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Eliminar programas sociales ?es políticamente complicado
Para el próximo año la Secretaría de Hacienda propone la existencia en total ?de 858 programas presupuestarios.
A pesar de los recortes al gasto público y en especial al gasto corriente, para el próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propone que existan 858 programas presupuestarios; con ello, se eliminarán 18, se crearán 16 programas nuevos, se realizarán dos fusiones y se resectorizarán 18 programas, de acuerdo con información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indicó que si bien no es fácil eliminar programas sociales por cuestiones políticas, desde el año pasado la Secretaría de Hacienda ha hecho más caso a las recomendaciones que se le hacen para el desarrollo social del país.
No se pueden desaparecer programas así de fácil porque políticamente es complicado. Cada año entregamos a Hacienda un reporte de consideraciones presupuestarias para el desarrollo social del país, donde señalamos los programas que no están siendo relevantes y nos consta que se han hecho determinaciones con base en ese documento , dijo en entrevista.
Comentó que México es uno de los países que más programas sociales registra, lo cual se debe principalmente a que surgen de intereses políticos de gobiernos locales, por lo que uno de los principales ramos presupuestarios que más se ha analizado es precisamente el 23, de Provisiones Salariales y Económicas, mejor conocido como la caja negra del presupuesto.
La Estructura Programática para el 2017 muestra que en el ramo 23, aunque se eliminarán 14 programas, también se crearán 11 nuevos. Entre los programas que se eliminarán se encuentran: el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo para Fronteras y el Fondo de Infraestructura Deportiva.
Entre los programas nuevos del ramo 23 se ubican: Terminación de la Relación Laboral, Reasignaciones Presupuestarias ,Ajuste del Gasto Público, Gasto de Inversión, Medidas de Racionalidad y Ahorro, y Congelamiento de Plazas.
Más trabajo y menos programas sociales
La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2012-2014 indica que 40% de los ingresos que perciben las familias más pobres del país proviene de transferencias monetarias y de especie, es decir, no son recursos laborales.
Los deciles más bajos tienen una importante dependencia de las transferencias que reciben del gobierno a través de programas sociales. En los hogares más pobres, las transferencias son el doble de lo que son en el hogar promedio , expuso en su momento Marcelo Delajara, director de Crecimiento Económico y Mercados Laborales del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY).
De esta manera, los ingresos de las familias más vulnerables se sustentan en las transferencias que les hace el gobierno federal a través de programas sociales como Prospera; no obstante, su movilidad social no ha mejorado.
Al respecto, el representante del Coneval comentó que esta población, más que un apoyo social, requiere de un impulso a su productividad y a sus ingresos derivados del empleo, ya sea como asalariados o por tener un negocio propio.
El gran paso del ingreso de esa población es la generación de ingreso propio. Los programas relacionados con créditos no han mostrado un impacto para que estas personas generen un ingreso propio , agregó.
Destacó que se debe tratar de mejorar el acceso al mercado; para que tu negocio prospere requieres de un mercado que te compre; pero si ese mercado no está, por más crédito que te den; si el lugar está aislado, no ayuda a la movilidad social de las familias mexicanas .
De los programas, 85% ?no combate la pobreza
Los últimos datos del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales muestran que de los 161 programas que se analizaron en el 2015, 8 de cada 10 no pueden resolver el problema principal por el que originalmente se crearon.
Destaca que si bien se destinó un presupuesto de más de 500,000 millones de pesos, 85% de los programas analizados no presenta un buen desempeño y se caracteriza más por su opacidad en cuanto a la información que registran sobre la población potencial a la que se le entrega el beneficio.
En su momento, Alejandro González, director general de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc), expuso que existe un retroceso en la política social del país.
Hubo un incremento de programas que no resuelven la problemática por la que se crearon y hubo un retroceso presupuestario en los programas que mostraban un buen desempeño , advirtió.
Juzgado pospone juicio de amparo contra diputados
El juicio de amparo que interpusieron diversas organizaciones civiles contra la Cámara de Diputados por abusar de sus facultades y cambiar recursos públicos al Ramo 23 de Previsiones Salariales y Económicas se resolverá hasta el 1 de septiembre de este año, de acuerdo con información del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
El expediente 198/2016 indica que el pasado 2 de febrero se presentó el juicio de amparo, debido a que se violó el artículo 3 fracción I del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ricardo Corona, abogado del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) -uno de los organismos que participó en la solicitud del juicio de amparo-, comentó que acusan a la Cámara de Diputados de mover recursos por más de 38,000 millones de pesos para destinarlos a los fondos del Ramo 23, mejor conocido como la caja negra del presupuesto.
Resulta que la Cámara de Diputados sin tener las facultades quitó recursos por un monto mayor a 38,000 millones de pesos de los rubros de educación, salud y medio ambiente y los manda al Ramo 23 para crear etiquetas enfocadas al fortalecimiento municipal estatal (...) De lo que hablamos es del abuso de las facultades de la Cámara de Diputados, es la razón de este amparo. Modificó artículos que sólo corresponden al Ejecutivo .
El pasado 7 de julio se tenía previsto llevar a cabo la audiencia constitucional para la resolución del amparo; sin embargo, se anunció que se pospondría para el 1 de septiembre de este año.
Corona comentó que en caso de que se resuelva a favor de las organizaciones civiles, se abre la oportunidad para que, por primera vez, el órgano jurisdiccional dé muestras de que hay Estado de Derecho y que incluso los diputados federales están obligados a respetar lo que la Constitución establece en materia de aprobación del presupuesto.
Si ganamos, la contraparte va a impugnar y va a ir a la revisión de amparo y se va al tribunal colegiado (...) Lo que podría esperarse es que por la relevancia, se solicite el conocimiento de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, lo cual sería legendario, ya que si la Corte resuelve a favor, sería un precedente que no tenemos identificado en este tema , dijo Corona.