En medio de la intensificación de las acciones del gobierno federal para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) en el mercado de petrolíferos y a cinco años de que terminara el monopolio de la estatal en esta y otras áreas, los comercializadores privados alcanzaron un nuevo récord, al aportar una cuarta parte de la oferta de combustibles del país a través de sus importaciones directas durante el primer semestre del año.

De enero a junio la oferta neta de petrolíferos en México –gasolina, diésel, turbosina, gas LP, combustóleo, coque, etc.– fue de un millón 574,000 barriles diarios, de los cuales, 25% –equivalente a 401,000 barriles diarios– correspondieron a importaciones hechas por permisionarios privados, esto es, 2.3 puntos porcentuales más en comparación con la primera mitad del 2020.

En el caso de los combustibles más consumidos en el país, la gasolina y el diésel, la ganancia de mercado ha sido incluso mayor, de acuerdo con cálculos a partir de datos obtenidos en el Sistema de Información Energética, de la Secretaría de Energía (Sener).

En cuanto a la gasolina, de los 705,000 barriles diarios en promedio que se ofertaron en el mercado durante los primeros seis meses del año, poco más de 160,000 provinieron de importaciones de permisionarios privados, lo que equivale a 22.8% de la oferta, esto es, casi seis puntos porcentuales más que la participación de 17% del primer semestre del 2020.

Por lo que toca al diésel, la cuota del producto importado por los particulares como proporción de la oferta nacional pasó de 27 a 32%, al contabilizar poco más de 102,000 barriles, de una oferta de 321,000 barriles diarios.

En ambos casos, los avances se dan en un contexto de mejoría en la cantidad ofertada (y demandada), producto de la reactivación de la movilidad social, en medio de la relajación de las medidas de distanciamiento para frenar el avance del Covid-19 decretadas a partir del segundo trimestre del año. 

En su comparación interanual, la oferta de gasolina subió 4.3% y la de diésel, 2.7%, si bien en ambos casos la distancia respecto del récord de consumo del 2018 aún es considerable. En el primer caso, la oferta del 2021 está 10.8% por debajo y en el del diésel, es 22.3% menor.

La estrategia del gobierno

El terreno ganado por los particulares es espacio perdido por Pemex (tanto en producción, como en importación), quien hasta el 2015 controlaba el 100% de la producción, importación y comercialización de producto. Se trata de una tendencia que el presente gobierno federal ha tratado de revertir a través de modificaciones legislativas y administrativas.

La primera fue la reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por la mayoría senatorial de Morena –el partido gobernante– el pasado 22 de abril y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo. 

Esta marca condiciones más restrictivas para que los privados obtengan permisos de importación y otorga libertades al Estado para que tome control de infraestructuras de despacho de particulares si considera que de ello depende la seguridad energética del país.

Paralelamente, el Congreso avaló –también gracias a la mayoría morenista– modificar el artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, para poner fin a la regulación asimétrica de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que busca limitar el poder de mercado de Pemex, por ser el agente económico preponderante.

Ambas modificaciones se mantienen congeladas, ya que los tribunales especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión han otorgado suspensiones a una multitud de empresas que promovieron juicios de amparo, bajo el argumento de que los cambios a la Ley de Hidrocarburos van a contracorriente de la apertura de mercado en hidrocarburos que quedó consagrada en la Constitución, gracias a la reforma en materia energética del 2013-2014.

Reglamentos, otra arma

El pasado 12 de junio, en lo que fue calificado como un nuevo intento del gobierno de socavar la apertura del mercado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó cambios en las reglas de comercio exterior que prohíben que los permisionarios privados puedan importar producto en lugares distintos a las aduanas (terrestres, aéreas o marítimas), dejándole este privilegio únicamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la práctica, los cambios en las reglas de comercio exterior dejarían inservibles instalaciones privadas como terminales de almacenamiento, puesto que ya no sería posible utilizarlas para recibir producto importado, lo que sólo podría hacerse en las aduanas.

“Está buscando volver a fortalecer a Pemex y a la CFE, como empresas hegemónicas. El presidente, la titular de la Secretaría de Energía (Rocío Nahle) y el titular de CFE (Manuel Bartlett) lo han dicho. Lo que quieren es fortalecer a estas empresas”, opinó Carlos Ochoa, socio de la Práctica de Energía del despacho Holland & Knight.

Desde su perspectiva, las actuaciones administrativas y legislativas promovidas por el gobierno tienen una amplia probabilidad de fracaso, puesto que buscan modificar garantías que están consagradas en la Constitución y que, por lo tanto, la única forma de revertir es a través de una contrarreforma constitucional.

“Están haciendo modificaciones en los segundos niveles de leyes y, peor aún, en temas como las reglas de comercio exterior, que en jerarquía normativa están en un cuarto o quinto nivel, por lo que siempre van a tener un amplio margen de fracaso, porque siempre se va a tener el marco constitucional, que protege a los privados para participar en estos mercados” dijo Carlos Ochoa.

En tanto, la judicialización del sector está creando una gran incertidumbre entre los inversionistas, entre los que Ochoa distingue a tres tipos: 1) aquéllos que tienen ya terminales operando, 2) los que están construyéndolas y 3) los que únicamente tienen proyectos.

Para los dos primeros no hay otra alternativa más que combatir legalmente la disposición a través de juicios de amparo –que ya se han promovido– “los que muy probablemente deriven en una suspensión con carácter general”, con el punto en contra de que ello podría demorar por la carga de trabajo en los juzgados especializados.

“Estamos hablando de que esos juzgados tienen una carga de entre 3,000 y 4,000 amparos, porque también están atendiendo las otras quejas contra los cambios en la Ley de Hidrocarburos, la de la Industria Eléctrica e incluso están revisando el tema de las modificaciones en las regulaciones de los datos biométricos”, dijo Ochoa.

Este reducto legal es ineludible, ya que estas empresas tienen ya compromisos financieros con bancos y contractuales con comercializadores de combustibles, quienes ya reciben servicios o están por recibirlos.

Finalmente, para quienes solamente tienen proyectos en la mira, el abogado prevé que muchos podrían mantener sus inversiones congeladas hasta el 2024 o el 2025, hasta dilucidar las posiciones políticas de los actores gobernantes en el próximo sexenio.

“Es lamentable, porque la necesidad de almacenamiento está ahí. México tiene un déficit en este renglón y ni al gobierno ni a los privados les conviene esta parálisis”, afirmó Carlos Ochoa.

En la práctica, los recientes cambios en las reglas de comercio exterior dejarían inservibles instalaciones privadas como terminales de almacenamiento, puesto que ya no sería posible utilizarlas para recibir producto importado, lo que sólo podría hacerse en las aduanas.

octavio.amador@eleconomista.mx