El gobierno federal publicó el decreto de la nueva ley con la que se creará el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que sustituirá a las Juntas de Conciliación y Arbitraje en todo el país y dará pie al nuevo modelo de justicia laboral.

Con ello, se cumple parte del proceso que llevará la implementación de la reforma laboral en nuestro país y que contempla en el segundo semestre del año poner en marcha los nuevos centros de conciliación.

Para la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján, uno de los principales ejes de la reforma laboral es la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que con la publicación en el Diario Oficial, cobra vida para su conformación para entrar en operación el último trimestre del 2020, con operaciones en 10 estados.

En el decreto se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.

El centro tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México y contará con oficinas estatales conforme los estatutos que establezca la Junta de Gobierno para el cumplimiento de su objeto y conforme a su disponibilidad presupuestaria.

La principal función que tendrá el nuevo organismo de gobierno será la de aplicar la conciliación para resolver los conflictos labores del fuero federal, mecanismo de solución de controversias que ahora será obligatorio para trabajadores y empleadores, el cual además tendrá un periodo de 45 días, después de los cuales aquellos asuntos que no se puedan resolver irán a los tribunales, lo que hará la justicia más rápida y expedita. Asimismo, se encargará del registro a nivel nacional de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo; así como de la verificación de procedimientos de consulta y democracia sindical.

¿Quién será el encargado?

Además de tener una Junta de Gobierno, la cual será encabezada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el primer director que ocupe el cargo de este nuevo organismo deberá ser electo y nombrado por el Senado de la República tras la terna que envíe el Ejecutivo Federal.

La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si la Cámara de Senadores no lo resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo federal. De acuerdo con Pablo Franco, especialista laboral, la publicación del decreto cumple con el proceso de implementación de la reforma, pero a su vez “dará certidumbre a los procesos y evitará interpretaciones erróneas como la que está pasando en el caso en el sindicato petrolero”.

Asimismo, Germán de la Garza, socio de Mowat, añadió que conforme se vayan creando los nuevos mecanismos para la reforma, se evitará la incertidumbre a la hora de realizar los registros, elecciones y todos los procesos internos de los sindicatos.

Para la primera etapa de implementación de la reforma laboral se aprobaron 197.2 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, aprobado el pasado 22 de noviembre por la Cámara de Diputados.

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