¿Réquiem por el BIT?

En 2020, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) reconoció al Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones como el banco de datos más completo e integral desarrollado por un regulador del sector. No era un reconocimiento menor. Reflejaba años de construcción de una herramienta que permitía consultar, descargar y analizar información estadística con un nivel de detalle poco común entre autoridades reguladoras. Con ello, el regulador mexicano en telecomunicaciones y radiodifusión se convirtió en un referente internacional en materia de datos abiertos para el sector.

Hoy el BIT sigue en línea, pero sus microdatos públicos permanecen detenidos en el cuarto trimestre de 2024. Históricamente existía un rezago natural de entre seis y nueve meses para procesar, validar y publicar la información; hoy ese rezago es ya de dos a tres veces mayor. Aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) continúa publicando reportes estadísticos, la capa de datos abiertos que distinguía al BIT permanece rezagada. La Comisión ha explicado que recibió procesos desordenados y sin automatización durante la transición institucional. Esa explicación ayuda a entender parte del retraso, pero aún no conocemos una ruta pública para restablecer plenamente la herramienta.

Los bancos públicos de información son una forma de infraestructura. No transportan personas ni mercancías; hacen posible producir conocimiento y, sobre todo, someter las decisiones regulatorias al escrutinio de terceros. Sobre ellos trabajan investigadores, periodistas, consultores, empresas, autoridades y tribunales. Todos parten de la misma información para responder preguntas distintas.

Los indicadores agregados son indispensables para conocer el estado general de un mercado. Los microdatos cumplen otra función: permiten que cualquier persona formule preguntas nuevas, verifique resultados oficiales, detecte fenómenos que los promedios ocultan y, en ocasiones, llegue a conclusiones distintas de las de la propia autoridad.

Pensemos en una pregunta elemental para un regulador y los participantes en un mercado: ¿cómo saber si un agente económico que alguna vez fue declarado dominante o preponderante sigue siéndolo? La respuesta difícilmente puede encontrarse en un promedio nacional. El poder de mercado se manifiesta en mercados específicos, territorios concretos y servicios determinados. Evaluar si la competencia aumentó, disminuyó o simplemente cambió requiere información suficientemente desagregada para observar lo que ocurre donde realmente compiten las empresas.

Esa posibilidad constituye uno de los pilares de una buena política pública. La evidencia no se fortalece cuando todos repiten el mismo diagnóstico. Se fortalece cuando muchos pueden analizar la misma información desde perspectivas distintas y, si es necesario, cuestionar las conclusiones de la propia autoridad.

En competencia y regulación económicas solemos insistir en que las decisiones deben descansar sobre evidencia y no sobre intuiciones. Pero esa evidencia no aparece por generación espontánea. Requiere instituciones que la recopilen, la validen y, sobre todo, la pongan a disposición de la sociedad.

La reflexión cobra aún más importancia cuando México comienza a discutir la regulación de plataformas digitales y otros mercados intensivos en datos. ¿Cómo evaluar si una plataforma tiene poder de mercado o medir el efecto de una intervención regulatoria? Ninguna de esas preguntas puede responderse únicamente con promedios. Mientras más complejos son los mercados, mayor es la necesidad de información abierta, granular y verificable.

Por eso el valor del BIT nunca estuvo en su plataforma informática. Estuvo en hacer posible que un investigador analizara la evolución de un mercado, que un periodista contrastara un discurso oficial, que una empresa entendiera mejor a sus competidores o que un juzgado contara con elementos objetivos para valorar una controversia. Su mayor aportación fue ampliar la capacidad de escrutinio sobre un sector estratégico.

La transparencia regulatoria no consiste únicamente en publicar conclusiones. Consiste en hacer posible el escrutinio independiente de las decisiones públicas, poniendo a disposición de la sociedad la evidencia necesaria para que esas conclusiones puedan confirmarse, matizarse o incluso refutarse.

Por eso el título de esta columna invoca una pregunta. El BIT no ha desaparecido. Sigue existiendo y parte de la información estadística continúa publicándose por otras vías. Pero un banco de información no conserva su valor por el simple hecho de mantener un sitio web. Lo conserva cuando sigue ofreciendo datos abiertos, oportunos y suficientemente detallados para que la sociedad pueda comprender, evaluar y, cuando sea necesario, cuestionar el funcionamiento de los mercados.

Ojalá que, en un futuro cercano, la respuesta a la pregunta que da título a esta columna sea negativa. Ello significará que el BIT habrá recuperado aquello que le dio valor: hacer posible el escrutinio independiente mediante información abierta, oportuna y suficientemente granular. Los desafíos regulatorios del futuro exigirán instituciones cada vez más abiertas al escrutinio público. Porque donde la evidencia escasea, las opiniones terminan ocupando su lugar.

*Profesor universitario (UNAM) y economista (UNAM y CIDE). Especialista en análisis económico aplicado a litigios, competencia y regulación.