Aunque México cuenta con un régimen maduro en su lucha contra el lavado de dinero, todavía hay retos que fortalecer contra este ilícito como la procuración de justicia, el reforzamiento de la supervisión de las actividades vulnerables y la identificación de los beneficiarios finales de activos blanqueados y empresas fantasma.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en Buenos Aires, Argentina, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Gafilat) discutieron el reporte de evaluación de México respecto a su nivel de implementación de los estándares internacionales en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

“El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en el 2008”, detalló la SHCP en un comunicado.

hay margen para reforzar la supervisión

“Afirma que existe una buena coordinación entre autoridades y una extensa cooperación internacional. El reporte identifica algunas áreas de oportunidad en materia de procuración de justicia, reforzamiento de la supervisión de actividades vulnerables, así como de la identificación de los beneficiarios finales de activos y empresas”, añadió la dependencia.

De acuerdo con la SHCP, estos retos fueron identificados en la Evaluación Nacional de Riesgos en la materia que se dio a conocer en el 2016.

“(El reporte) concluye que las autoridades competentes, coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizaron una Evaluación Nacional de Riesgos adecuada que les permite conocer cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades en la materia, y que conforme a este conocimiento se han adoptado medidas para mitigar los riesgos y destinar los recursos humanos, financieros y materiales del Estado mexicano de manera más efectiva”, explicó la dependencia.

Desde agosto del 2016, México fue sujeto de una evaluación que se llevó a cabo bajo la coordinación del Fondo Monetario Internacional conforme a las recomendaciones emitidas por el GAFI.

“Dichas áreas de oportunidad deberán ser incorporadas en los planes y programas de trabajo de los gobiernos federal y locales, así como por los sectores regulados”.

RESULTADOS DE LA ENR

En el 2016, las autoridades dieron a conocer la primera Evaluación Nacional de Riesgos , con la finalidad de identificar, evaluar y entender las amenazas a las que está expuesto México respecto del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

“En esa medida, (es necesario) implementar acciones y orientar los recursos nacionales necesarios para la adecuada prevención y mitigación de manera proporcional a los riesgos identificados; esto es, a riesgos mayores, medidas intensificadas, en tanto que en los menores se puede optar por permitir acciones simplificadas”, se puede leer en el documento.

En éste se identificó a los siete bancos con mayor participación en el mercado (también conocidos como el G7 bancario), a las casas de Bolsa y de cambio y a las instituciones de banca múltiple comercial, como las entidades financieras de más alto riesgo o más expuestas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Respecto a las actividades vulnerables, el reporte señaló como más propensas al lavado las referentes a la compra y venta de vehículos, el préstamo o el crédito y la transmisión de derechos sobre inmuebles.

Asimismo, el documento destacó que la corrupción, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados y la falta de certeza jurídica son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México.

El documento explicó que si bien no se puede determinar un monto de lo que representa el lavado de dinero en México, pues podría haber faltantes en la información, se considera que el monto que representa este delito “es lo suficientemente significativo como para ameritar que la prevención de ese ilícito sea una prioridad para el Estado mexicano.

Dicha evaluación indicó que del 2010 al 2014, del total de sujetos inculpados en las causas iniciadas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se sentenciaron condenatoriamente (cuando hay un castigo) a 15% y absolutoriamente (que perdona) a 4% en promedio por año, lo que concluye que existe una alta vulnerabilidad en el sistema penal.

Tan sólo en el último año, el gobierno mexicano recuperó 543.2 millones de pesos y 11.4 millones de dólares como resultado de su lucha contra este ilícito. (Con información de Fernando Gutiérrez).

es la recomendación número uno del gafi

México aplica enfoque basado en riesgos

La Evaluación Nacional de Riesgos que se dio a conocer en el 2016 sirvió para identificar las alertas a las que las entidades financieras tienen que estar atentas para prevenir el lavado de dinero, por lo que a partir de este 2017 dentro de la regulación financiera se incorporó el enfoque basado en riesgo.

De acuerdo con el despacho Alemán & Asociados, este enfoque corresponde con el numeral uno de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Dicho enfoque basado en riesgo debe aplicarse mediante la utilización de una metodología, a efecto de que las instituciones puedan evaluar los riesgos a los que están expuestas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, explica el despacho en el último benchmarking de las microfinanzas de la red ProDesarrollo.

Durante este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a las disposiciones a las que están sujetas las entidades financieras, tales como bancos, financieras populares, cooperativas de ahorro y préstamo, así como financieras de objeto múltiple, entre otras.

A estas disposiciones se incorporó la obligación a las instituciones de incluir un enfoque basado en riesgos.

“La metodología debe considerar, al menos: la Evaluación Nacional de Riesgos y la información e indicadores de riesgo que se identifiquen al interior de las propias instituciones financieras”, detalla el despacho.

Ante esto, la CNBV publicó una guía para que las instituciones financieras incorporen una matriz de riesgo en materia de lavado de dinero.

Aunado a esta normativa, la autoridad ha solicitado otros requerimientos para prevenir este delito dentro de las instituciones financieras, como tener oficiales de cumplimiento y demás profesionales en la materia certificados. (Fernando Gutiérrez)