Como parte de la Reforma a la Constitución Política de México en materia de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de diciembre de 2013, se establece que a efecto de “promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la Ley establecerá, dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto, las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos”.

En este sentido, y para impulsar el fortalecimiento de cadenas productivas nacionales, quienes proveerán de bienes y servicios a aquellas empresas que cuenten con contratos de o asignaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, el Estado determinará, a través de dichos contratos, un porcentaje de Contenido Nacional (en adelante“CN”).

Por lo anterior, el artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos, establece que las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos deberán alcanzar en promedio el 35% de CN en sus asignaciones y contratos, siendo 25% en 2015 hasta llegar a 35% en 2025, mediante el cumplimiento de una metodología.

Con ello, el Estado podrá determinar áreas de oportunidad para la industria nacional de hidrocarburos, estableciendo así un desarrollo en políticas que permitan impulsarla para lograr competitividad a nivel internacional.

Ahora bien, los principales retos de los contratistas o asignatarios (Operadores), así como de sus proveedores, se encuentran en determinar correctamente el cálculo de CN, de conformidad con la metodología publicada por la Secretaría de Economía, donde se establece la fórmula para la medición del CN.

En este sentido, a efecto de poder participar en las diferentes rondas, los operadores, deberán de determinar un grado de CN, tomando en cuenta su cadena productiva (proveedores), a través de dicha fórmula, la cual se basa en 6 ejes: bienes, mano de obra, servicios, capacitación, transferencia de tecnología e infraestructura.

Dicho grado, al estar en una fase de proyección, pudiera ser una determinación no real, por lo que, a efecto de garantizar que sus proveedores se encuentren aplicando de manera correcta dicha metodología, deberán vigilar que la determinación se encuentre regulada, normalmente a través de contratos en los cuales se designe el porcentaje, y que una vez que el proveedor la determine, será proporcionada a los operadores, a fin de integrarla como parte del porcentaje final del CN presentado ante Secretaría de Economía.

El incumplimiento en el porcentaje determinado por los operadores, derivado de variaciones o errores, podrá detonar en multas que van de los $662,700 pesos a los $13’254,000 pesos, asimismo, pudiera ser una causal de recisión de contrato por considerarse emisión de reportes falsos o incompletos.

Por ello, es menester de cada uno de los proveedores llevar a cabo una determinación correcta del grado de CN en la venta de sus bienes y/o prestación de servicios, asimismo de los operadores el vigilar, fiscalizar y comprobar que la determinación del CN sea correcta, lo cual llevaría a estos últimos a revisar o auditar la existencia de la prueba documental de los diferentes ejes de la formula hasta el nivel de proveedores que se alcance dentro de la cadena de suministro.

Ahora bien, uno de los principales retos es sustentar documentalmente, dicho grado de CN de manera correcta. Tomando como ejemplo aquellas empresas que se dedican a la fabricación de bienes, el documento idóneo para soportar dicho cálculo no es la factura de venta, a pesar de que los bienes sean vendidos o comprados en México, pues no significa que su origen sea del territorio nacional y cumplan con el 100% de CN. Contar con el documento idóneo que soporte esta determinación, es un reto para las empresas.

Lo anterior pudiendo soportar el porcentaje mediante una declaración bajo protesta de decir verdad en donde se establezca el porcentaje de CN, soportado ya sea porque los bienes son producidos enteramente en el territorio, cumplen con un cambio de clasificación arancelaria, son producidos en el territorio a partir de materiales nacionales, o cumplen con la formula determinada en la metodología antes mencionada.

Los operadores deberán conservar, por lo menos 18 meses posteriores a su presentación, el sustento documental de la información sobre CN que proporcionen, lo cual incluye evidentemente el soporte documental de sus proveedores en general.

Es importante mencionar que dichas Reglas de Transformación, se encuentran basadas en fracciones arancelarias, lo cual genera un reto adicional para las empresas al tener que clasificar arancelariamente productos que pudieran ser fabricados a partir de insumos mexicanos o comprados en México, sin que exista una calificación inicial por parte de una importación.

Es importante mencionar que en caso de que la autoridad determine que la información proporcionada pudiera ser falsa, alterada o que la misma simule registros de contabilidad, podría detonar multas que van de los 331,350,000 pesos a los $662,700,000 pesos.

En conclusión, tanto los operadores como los proveedores deben de contar con procesos y procedimientos que permitan determinar y soportar documentalmente el grado de CN correcto; en los cuales se optimicen los recursos actuales y en donde se mitigue cualquier riesgo que pudiera detonar un impacto financiero.

* Cecilia Montaño es socia de Impuestos y Servicios Legales / Industria de Energía y Recursos Naturales de Deloitte México.