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Sheinbaum se juega la confianza con EU
Fausto Pretelin Muñoz de Cote | Globali… ¿qué?
En septiembre de 2021 el gobierno del presidente Joe Biden sancionó a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por presuntos actos de corrupción. Le quitó la visa.
El presidente Alejandro Giammattei, aliado de Porras, criticó la decisión de Estados Unidos. "Es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que: primero, se acuse sin pruebas o sustentos", escribió en X.
Giammattei lamentó que Estados Unidos diera "valor a las declaraciones de quienes cuentan con intereses personales y procesos pendientes en Guatemala", en alusión al exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, despedido el 23 de julio de 2021 y exiliado desde entonces en Estados Unidos.
"Antes de hacer declaraciones o acusaciones irresponsables, insto a que se presenten a los tribunales de justicia de Guatemala a resolver sus propios problemas judiciales. Es fácil tirar piedras al techo ajeno cuando tienes uno de vidrio que no aguanta una sola pedrada", escribió el gobernante guatemalteco en su cuenta de X.
Porras tenía varios “muertitos en el armario”. La ONU acusó a Porras de presunta vinculación con al menos 80 niños indígenas sometidos a adopciones internacionales ilegales.
La reacción de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre las órdenes de extradición solicitadas por Estados Unidos del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros funcionarios, es similar a la que tuvo el presidente Giammattei: defenderse con la bandera.
Si el gobierno de la presidenta Sheinbaum no extradita a los 10 funcionarios vinculados con el narcotráfico, la confianza de Estados Unidos hacia su gobierno se romperá.
El gobierno de Trump ha puesto un dilema estratégico a la presidenta: cooperación total o desconfianza total.
Desde hace años Rocha Moya es una pieza quemada. Su presencia en la gubernatura es tan perversa como dañina, lo mismo para el estado de Sinaloa como para el gobierno de la presidenta, sin embargo, quien se juega la relación con el presidente Trump en los dos años y medio próximos, es la presidenta mexicana.
A partir del 29 de abril, el costo político que tendría que pagar Rocha Moya, le será transferido a la presidenta Sheinbaum si ella no lo extradita hacia Estados Unidos.
El lenguaje revela intenciones. AMLO decía que la mejor política exterior es la doméstica. En realidad, lo que quería decir era: “ningún ente extranjero y/o supranacional puede cuestionar decisiones de mi gobierno ni de políticos de Morena”.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y el Departamento de Justicia de EU han dado un par de golpes letales contra el gobierno de Sheinbaum solo en el mes de abril.
No se debe tolerar los vínculos del narcotráfico con gobernantes. Ni la soberanía ni la bandera son prioritarias sobre el Estado de derecho.