¿Quién puede poner orden en el Hospital Infantil, HIMFG?

La grave crisis que desde hace años afecta al Hospital Infantil de México Federico Gómez —uno de los dos grandes bastiones nacionales de atención pediátrica de alta especialidad junto con el Instituto Nacional de Pediatría— no puede resolverse con parches ni con omisiones ni con silencios.

La pregunta es directa: ¿a quién corresponde imponer orden de una vez por todas cuando los niños más vulnerables del país siguen padeciendo desabasto de insumos, parálisis quirúrgica y un conflicto interno que erosiona la calidad de la atención? La respuesta es ineludible: al secretario de Salud, David Kershenobich. Y el titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (CCINSHAE), Carlos Arturo Hinojosa Becerril, tampoco puede seguir manteniéndose omiso. Tampoco puede seguirse delegando en juntas de gobierno que, hasta ahora, han demostrado incapacidad o falta de voluntad para frenar un poder sindical que ha evidenciado enorme capacidad de desestabilización dentro del hospital. Se requiere un golpe de mesa claro y firme.

Este mes de julio coinciden dos procesos de cambio de dirección general en las dos instituciones más importantes del país en pediatría de tercer nivel. El Instituto Nacional de Pediatría lleva ya dos semanas de ventaja en su proceso. En el HIMFG, la Junta de Gobierno retrasó la elección tras la muerte del director general Dr. Adrián Chávez López, ocurrida el 28 de mayo. La convocatoria finalmente salió y la recepción de proyectos comienza el 17 de julio, con la etapa de auscultación programada para el 13 y 14 de agosto. El retraso dio la impresión de que se buscaba “enfriar” el ambiente, como si no existiera urgencia por resolver la situación de los pequeños pacientes que ahí se atienden.

Mientras tanto, la institución está sin cabeza; opera con la encargada Miriam Guadalupe Herrera Segura, una directora interina que no es pediatra y que, según testimonios internos, enfrenta serias dificultades para conducir los procesos clínicos y administrativos. La crisis del HIMFG es estructural y de larga data. Viene desde los medicamentos caducos en la anterior administración, el desabasto persistente de insumos básicos y especializados, suspensión de cirugías de alta complejidad —incluyendo cardíacas por falta de oxigenadores—, baja productividad quirúrgica y un enfrentamiento abierto entre grupos de profesionales de la salud. Ni siquiera la muerte del director general detuvo el conflicto.

El paro de residentes, que había escalado con acusaciones de acoso laboral y sexual contra Chávez y el director médico Víctor Olivar López, se levantó pocos días después del fallecimiento. Diversas fuentes coinciden en que las acusaciones contra el Dr. Chávez carecían de sustento sólido. La residente que lo denunció nunca se presentó ante el Comité de Ética del hospital —fue citada en dos ocasiones y no acudió. La familia del exdirector ha manifestado su voluntad de que el proceso continúe hasta sus últimas consecuencias para limpiar su imagen póstuma. Chávez murió de un infarto masivo, según consta en el expediente médico y en testimonios cercanos. Días antes había expresado a personas de confianza que no renunciaría porque eso equivaldría a aceptar culpa sin tenerla. Hay quienes señalan que detrás de la campaña de desprestigio —incluyendo la distorsión de mensajes y la amplificación mediática— operó una estrategia de manipulación detonada por el liderazgo sindical, encabezado por Cuauhtémoc Óscar Ruiz Osorno -Secretario General de la Sección 84 del SNTSA-, quien lleva muchos años en el hospital y ha consolidado poder al colocar a familiares en posiciones estratégicas. El sindicato ha demostrado capacidad para movilizar, bloquear y presionar, incluso en momentos de transición delicada. 

Entre los aspirantes a la dirección general del HIMFG destacan tres nombres que ya circulan con fuerza. La Dra. Mara Medeiros, actual directora de Investigación del HIMFG, es vista como una opción con perfil académico sólido y menor carga de conflictos previos. La Dra. Mónica Villaguillén, neonatóloga que ocupó cargos directivos en las gestiones anteriores, aparece como la candidata más cercana al equipo del Dr. Jaime Nieto —quien, según la relatoría oficial, dejó un detrimento patrimonial superior a 120 millones de pesos por pagos extra indebidos, medicamentos caducados acumulados y omitidos en el acta de entrega-recepción—. El tercer nombre es el del Dr. Salvador Villalpando, gastroenterólogo del propio hospital, vinculado también a administraciones previas.

El problema de fondo trasciende nombres. Es el desequilibrio de poder entre una administración que intenta —o intentó— poner controles y un sindicato que ha convertido el hospital en territorio de influencia propia. ¿Quién puede detener la fuerza inocultable de los sindicatos en el sector salud mexicano? Si no es el secretario Kershenobich ¿quién?

La experiencia de los últimos meses demuestra que sin una intervención decidida desde la Secretaría de Salud —que incluya revisión exhaustiva de los procesos de designación, garantías de transparencia en la Junta de Gobierno y una política clara de cero tolerancia a prácticas que afectan la atención de los niños—, la crisis del HIMFG no se resolverá. Los pacientes pediátricos más complejos del país no pueden seguir esperando mientras se enfrían conflictos o se eligen directores bajo la sombra de viejos pactos. La oportunidad de un cambio real existe. Depende de que el secretario de Salud decida, por fin, ejercer su autoridad.