Aplicación gradual y restricción justificada, propone la Cofemer

Al emitir el dictamen preliminar sobre el anteproyecto de ley antiobesidad, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) refiere que se requiere justificar las restricciones de algunos alimentos y bebidas expendidos en las escuelas, así como otorgar una mayor gradualidad en las disposiciones.

Asimismo, informó que los involucrados en el tema están en favor de atacar el problema; sin embargo, afirma que existen imprecisiones en los lineamientos reseñados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre el costo-beneficio tanto para la industria como para la sociedad.

El organismo regulador considera establecer condiciones máximas de azúcar y reducir su consumo en la elaboración de alimentos y bebidas, mas no prohibir ni evitar el producto.

Por ello, recomienda a la SEP aportar los elementos científicos, técnicos y económicos que justifiquen la prohibición aludida y valorar si es posible incorporar un límite máximo que puedan contener las bebidas, así como un plazo transitorio para que los fabricantes efectúen las modificaciones que sean necesarias en sus productos.

Busca evitar daños colaterales

Y es que dichos lineamientos podrían generar una percepción errada en los consumidores de azúcar, en el sentido de que genera obesidad y daños a la salud, lo que podría traer una afectación adicional a toda la cadena productiva del azúcar, la cual tiene una derrama económica para 2.2 millones de personas directamente y 12 millones indirectamente, además de que genera más de 451,000 empleos directos.

Otro de los aspectos a considerar, dice el organismo que dirige Alfonso Carballo, es que a través de la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), las autoridades de educación argumenten y concluyan que el efecto adverso para la industria durará sólo un trimestre, ya que industriales argumentan que serán millonarias las inversiones y pérdidas por dejar de vender algunos productos en escuelas, mientras la SEP dice que el impacto será de 30 millones 591,291 pesos.

También se demanda coordinar acciones con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud para adecuar, de estimarse procedente, el etiquetado de dichos productos, con el fin de corroborar el cumplimiento de los requerimientos.

En este sentido la Cofemer queda a la espera de que la SEP brinde la respuesta correspondiente al presente dictamen total (no final) y se realicen las modificaciones que correspondan al anteproyecto, o bien, comunique por escrito las razones por las que no considera conveniente realizarlas.

lgonzalez@eleconomista.com.mx