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Alertan sobre tendencia en ataques vs activistas
Los estados con mayor incidencia en la violencia contra activistas son los ubicados en el Pacífico, como Oaxaca o Chiapas, según Etellekt.
Pese a que la tendencia en los asesinatos de activistas en el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido en niveles similares, en comparación con administraciones anteriores, preocupa que cada vez son más los casos en los que son asesinados activistas que se oponen a proyectos de infraestructura impulsados por el Estado mexicano, afirmó el director de la consultoría de riesgos Etellekt, Rubén Salazar.
“Han tenido (los asesinatos de activistas) una tendencia mas o menos similar, yo te podría decir que, en este arranque del año, en términos cuantitativos, podría haber bajado, pero en términos cualitativos nos preocupa lo que ocurrió en Morelos”, dijo Salazar.
El especialista refirió que de acuerdo con el análisis de Violencia Política que se encuentra por difundir la consultoría que encabeza a inicios del próximo marzo, los estados con mayor incidencia en la violencia contra los activistas en los últimos meses son los ubicados en el Pacífico, como Oaxaca o Chiapas en donde los activistas que recurrentemente buscan defender los derechos de las comunidades sobre la tierra son violentados por grupos de intereses ya sea políticos o incluso privados.
En este tenor, Salazar indicó que es una obligación del Estado ser el mediador entre los conflictos que se suscitan en las comunidades en donde se desarrollan las obras de infraestructura para buscar un equilibrio, además de que los delitos no queden en la impunidad ya que, dijo, ésa también es una forma de violencia del Estado hacia los ciudadanos.
El especialista en análisis de riesgos agregó que el que la población de una determinada comunidad se encuentre en contra de algún proyecto y se generen disturbios por la misma causa es un factor para que el sector privado también defina sus inversiones en las localidades del país.
Y es que, refirió, las empresas cuando desean invertir en México analizan no sólo el ámbito de inseguridad en el país sino también la conflictividad social.
Salazar enfatizó, en este sentido, que en la Secretaría de Gobernación debe recaer la responsabilidad de mediar con las comunidades; no obstante, en la actualidad la dependencia a cargo de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero parece no estar cercana a los conflictos de esta índole.
“A la Secretaría de Gobernación la vemos muy al margen de estas problemáticas (...) entonces vamos a resolver estos problemas desde un punto de vista policial, cuando los tendríamos que resolver desde un punto de negociación política”, expuso.