La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los impuestos ecológicos que se cobran en el estado de Zacatecas, no transgreden el principio de proporcionalidad tributaria.

“Los impuestos ecológicos, en estricto sentido, buscan, entre otros aspectos, el reconocimiento de los gastos que deben realizarse para remediar o al menos paliar los efectos negativos que se originan en un proceso productivo que contamina o que tiene un impacto ecológico cuyo autor, en vez de internalizarlos e incorporarlo a sus erogaciones, traslada al Estado la carga económica de repararlos”, señaló la SCJN.

Lo anterior se dio luego de que algunas empresas promovieron un juicio de amparo indirecto contra los artículos 14 a 19 de la Ley de Hacienda de dicho estado, en donde se determina que las emisiones a la atmósfera de sustancias generadas en los procesos productivos del estado y que afecten el territorio del mismo paguen un impuesto.

El motivo del amparo es que este impuesto transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, es decir, las tarifas que se imponen no van de acorde a la capacidad del contribuyente.

“El tributo de referencia grava las emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, que se generen en procesos productivos que se desarrollen y afecten el territorio del Estado de Zacatecas (...) Con ello se pretende reflejar el daño generado, en términos monetarios, de cada tonelada de gases emitida a la atmósfera”, explicó la Segunda Sala.

Añadió que el impuesto considera los efectos negativos de la emisión de estos gases, así como su impacto ecológico, por lo que el pago de éste busca que quien contamina pueda reparar, de cierta manera, el efecto negativo al medio ambiente.

Asimismo, la Segunda Sala resolvió que estos impuestos encuentran sustento en el deber de contribuir al gasto público, así como en el derecho al acceso a un ambiente sano y en el principio de “quien contamina paga”.

Además, en otra de las resoluciones hechas por ese mismo amparo, la SCJN destacó que estos impuestos no tienen fines meramente recaudatorios, sino que están diseñados para la protección ambiental.

Zacatecas no ha logrado beneficiarse de la implementación de sus cuatro impuestos ecológicos que se aprobaron en el 2016 para el sector de la minería (por remediación ambiental en la extracción de materiales, de la emisión de gases a la atmósfera, de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua y al depósito o almacenamiento de residuos).

Al margen de la ley

La resolución se dio luego de que algunas empresas promovieron un juicio de amparo indirecto contra los artículos 14 a 19 de la Ley de Hacienda del estado de Zacatecas, en donde se determina que las emisiones a la atmósfera de sustancias generadas en los procesos productivos del estado y que afecten el territorio del mismo paguen un impuesto.

El motivo del amparo, de acuerdo con las empresas, es que este impuesto transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, es decir, las tarifas que se imponen no van de acorde a la capacidad del contribuyente para pagarlas.

“El tributo de referencia grava las emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, que se generen en procesos productivos que se desarrollen y afecten el territorio del Estado de Zacatecas (...) Con ello se pretende reflejar el daño generado, en términos monetarios, de cada tonelada de gases emitida a la atmósfera”, explicó la Segunda Sala.

ana.martinez@leconomista.mx