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Bolivia "maltrata" a inversión extranjera: empresarios
Directivos de la siderúrgica india Jindal denunciaron la falta de seguridad jurídica para invertir en Bolivia, cuyo gobierno ha recibido quejas similares de empresarios de Canadá y Brasil.
La Paz.- La siderúrgica india Jindal denunció el miércoles que el gobierno boliviano "maltrata" a la inversión extranjera tras rescindir un contrato en el país, poco después de que empresas brasileñas y canadienses advirtieran a Bolivia sobre su relación con el capital foráneo.
"La falta de seguridad jurídica (..) ahuyentará a inversionistas extranjeros", afirmó la firma india en un comunicado, en consonancia con las declaraciones de fuentes del gobierno brasileño de esta semana según las cuales las empresas "que tienen intereses en Bolivia están en una situación muy frágil".
Jindal Steel and Power anunció el martes que abandona Bolivia tras rescindir el contrato de riesgo compartido con el gobierno para la explotación de un yacimiento de hierro, en medio de acusaciones mutuas de incumplimiento,
"No se nos trata como amigos de los bolivianos, sino como delincuentes", dijo la empresa india, que indicó que el gobierno de Evo Morales "maltrata y persigue a los inversionistas extranjeros".
Los directivos de Jindal afrontan procesos por incumplimiento del contrato, que preveía en la primera fase inversiones de unos 600 millones de dólares. A raíz de esto el gobierno ejecutó entre 2010 y 2012 dos boletas de garantía por un valor total de 36 millones de dólares.
Por su parte, Jindal asegura que el gobierno incumplió el compromiso de suministrar el gas natural necesario para el proyecto al entregar apenas 2.5 millones de metros cúbicos diarios (mmcd) de los 10 pactados.
Días atrás, la minera canadiense South American Silver advirtió que si el gobierno boliviano, como adelantaron algunos funcionarios, decidía cancelar una concesión en el yacimiento de Mallku Khota, en el sudoeste del país, responderán con medidas judiciales y diplomáticas.
En tal sentido el gobierno canadiense, a través de su ministro de Comercio, advirtió a Bolivia que "este tipo de acciones enviaría una señal negativa para todos los inversores canadienses y extranjeros".
Las advertencias canadienses y las críticas de Jindal se suman a otras de empresas brasileñas como Máquinas D'Andrea y la constructora Petra, que abandonaron sus emprendimientos en Bolivia por supuesta falta de seguridad jurídica.
Una fuente del gobierno brasileño dijo el lunes bajo anonimato al diario Valor que las empresas de ese país en Bolivia "están en una situación muy frágil" y añadió que desde que Brasil concedió asilo al senador opositor boliviano Roger Pinto "las cosas están mucho peores".
En La Paz, una alta fuente reservada de la embajada de Brasil declinó comentar la situación alegando "que la situación de las empresas" y "el asunto entre Estados no se estila comentar en la prensa".
En cambio, la fiscal boliviana a cargo de investigar la actuación de la firma D'Andrea, Edna Montoya, informó que un peritaje inicial hecho por la filial local de la multinacional de auditorías PriceWaterhouseCoopers determinó un sobreprecio de 7.2 millones de dólares, que el Estado boliviano pagó a la brasileña para el montaje de una fábrica estatal de papel Papelbol.
El contrato con la firma brasileña por 13.5 millones de dólares se firmó en 2008 habiendo cancelado el Estado el 98% de ese monto. Por este "supuesto sobreprecio, supuesto, porque estamos en la fase de investigación" fueron imputados dos funcionarios bolivianos, precisó Montoya.
En el marco de este proceso, la fiscal tiene previsto viajar a Sao Paulo para tomar declaraciones del asesor legal de D'Andrea.
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