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Litigio climático de una década crea obligaciones vinculantes para gobiernos y megacorporaciones
Hoy los tribunales están estableciendo precedentes críticos, como reconocer la obligación de las empresas de reducir emisiones para prevenir daños públicos, imponer límites al apoyo gubernamental a la producción de combustibles fósiles y exigir responsabilidad por los daños climáticos a los grandes contaminadores.
Cambio climático.
Una nueva y poderosa arquitectura legal global para la protección del clima ha sido erigida por una década de litigios climáticos, transformando la lucha contra el calentamiento global de un asunto de política voluntaria a una obligación legal ineludible, según revela un informe crucial de la Red de Litigios Climáticos (Climate Litigation Network).
El análisis, publicado bajo el título "Sentando las bases para nuestro futuro compartido", coincide con el décimo aniversario del fallo pionero en el caso Urgenda en los Países Bajos y se lanza días después de la COP30 y cerca del aniversario del Acuerdo de París, subrayando cómo los tribunales se han convertido en el motor de rendición de cuentas que el sistema internacional no provee.
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El caso Urgenda y el nacimiento de la responsabilidad climática
El informe marca un hito de diez años desde que el tribunal holandés, en el caso Urgenda, emitió la primera orden judicial en el mundo que obligaba a un gobierno a intensificar sus medidas climáticas.
“Diez años después, los tribunales más importantes del mundo ahora dicen lo mismo: el cambio climático es un asunto legal; y los gobiernos tienen la obligación vinculante de proteger a las personas del cambio climático,” afirmó Lucy Maxwell, codirectora de la Red de Litigios Climáticos.
El aumento de las demandas está forzando a los gobiernos a codificar normas claras para la acción climática, estableciendo obligaciones que incluyen:
- Garantizar la seguridad y protección de las personas ante los impactos climáticos.
- Asumir la responsabilidad para limitar el calentamiento global a menos de 1.5 °C.
- Demostrar que las acciones y políticas nacionales cumplen efectivamente sus promesas.
- Un deber de proteger a las generaciones futuras.
El impacto de estos litigios no se limita a declaraciones teóricas; se ha traducido en cambios concretos en legislaciones y políticas a nivel mundial. Tras las sentencias, varios gobiernos se han visto obligados a modificar leyes y reforzar sus objetivos climáticos.
Algunos impactos clave de los litigios son:
- La reforma Regulatoria: Modificación y refuerzo de objetivos climáticos en naciones como Brasil, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Corea del Sur.
- Bloqueo de Proyectos: Rechazo judicial de nuevos proyectos de combustibles fósiles en Australia y el Reino Unido.
- Transición Sectorial: Compromisos legales para descarbonizar el sistema de transporte, como se ha visto en Hawái.
El deber legal de los mayores contaminadores
Más allá de los gobiernos, estos fundamentos legales están proporcionando herramientas poderosas para que las comunidades enfrenten a las mayores corporaciones contaminadoras del mundo, incluyendo a gigantes como Holcim, RWE, Shell y Total.
"Lo que era un imperativo moral hace diez años se ha convertido en un imperativo legal," destacó Sarah Mead, codirectora de la Red de Litigios Climáticos. "Los grandes contaminadores... tienen el deber de contribuir al esfuerzo global para detener el peligroso cambio climático".
Hoy los tribunales están estableciendo precedentes críticos, como reconocer la obligación de las empresas de reducir emisiones para prevenir daños públicos, imponer límites al apoyo gubernamental a la producción de combustibles fósiles y exigir responsabilidad por los daños climáticos a los grandes contaminadores.
Construyendo un marco de rendición de cuentas global
El informe subraya que las personas más afectadas por la crisis, incluyendo a jóvenes y generaciones mayores, han sido la fuerza impulsora de estos litigios. El litigio climático está supliendo las deficiencias del sistema internacional.
“El Acuerdo de París carece de un sistema que permita comprobar si el objetivo de cada país es suficiente y justo para alcanzar ese límite de temperatura colectivo de 1.5 °C” explicó Dennis van Berkel, asesor legal de Urgenda. “Durante la última década, se ha recurrido a los tribunales para construir ese marco de rendición de cuentas desde cero. Nunca hemos estado en una mejor posición para usar la ley para proteger a las personas y al planeta del cambio climático", concluye.
