¿Es muy fácil construir o reconstruir un estadio en México con dinero público? ¿Quién regula las inversiones?

“Existe una iniciativa del ejecutivo federal para reglamentar obra pública, que lamentablemente tiene muchos aspectos negativos (...) La redacción de esta normatividad es tan abierta que no permite que tengamos una uniformidad en la legislación, y por lo tanto se puedan dar excepciones a la aplicación de la ley en cualquier ente público”.

La respuesta es de Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En México, de acuerdo con una revisión realizada por El Economista, hay 81 estadios que pertenecen a estados, municipios o ayuntamientos que son cedidos, la mayoría sin ningún costo, a equipos profesionales de beisbol, futbol y basquetbol.

Muchas historias por contar. Por ejemplo, Nayarit es una de las 10 entidades más pequeñas del país, su capital, Tepic, cuenta con 413,000 habitantes y en menos de una década, el gobierno estatal ya ha gastado 265 millones de pesos en dos estadios de futbol: La Arena Cora y el Olímpico de Santa Teresita.

En Durango, para la remodelación del estadio Francisco Villa, casa de la franquicia de los Generales de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el gobierno estatal pagó por un pasto “estilo Grandes Ligas” 8 millones de pesos, de los 30 millones de la inversión total, una cifra que superó en 10 millones a todo lo que se le otorgó al área cultural en este año.

¿Por qué se pueden tomar recursos para estadios de fondos para la pobreza o de partidas presupuestales que están etiquetadas para otras necesidades?

“Muchos de los proyectos ni siquiera cuentan con estudio técnico de viabilidad en todos los sentidos, en términos técnicos y sustentabilidad, son infraestructuras costosas y sin proyección de la viabilidad financiera. Por ejemplo, en el caso de Zacatepec (857.8 mdp), evidentemente es inviable, los costos no van a salir, aunque se hagan partidos cada semana”.

Todos los deportes profesionales en México dependen de los gobiernos estatales en infraestructura.

De los estadios, arenas o parques de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional y la Liga Mexicana del Pacífico, el 100% pertenece a los gobiernos o ayuntamientos; en la LMB el 93.7%; en el Ascenso MX el 75%, y en la Liga MX el 40 por ciento.

¿Cómo benefician a los clubes? Con la construcción o remodelación de estadios, con comodatos, con el pago de mantenimiento o cesión total por determinado tiempo. Así son los modelos que operan cuando un equipo profesional decide asentarse en una ciudad y juega en un estadio que le pertenece a los gobiernos locales. Y cuando ya no hay apoyo, empieza otro juego, el del condicionamiento por parte de las franquicias.

Por ejemplo, hace unas semanas el club Alebrijes de Oaxaca se coronó en la Liga de Ascenso MX como visitante ante Juárez FC. Después del festejo, la directiva encabezada por Santiago San Román, dueño del equipo, pidió ayuda al gobierno de la siguiente manera:

“Nosotros estamos muy contentos en Oaxaca, pero también necesitamos más apoyo de todas las instituciones de aquí para poder seguir. De la iniciativa privada sí tenemos cierto apoyo, del cual estamos muy agradecidos y trabajando en conjunto, pero necesitamos ayuda del gobierno, como pasa en casi todas las plazas del Ascenso MX y de Primera División”.

Si traducimos esas palabras quiere decir que buscan que amplíen su estadio, que ahora mismo es de 17,000 personas y necesitan que sea de 20,000 para tener el aval para ascender a la Liga MX.

No hay que olvidar que este estadio fue construido por el gobierno de Oaxaca con recursos del Fondo Federal Antipobreza, FONREGIÓN.

Y entonces, ¿qué se tiene que hacer para controlar o verificar las inversiones?

Para Yahir Acosta, director jurídico del Laboratorio de Políticas Públicas Ethos, “las Asociaciones Público-Privadas (APP) son una buena idea de construir estadios porque el análisis se tiene que dar caso por caso, estadio por estadio. Se tiene que verificar el modelo financiero, riesgos, identificar las aportaciones del sector privado, público, cuál será el esquema de repartición de beneficios y cómo se garantizarán el pago de las obligaciones que se adquieran”.

Actualmente en México no existe una reglamentación, leyes o artículos que especifiquen cómo y de qué manera se deben financiar estadios para deporte profesional.

Manuel Guadarrama, del IMCO, comenta que el tema de recursos y cómo se reparten “tiene que ver con el deporte y la regulación en términos de infraestructura de obra pública”.

Yahir Acosta asegura que un modelo de APP para la construcción de estadios “es el esquema que más requisitos técnicos, jurídicos, actuariales piden para planear y desarrollar un proyecto, además debe ser aprobado por la legislatura local.

“Eso ya te habla de más filtros, más personas revisando el proyecto, e incluso se debería pedir opinión a la ciudadanía cuando haya más controversia”.

Y justamente lo que comenta Yahir ya ocurre en otras partes del mundo. La decisión para construir un estadio en alguna parte de Estados Unidos requiere de un proceso de votación legislativo sumado al derecho de los ciudadanos de reunirse en referéndum para votar los proyectos. No es sencillo, pero en el momento en el que se da el sí, parte de los impuestos de los ciudadanos se destinan al pago de las infraestructuras.

Estos referéndums pueden funcionar como “termómetro” para medir el interés de la población sobre una construcción y puede, en teoría, revocar una decisión.

De acuerdo con el portal City Lab, del año 2000 al 2015 más de 12,000 millones de dólares de los recursos públicos se destinaron a los estadios privados, donde juegan los equipos profesionales de las ligas más importantes de Estados Unidos.

Para el proyecto de construcción del estadio de NFL en Las Vegas, en el 2016 el plan de financiamiento público, que se estimaba en unos 1,900 millones, superó su primer obstáculo legislativo con la votación a favor de 16 senadores y con cinco en contra.

El voto a favor permitía un incremento en los impuestos en el condado Clark, Nevada para proporcionar una contribución pública de 750 millones para el proyecto del estadio y otra de 420 millones para la expansión del Centro de Convenciones de Las Vegas.

“Las ciudades tienen muy poco poder de negociación con un equipo de la NFL. Las ciudades tendrán que estar dispuestas a subsidiar el costo de un estadio para tener un equipo de la liga”, señala Roger Noll, especialista en Economía Deportiva de la Universidad de Stanford.

Una veintena de estadios de la NFL se han abierto desde 1997, a un costo que ha tomado casi 5,000 millones de los fondos de los contribuyentes, según un análisis realizado por la empresa consultora Conventions, Sports and Leisure y retomado por CNN Money.

“El público se está volviendo más consciente de cómo ocurren estos acuerdos, y la gente está mirando a su alrededor y comienza a hacer la pregunta: ¿podríamos estar usando esto en otra cosa?”, afirma Tim Kellison, profesor de la Universidad de Florida.

En México todavía no llegamos a la votación para determinar cuándo es viable, qué piensa la población o si consideran pertinente hacerlo. Por ahora, se han destinado 6,719 mdp a estadios en los últimos siete años.