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Nuevos lineamientos del INAH “tienen un carácter bastante punitivo”: Bolfy Cottom
El investigador acusa que el Consejo de Arqueología impone una política fiscalizadora y autoritaria sobre la investigación, la inhibe e incluso duplica funciones; obstaculizan la investigación y la burocratizan, dice Matos Moctezuma.
Aspectos burocráticos sobre los académicos, convierten al Consejo de Arqueología en un aparato autoritario de control que limita la libertad de investigación
En días recientes la comunidad de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha rechazado de manera unánime la emisión de dos nuevas normativas para la regulación del trabajo arqueológico en el país.
La que ha generado mayor rechazo son los Lineamientos para la Investigación Arqueológica en México, un tipo de documento que si bien es nuevo en el instituto, en su actualización emitida el 22 de abril impone “novedades” no bien recibidas por la comunidad, puesto que, acusan, se trabajó con absoluto sigilo y no permitió la amplia participación de los arqueólogos del INAH, lo cual constituye “una imposición despótica y autoritaria”, a decir del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH.
Estos nuevos Lineamientos se componen por 58 artículos y varios numerales. Los cambios están en todo el documento. A diferencia de los Lineamientos de 2017, donde el Consejo de Arqueología se menciona en no más de 20 ocasiones, en este documento el Consejo de Arqueología es puesto como responsable o corresponsable en 40 de los 58 artículos, esto sin considerar su repetición en la mayoría de los numerales. Se agregan ejemplos en los anexos de esta nota.
Para los arqueólogos esto demuestra “un marcado tono autoritario”, impone reglas que podrían entorpecer los procedimientos, volverlos mucho más burocráticos y habilitan al Consejo de Arqueología para servir como filtro absoluto para la regulación, la ejecución y los plazos de los proyectos.
El investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH Bolfy Cottom explica a este diario que el documento presenta “un carácter bastante punitivo para el ejercicio de la investigación arqueológica y tiende a burocratizar y establecer una política fiscalizadora del ejercicio de la investigación arqueológica”.
Cottom concede que durante la investigación, los bienes arqueológicos, sean muebles o inmuebles, deben estar sujetos a la supervisión de un órgano de pares académicos, dado que la experiencia histórica en el país demuestra que no necesariamente todos los proyectos arqueológicos han sido lo suficientemente responsables de la integridad de los bienes y hay casos reiterados de la alteración e incluso destrucción de evidencia arqueológica.
“Esto justifica que haya un órgano con carácter, digamos, de autoridad, que se encargue de evaluar los proyectos, emitir un dictamen, hacer recomendaciones y, en su caso, de actuar si es que hubiera algún daño o agresión a este tipo de bienes. Pero eso es distinto a que haya un órgano que definitivamente tiene el control absoluto y que no puede hacerse investigación arqueológica si no pasa por su aduana. Esto me parece una exageración porque en lugar de incentivar la investigación arqueológica lo que hace es inhibirla. Además, un consejo por definición asesora, opina, sugiere, no determina, no aprueba ni asume funciones ejecutivas como una autoridad”.
Por otro lado, indica, hay una Coordinación de Arqueología que forma parte de la estructura orgánica y es la encargada de tomar decisiones en el mismo sentido que el documento ahora confiere al consejo, por lo que observa una duplicidad de funciones.
“Mi experiencia me dice que eso no ayuda a fomentar la investigación. Justo por eso tiene que escucharse a los arqueólogos, a los especialistas. No importa que haya un proceso más tardado”, opina.
A través de una carta dirigida al director del instituto, Diego Prieto, y a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, el sindicato expresa que los lineamientos: “no presentan una mejora regulatoria de la materia de trabajo de arqueología; por el contrario, priorizan los aspectos burocráticos sobre los académicos, convierten al Consejo de Arqueología en un aparato autoritario de control que limita la libertad de investigación”.
El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma también opinó: “las recientes disposiciones en materia arqueológica no ayudan a una eficaz investigación sino que la obstaculizan y burocratizan en grado extremo”.
Algunos ejemplos de los cambios en los Lineamientos:
Artículo 2°. “Para realizar investigaciones arqueológicas en el territorio mexicano o en aguas nacionales (...) es indispensable la presentación de un proyecto de investigación que deberá ser aprobado por el Consejo de Arqueología”.
Artículo 20: “El Consejo de Arqueología podrá aprobar, de manera general, un proyecto por un lapso de 5 años como máximo, pero la autorización de cada temporada no excederá un año...”.
Artículo 22: “El proyecto arqueológico y las obligaciones del titular y codirectores se considerarán concluidos una vez que el Consejo de Arqueología haya aprobado el informe final del proyecto...”.
Artículo 25: “De requerirse cambios en las metodologías o herramientas propuestas en el proyecto original, el responsable deberá presentar la solicitud respectiva al Consejo de Arqueología...”.
Artículo 51: “Cualquier investigación en las modalidades establecidas en el artículo 4 y 5 de estos lineamientos, que no hubiese sido aprobado por el Consejo de Arqueología, será suspendida hasta que se regularice la situación académica del o los responsables, además de las sanciones jurídicas a que haya lugar”.
Anuncia Diego Prieto
Después de 82 años, hay Reglamento del INAH
Por primera vez en más de 82 años y después décadas de intentos, este lunes el Diario Oficial de la Federación hizo público el decreto que promulga el Reglamento del la Ley Orgánica del INAH, mismo que no existía pese a ser mencionado en reiteradas ocasiones en la Ley Orgánica, promulgada en 1939 y reformada en 1985.
El documento fue presentado más tarde por el antropólogo Diego Prieto, director general del instituto, acompañado por la secretaria técnica, Aída Castilleja; el investigador Bolfy Cottom y la coordinadora de Asuntos Jurídicos del instituto, María Villarreal.
“El instituto atiende un pendiente administrativo y jurídico añejo. La propia Auditoría Superior de la Federación nos había hecho ya varias observaciones en el sentido de que no puede ser que una ley orgánica de una institución como el INAH carezca de su reglamento”, declaró Prieto Hernández e indicó que no se había logrado dado que “a veces no es fácil poner de acuerdo a una comunidad tan compleja como la del INAH, no es fácil alinear tradiciones, deliberación colectiva y de trabajo colegiado con las estructuras jerárquicas”, agregó.
