En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales”.

Pedro Castillo, presidente de perú

El presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, advirtió que una posible expropiación de la operación en el yacimiento de gas Camisea le costaría a Perú 30,000 millones de dólares, lo que implica además de la demanda internacional, el costo de operar el proyecto de Camisea como entidad del Estado.

“Expropiar Camisea le costaría al Perú no menos de 30,000 millones de dólares. Eso implica todo el presupuesto del sector educación, salud y transportes. Con esa plata podríamos masificar todo el Perú, hacer toda la infraestructura de ductos del sur y norte. Llevar el gas más barato a todos los hogares gratis”, añadió.

El titular de la SPH se manifestó en contra de la amenaza de Bellido, quien envió un ultimátum a la empresa que opera Camisea, en el que afirma que si no renegocian el contrato la van a nacionalizar.

“Nosotros, como representantes gremiales vamos a alzar la voz en defensa de la seguridad jurídica y de la propiedad privada. En este caso, como lo ha señalado muy bien el presidente Pedro Castillo, se tiene que respetar el Estado de derecho”, indicó Cantuarias.

Ayer lunes por la tarde, y mediante un oficio el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, extendió una invitación a la compañía Pluspetrol (empresa que lidera el consorcio que opera Camisea) para discutir la renegociación del contrato sobre la explotación del gas de Camisea. El Gobierno planteó la reunión el miércoles 6 de octubre.

Pluspetrol selló el documento como “recibido”, pero “sin estar necesariamente de acuerdo con el contenido”.

Por otro lado, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, informó que el consorcio que opera Camisea está dispuesta a negociar con el Gobierno para lograr la masificación del gas.

“El consorcio está dispuesto a negociar para ver cómo se distribuye el gas a los peruanos”, indicó Márquez. El dirigente gremial se comunicó con el consorcio y asegura que están comprometidos en “apoyar, hacer y hasta, en cierta manera, subsidiar” el objetivo de masificación del gas que persigue el Gobierno.

“Esto es político, 20 años y no hemos logrado darle el gas de Camisea a la población, más que a 2 millones y eso es fatal. Encima no es barato”, subrayó Márquez.

Para el director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, la amenaza de la nacionalización del proyecto Camisea es inconstitucional y además pone en grave riesgo la matriz energética del Perú.

“Este es un pésimo mensaje que ahuyentará las inversiones en circunstancias que el Perú necesita de capitales para revertir la crisis económica que hoy afronta”, subrayó.

Actualmente Camisea deja al Estado, comentó de la Flor, entre impuestos y otros aportes, el 65% de sus utilidades. Es decir, 65 soles de cada 100 soles de las rentas que genera el consorcio Camisea, se quedan como pago de impuestos y regalías. “En 17 años de operación Camisea ha aportado al Estado más de 40,000 millones de soles, entre impuestos y regalías”, indicó.