Medio ambiente, desprecio y olvido

Un rasgo distintivo de la 4T es el abandono, regresión y desprecio por los temas, procesos y políticas ambientales y de sustentabilidad, lo que se ha transmitido y contagiado tanto a la opinión pública como a las empresas. La Semarnat y sus organismos desconcentrados o descentralizados han sido notablemente debilitados en materia presupuestal y política, y se les ha fragilizado técnica y operativamente. La Presidencia de la República no se involucra e incluso desprecia el tema. La 4T ha emprendido sin escrúpulos programas masivos de subsidios clientelares de efectos ecológicos devastadores (como “Sembrando Vida”) y proyectos militarizados de un brutal impacto ambiental. Todo ello inocula en la sociedad sentimientos de impotencia e indiferencia. Los partidos políticos en la oposición lo ignoran olímpicamente. Sin presión regulatoria ni liderazgo desde el gobierno, numerosas empresas han seguido cómodamente el mismo camino. El tema de sustentabilidad ambiental ha sido desplazado por membretes Woke de “Diversidad, Equidad e Inclusión” (frecuentemente ridículos). O lo han diluido y borrado en políticas generales de Responsabilidad Social y Gobernanza Corporativa (ASG), o bien dentro del ámbito genérico del “Cumplimiento” (compliance), y de las relaciones gubernamentales. También, es posible que el tema les genere a las empresas rendimientos decrecientes en cuestiones reputacionales o de prestigio, y de reducción de riesgos, una vez que han logrado resolver sus problemas ambientales más acuciantes y ostensibles. Tampoco ayuda el relajamiento sustancial de la inspección y vigilancia y normatividad por parte de Profepa y Semarnat. La regresión y desprecio ambiental pueden verse como un reflejo de lo que ocurre a escala multilateral, por ejemplo, con la agenda de cambio climático, hoy alienada por consideraciones ideológicas que debieran serle ajenas, cosa que ha facilitado embates de deslegitimación y de escepticismo tanto en Estados Unidos como en Europa. Fundaciones internacionales han apretado el grifo de financiamiento a ONG ambientales, y el propio Banco Mundial ha cancelado objetivos climáticos en sus programas. Muchas ONG ambientalistas son afines a la 4T, respaldan mayoritariamente al régimen y lo asesoran “desde dentro”, en una estrategia inútil pero que les garantiza supervivencia. Antiguos activistas o críticos se han incorporado a la administración pública, o se concentran en ser consultores o contratistas gubernamentales. Otros han capitulado, o callan por prudencia y temor, o se les ha secado el fondeo internacional (tal vez también las ideas). Muy pocos ambientalistas militan con firmeza contra la barbarie ecológica del régimen. Se han erosionado los contrapesos políticos y sociales, y la iniciativa de la sociedad civil como catalizadora de la política ambiental.

Es imposible justificar este nuevo orden. La sustentabilidad ambiental en el siglo XXI es dimensión esencial del desarrollo económico, fundamento de competitividad, y contexto ineludible de calidad de vida de la población, además de ámbito privilegiado de proyección de poder suave y política exterior. Son reprobables la regresión y el abandono de las políticas ambientales y de sustentabilidad, si observamos que en el mundo actual éstas se refuerzan mutuamente y se encuentran inextricablemente asociadas a la política industrial, fiscal, energética, de desarrollo urbano, transporte, infraestructura, gestión y ordenamiento del territorio terrestre y marino, desarrollo agropecuario, y turismo. Así, una política industrial de electrificación del parque vehicular se impone por razones estrictamente económicas y avance tecnológico, pero también climáticas y de calidad del aire. Recuperar una ambiciosa política de transición energética no sólo es una cuestión de emisiones de CO2, sino también de Nearshoring, de soberanía energética, de costos y tarifas eléctricas, y desde luego, de progreso tecnológico. La soberanía energética exige que la industria del petróleo y gas deje de quemar, ventear y despilfarrar gas natural (Metano) en la atmósfera, que es un potente gas de efecto invernadero. La competitividad y calidad de vida en las ciudades depende de regulaciones urbanas inteligentes, de su eficiencia territorial, de infraestructura hidráulica y energética, de accesibilidad y centralidad de la vivienda, de su densidad, espacios públicos de calidad, transporte colectivo, servicios urbanos (parques, jardines, rellenos sanitarios, aseo urbano, centrales termoeléctricas de basura) y economía circular. La biodiversidad y bosques y selvas dependen de políticas agropecuarias y forestales que inhiban su destrucción por cambios de uso del suelo, y una agricultura competitiva y sostenible exige los servicios ambientales que ofrecen los ecosistemas, así como disponibilidad suficiente de agua en cuencas hidrográficas sostenibles. La pesca y los ecosistemas marinos dependen de Áreas Marinas Protegidas, y de regulaciones estrictas de artes de pesca que impidan la depredación de los mares. La adaptación al cambio climático implica planeación y construcción de grandes proyectos de infraestructura hidráulica, y de protección y restauración costeras. El éxito del turismo radica en la conservación del paisaje y ecosistemas terrestres y marinos, de parques nacionales y reservas de la biósfera que permitan la diversificación de destinos, y desarrollo de nuevos productos turísticos centrados en la naturaleza. La política fiscal federal y local es instrumento privilegiado en casi todo ello. Pagaremos muy caro vivir hoy en la indiferencia, la regresión, el olvido y el desprecio ambiental.