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Opinión

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Entre el dilema de la soberanía y la seguridad

Las relaciones México-Estados Unidos atraviesan tensión por la nueva agenda de seguridad estadounidense, que exige combatir el crimen como terrorismo y la corrupción institucional, evidenciando fragilidad bilateral y una posible reconfiguración histórica con presión directa sobre México.

Marisol Ochoa | Columna invitada

Las relaciones entre México y Estados Unidos en las últimas semanas nos envían mensajes de tensión y presión. Esto, más allá de los twits y la fotografía, deja ver un fondo más complejo, donde pareciera ser que no habrá marcha atrás por parte de la agenda americana. Tres puntos son claves: el tratar a las organizaciones criminales como grupos terroristas, el considerar al fentanilo como arma de destrucción masiva y el desmantelamiento de redes de contubernio que faciliten, protejan o fortalezcan las actividades criminales. Así, las reglas de la agenda en materia de colaboración y cooperación entre ambos países han reflejado lo inestables y frágiles que son, a pesar de los discursos en ambos lados de la frontera, que tratan de justificar las relaciones históricas de cooperación y colaboración.

Esto lo podemos constatar en el caso sinaloense que tanto ha desgastado la relación y posicionamiento por parte del gobierno mexicano y el estadunidense. No solo por reconocer a medias que se va a investigar si existen pruebas sobre vínculos del mundo político con el criminal -hay que recordar que se accedió a congelar cuentas bancarias de algunos agentes señalados por Estados Unidos, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera en México-, o dar a conocer que hasta el momento que no existen indicios de posibles redes de contubernio conocidas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana -una postura poco estratégica y fuera de lugar-. La cosa aquí es más grave. Por años hemos sido testigos de la expansión no solo de una violencia desmedida y una cooptación de espacios a partir de lógicas criminales. También hemos podido ver, como las lógicas criminales expanden sus capacidades para desarrollar negocios que requieren de la intervención de las instituciones en los tres niveles de gobierno, de acuerdo a los objetivos de la lógica económica ilegal.

Esto es una realidad. Si las lógicas criminales se pueden desarrollar es porque existe una facilitación mediada por éstas, sea por cooptación, gestión y/o corrupción-. La fortaleza o vulnerabilidad de una organización delictiva depende mucho de estas mediaciones. No podemos negarlo. De la misma forma, la cascada de violencia no es un efecto secundario. La lógica predatoria criminal crece al amparo de redes de colaboración, de capacidad de control logístico y de una capacidad brutal de reclutamiento de mano de obra. Así, esta logística se desarrolla al amparo de varias vías, donde la impunidad, corrupción y la opacidad, son indispensables para que las redes puedan cumplir con sus objetivos. El centrarnos solo en la defensa de la soberanía y el exigir pruebas sobre acusaciones, es una postura que si bien pareciera ser correcta en el discurso, a su vez, nos posiciona en un sitio de resistencia y confusión que evidencian nuestra contradicción.

Después de años, podemos estar ciertos de que el crecimiento de operaciones criminales en espacios estratégicos del territorio existe, que han crecido al amparo en muchos casos de la cooptación y/o apoyo de redes de contubernio institucional, del campo político y de seguridad y que, para mantener una logística económica y criminal continua, requieren de espacios de control a partir del uso de la violencia desde lo local. Pareciera ser que la agenda bilateral de colaboración y cooperación ha dado un giro, donde las necesidades en materia de seguridad son claras por parte de Estados Unidos, trastocando las formas históricas de hacer presión. Hoy el mensaje suena más fuerte y claro: “Si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros”. Así estamos frente a un momento histórico que abre la puerta a una gran oportunidad, más allá de agendas y cooperación internacional. Hoy, la Presidencia enfrenta una oportunidad que trasciende una simple transición o proyecto político. Romper con los pactos de impunidad y corrupción que durante décadas han condicionado la vida pública del país no sería solo un gesto de gobierno: sería un hecho histórico. Significaría demostrar que el poder puede dejar de protegerse a sí mismo y empezar, por fin, a responder ante la ciudadanía…¿se aprovechará la oportunidad?

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