Cuando haya Justicia

La manifestación de madres buscadoras el miércoles por la noche y el jueves, día de la inauguración del Mundial, debería ser para el gobierno un contundente recordatorio de las obligaciones del Estado, de su deber de proteger la vida y la seguridad de toda la población que vive o transita en el país y, conforme al artículo 1ero. constitucional, garantizar el respeto a los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y tránsito. Lejos de escuchar a las familias que reiteradas veces le han pedido que las reciba, la presidenta, como su antecesor, ha hecho oídos sordos y, peor, ha denostado a quienes protestaron por la falta de justicia como adversarios que “no quieren que le vaya bien a México”. Más allá de su insensibilidad, y del desprecio con que añadió que “algunos ni demandas tienen”, la presidenta y su gobierno demuestran una total falta de ética y de sentido de realidad. ¿Cómo pueden pretender que a México “le va bien” con la grave crisis de derechos humanos que representan al menos 133, 000 personas desaparecidas?

La desaparición es una tragedia personal y familiar; es un drama nacional. No podemos ser ajenas a la atrocidad que implica desaparecer a niñas, niños, mujeres y hombres para fines de explotación sexual o laboral, a modo de venganza contra periodistas, políticos o personas “incómodas” para algún funcionario, capo o agente estatal. Un país donde se esclaviza a hombres que sólo buscaban trabajo y donde las autoridades ignoran durante años las denuncias de tal crimen, como sucedió y probablemente sigue sucediendo en Chihuahua, es un país sin justicia (Esclavos en la Sierra Tarahumara.). Cuando la ley es letra muerta, el Estado, no sólo los responsables directos, es culpable de complicidad por su negligencia y omisión, si no por colusión directa

Un país donde se ignoran las denuncias contra funcionarios corruptos y se protege a acusados de complicidad con criminales que no sólo trasiegan drogas sino que han convertido la vida humana en mercancía, en siniestra fuente de ingresos, mediante la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes y la trata, es un país sin Estado de derecho, un territorio sin soberanía (palabra desgastada), una geografía agujereada de fosas, de ausencias. Ausencia sobre todo de seres queridos, de uno o varios hijos, ausencia de madres asesinadas por buscar a sus hijos e hijas; ausencia también de fiscalías eficaces, de un poder judicial profesional y confiable, ausencia de políticos/as con visión de Estado.

Las madres y familiares que se manifestaron la semana pasada no son responsables de la “mala imagen” de México que el gobierno pretende ocultar con pintura y discursos patrioteros. Ellas representan la dignidad de una sociedad que se niega a caer en el oprobio. Rechazan el dominio del mal, se aferran a la esperanza de encontrar a sus familiares arrancados, los buscan vivos aunque muchas veces los encuentren asesinados, tirados sin respeto en una fosa clandestina. Ellas y ellos hacen el trabajo que le corresponde al Estado, que este no sólo omite, entorpece con el recorte de presupuesto, con la simulación de una comisión de búsqueda y de fiscalías que no buscan ni investigan.

En vez de intentar manchar a las redes de familiares de personas desaparecidas como sospechosas de recibir recursos de origen opaco (mientras niegan a priori la corrupción de correligionarios del poder), la presidenta, la secretaria de gobernación, la fiscal general, el aparato estatal todo, deberían esforzarse por esclarecer con transparencia y castigar con justicia las desapariciones de Ayotzinapa, las atrocidades del rancho Izaguirre y las redes y estructuras de poder que las facilitaron, la red de esclavización en la sierra tarahumara, y todos los casos de desaparición que mutilan a tantas familias y angustian a la sociedad. Deberían sobre todo prevenir esos crímenes.

Le irá “bien a México” cuando, solidarias/os con las madres, exijamos justicia… “hasta que la Justicia se siente entre nosotros”.