La tiranía de la crueldad II

Lejos de buscar unir a la ciudadanía en la celebración del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de su país, el presidente de Estados Unidos recicló su retórica extremista y divisiva. Como si las medidas racistas y misóginas de su gobierno no sembraran ya suficiente temor y malestar, el 3 de julio revivió el obsoleto fantasma del comunismo, como “una amenaza mortal para la libertad ’americana’”, que atribuyó  implícitamente a la ciudadanía crítica y, explícitamente a “recién llegados”, ajenos a los valores de la nación.  También llamó a los republicanos a aprobar el SAVE Act que, so pretexto de garantizar la identidad de los votantes, dificultaría o impediría la participación de quienes, por ejemplo, hayan cambiado su nombre en documentos oficiales, como las mujeres que hayan adoptado el apellido del marido. La politización de la fiesta nacional culminó el sábado 4 con  ataques contra los demócratas progresistas y, de nuevo, contra el comunismo: “un cáncer que debemos cortar de tajo”, frase reminiscente del discurso dictatorial en América Latina.

Los discursos incoherentes y los desaforados mensajes del presidente en su red social serían risibles si no impactaran la vida de millones de personas. Las libertades que Trump dice defender han sido minadas por él mismo: su perdón a los golpistas del 6 de enero de 2021, su obsesión con deportar a millones de personas, su desmantelamiento del servicio público, su afán por reescribir la historia interviniendo museos y bibliotecas, su  estigmatización de la protesta como “terrorismo doméstico” y su corrupción descomunal han minado la legalidad, debilitado al Estado, promovido la violencia y el odio supremacista , castigado la libertad de expresión y manifestación, y destruido ya la vida de cientos de miles de personas indocumentadas  y de ciudadanos/as que se han opuesto a sus políticas represivas o sólo han cumplido con su deber o han ejercido su derecho a informar. No es de extrañar que grupos neonazis se sientan empoderados  y se exhiban públicamente, como lo hizo el Patriot Front el sábado en Washington D.C., cobijado, ellos sí, por la libertad de expresión.

Si ya la tolerancia a los discursos y manifestaciones de odio en EE.UU es alarmante, el contraste con la represión gubernamental contra críticos o manifestantes que se oponen a la violencia antiinmigrante es otra clara señal de la deriva tiránica del gobierno. Quienes  se manifestaban afuera del campo de concentración de Prairieland en Texas, en 2025, en una protesta ruidosa pero pacífica antes de que interviniera la policía, estaban ejerciendo sus derechos constitucionales. Que el “crimen” de  uno de los condenados a décadas de cárcel fuera  llevar una caja de fanzines (que no promovían la violencia) es una afrenta  brutal  a la justicia. Aunque  los recursos de apelación pueden todavía favorecer a los detenidos, la advertencia  es contundente:   quienes protesten no sólo corren el riesgo de ser atacados y/o detenidos unas horas o días  – riesgo que muchos activistas conocen,   ahora pueden ser acusados/as de “terrorismo”, cargo que conlleva un largo proceso, con  gastos enormes para su defensa, y hasta perder años de su vida en la cárcel.

Los abusos del poder no son nuevos en Estados Unidos. Su historia está marcada por sangrientos episodios de represión contra movimientos sociales que, tras décadas de organización y protesta, lograron que los conceptos de libertad e igualdad se ampliaran a todas y todos sus habitantes y se fortalecieran. Aunque  persisten abismales desigualdades y el militarismo imperialista no ha cesado,  para muchas personas la promesa de un país multirracial y multicultural  igualitario no es mera ilusión. Ese ideal ha guiado a grupos marginados, a pensadoras y pensadores críticos, a organizaciones sociales progresistas, a ciudadanas solidarias, a tender puentes, a tejer lazos comunitarios para resistir a la violencia estatal, al racismo sistémico, a la injusticia. En ellos sigue viva la posibilidad de detener la tiranía del dinero y la crueldad.