolas bioterapéuticos y biotecnológicos, y no ha sido transparente en sus procesos de aprobación regulatoria.

Alertas más allá del sector energético

Además de los recientes intentos de cambios en la política energética y eléctrica de México, la IP de EU enumera otras alertas que obstaculizarían hacer negocios en el país:

• La posibilidad de que se presente en el Congreso mexicano un proyecto de ley sobre reguladores autónomos que podría incluir medidas que impacten en su independencia o disminuyan su presupuesto o experiencia técnica

• El nuevo proyecto de ley cinematográfica y audiovisual del senador Ricardo Monreal contiene propuestas proteccionistas que, por ejemplo, impondrían una cuota de contenido local de 15% en las salas de cine

• Los requisitos de prueba en el país propuestos por el Gobierno en febrero de 2020 (en la Disposición técnica IFT-012-2019) aumentarían los costos para las empresas estadounidenses que venden dispositivos móviles cubiertos y dañarían a las empresas que brindan servicios de prueba, inspección y certificación

• La Cofepris ha retrasado las aprobaciones de nuevos ensayos clínicos y de nuevos productos agrícolas bioterapéuticos y biotecnológicos, y no ha sido transparente en sus procesos de aprobación regulatoria

roberto.morales@eleconomista.mx