Las nuevas y más restrictivas reglas de etiquetado frontal de los alimentos procesados abrieron un nuevo frente de tensión entre el gobierno y la Iniciativa Privada.

Ayer, las cúpulas empresariales volvieron a reprochar al gobierno por no haber sido escuchadas en la definición de la normatividad, al tiempo que advirtieron sobre una caída de hasta 25% en la producción de la industria agroalimentaria nacional y sobre posibles conflictos con nuestros más importantes socios comerciales.

Jaime Zabludovsky, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que representa a más de 30 empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Lala, Bimbo y La Costeña, entre otras, afirmó que no hubo diálogo, sino una imposición por parte de la autoridad, sin considerar los argumentos técnicos y científicos del sector.

La semana pasada, en el seno de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se avaló el dictamen preliminar de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM 051) sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, la cual plantea que el consumidor diferencie un producto industrializado a través de una calcomanía en negro, que indicaría si tiene exceso de grasas trans, sodio, edulcorantes, azúcares o calorías.

Zabludovsky argumentó que el etiquetado octagonal negro no advierte, sino que elimina información relevante de los productos para el consumidor, y en cambio sataniza el alimento al carecer de una descripción, en tanto que no señala porciones ni compara entre similares. En conferencia de prensa conjunta, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), adelantó que las empresas agroalimentarias buscarán ampararse contra la medida —en caso de prosperar—, aunque lo más grave será la disminución de la producción nacional, cuyos productos afectados serán trigo, maíz, hortalizas y frutas y caña de azúcar.

“La producción nacional anda en 230,000 toneladas. A la industria procesadora de alimentos se va 75% de la producción, alrededor de 171,000 toneladas y si hubiera 25% menos consumo (según pronósticos del Consejo Coordinador Empresarial, CCE), habría un impacto de 42,000 toneladas”, sentenció.

El presidente CCE, Carlos Salazar, acompañado de dirigentes de la industria agroalimentaria y procesados, cuestionó el voto de la Secretaría de Economía en favor del etiquetado de advertencia, y que sin pensar en los conflictos comerciales a nivel internacional y nacional que derivarán —en caso de que prospere— determinó apoyar nuevas reglas que pretenden disuadir a la industria de alimentos.

“El voto de calidad que se tuvo que dar en el casi empate, lo dio la Secretaría de Economía, quizás sin pensar las consecuencias que esto puede tener sobre toda la cadena de valor aquí representada”, expresó Salazar.

El CCE informó que no sólo Estados Unidos, sino también otros socios comerciales de México como la Unión Europea y Suiza han compartido su preocupación ante la Organización Mundial del Comercio sobre el impacto de las nuevas reglas de etiquetado.

De acuerdo con su visión, las consecuencias podrían ser el incumplimiento de los tratados internacionales de México, riesgos a la libre competencia, la vulnerabilidad a la propiedad intelectual y los obstáculos innecesarios al comercio, entre otros.

En otro evento, Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, respondió que la norma tiene el respaldo del gobierno federal acompañado por el cúmulo de comentarios de especialistas en salud como la FAO, Unicef y la OMS, puesto que nutrientes como azúcar, sodio, grasas y calorías son críticos en la salud de los mexicanos. “La epidemia de la obesidad y diabetes que padece México está comprometiendo el futuro económico del país en términos de productividad y competitividad”, sostuvo el funcionario.

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