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Prohibir redes sociales a menores no es la solución
Jorge Bravo | En comunicación
Australia abrió un nuevo capítulo en la regulación digital al imponer, desde el 10 de diciembre de 2025, una prohibición del uso de las grandes redes sociales para menores de 16 años.
La ley obliga a plataformas como TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, X, Facebook, Reddit, Twitch, Kick o Threads a desactivar cuentas que no cumplan la edad mínima o enfrentar sanciones millonarias. El objetivo es reducir la exposición a contenidos nocivos, acoso sexual y efectos adversos sobre la salud mental en etapas tampranas y sensibles del desarrollo. La restricción la impone una autoridad que se dedica a muchas cosas: el Departamento de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional, Comunicaciones, Deportes y Artes de Australia.
La ley impone obligaciones de comprobación de edad, reportes mensuales ante el regulador (eSafety Commissioner) y multas alcanzan 50 millones de dólares australianos para plataformas que no demuestren haber tomado pasos razonables hacia el cumplimiento. Las excepciones incluyen servicios con fines educativos, profesionales o de apoyo sanitario, los cuales quedaron fuera de la definición de plataforma “restringida”.
¿Por qué Australia dio este paso radical? La narrativa pública se apoya en evidencia científica que vincula el uso intenso de redes sociales con mayor prevalencia de angustia psicológica, autolesiones y depresión entre adolescentes. Las encuestas mostraron un amplio apoyo ciudadano hacia medidas más estrictas en el uso de redes sociales por menores. Estas evidencias científicas no son banales, pero no bastan para justificar una prohibición absoluta sin analizar efectos colaterales.
Las grandes plataformas han respondido con cumplimiento de la ley y críticas. Meta y Google anunciaron medidas para desconectar cuentas de usuarios menores de 16 años y ofrecer vías de apelación o verificación documental en casos de errores. Snap y TikTok emitieron comunicados donde reconocen la necesidad de proteger a los jóvenes, pero advierten sobre la eficacia y la seguridad de los métodos de verificación y el riesgo de empujar a los chicos hacia espacios opacos de la red. Las plataformas plantearon que la norma fue apresurada y que la tecnología de “age assurance” o “seguro de edad” presenta tasas de error significativas.
Las críticas técnicas y éticas también merecen atención. Ensayos piloto encargados por el gobierno australiano evidenciaron fallas en las herramientas de verificación, tanto en precisión como en respeto a la privacidad. La exigencia de verificar la edad sin crear bases de datos biométricas masivas es un rompecabezas técnico. Además, imponer controles invasivos puede normalizar la recolección de documentos e imágenes de rostros, lo cual abre otros riesgos, filtraciones y uso comercial no deseado. Finalmente, existe un peligro real de desvío hacia aplicaciones y foros menos regulados donde la protección es nula.
Desde la óptica de la política pública, la prohibición es una medida punitiva donde la prevención educativa y el fortalecimiento del entorno familiar y escolar son caminos más beneficiosos. Existen intervenciones con mejores resultados potenciales como alfabetización digital en edad temprana, herramientas de control parental transparentes y auditables, regulación dirigida a algoritmos de recomendación (donde radica buena parte del problema) y servicios de salud mental accesibles para los jóvenes. Prohibir no elimina el atractivo social de las plataformas ni los incentivos para la creación de cuentas falsas o el uso de VPNs para evadir la restricción de edad.
El efecto de arrastre ya es global. La Asamblea Nacional de Francia acaba de aprobar una iniciativa para prohibir redes sociales a menores de 15 años y pasaría al Senado para ratificarla. En un mensaje en X, el presidente Emmanuel Macrón mencionó lo que está en el fondo de esta regulación, la geopolítica digital: “el cerebro de nuestros hijos no está a la venta. Ni en plataformas estadounidenses ni en cadenas chinas”. El Reino Unido está en consultas públicas sobre un mínimo de 16 años para acceso sin controles parentales.
Estas experiencias ilustran intentos regulatorios hacia restricciones de acceso por edad en algunas democracias. Sin embargo, Europa enfrenta simultáneamente críticas por un enfoque regulador que erosiona la competitividad y la innovación. La discusión no debe polarizarse entre protección e innovación, sino cómo equilibrar ambos objetivos.
En América Latina la mirada dominante sigue siendo conectar, habilitar derechos fundamentales y promover innovación para el crecimiento económico. La prioridad es cerrar brechas de acceso y elevar la calidad de la experiencia digital antes que restringirla. Un enfoque coherente incluye conectividad, alfabetización digital y políticas de protección infantil que no sacrifiquen la inclusión y el acceso a múltiples recursos en la red.
El debate no es si debemos proteger a los niños y adolescentes de los riesgos que existen en Internet. La interrogante es cómo hacerlo sin crear nuevos daños institucionales, sin empujar a los jóvenes hacia peligros mayores y sin erosionar la privacidad y la libertad.
Los jóvenes vieron en lo digital un refugio ante la percepción de inseguridad y temores que provoca el mundo físico, con violencia, crimen, drogas y más vicios. Los adultos hemos descuidado los espacios de auténtica socialización y los hemos dejado a merced de maleantes y la inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, nos sentimos inseguros en el cajero automático, en la calle, el transporte público, las carreteras, los bancos, los mercados, los parques, en los automóviles y en los centros comerciales.
¿Cómo no quieren que los jóvenes no se sumerjan en el smartphone y las redes sociales si el mundo es percibido como un espacio amenazante? Según la encuesta, la escuela es el espacio donde la población percibe más seguridad, ahí está la oportunidad: en la educación.
Australia ha puesto la prohibición de las redes sociales a menores en el centro del debate global. Quien diseñe políticas a partir de ahora tendrá que demostrar no sólo buenas intenciones, sino evidencia de eficacia, proporcionalidad y preservación de derechos. Prohibir es políticamente rentable en el corto plazo, pero no es la política pública más inteligente ni la más sostenible. Es una puerta falsa y siempre la más sencilla cuando lo que hay que hacer implica más esfuerzo y recursos.
Twitter: @beltmondi