El costo económico de la ruta autoritaria

Un país democrático da espacio para que ofertas políticas, no muy honestas, puedan engatusar a los electores y lleguen al poder, desde donde se encargan de decepcionar a quienes convencieron con falsas promesas. Pero en esas democracias existen los mecanismos para que los propios ciudadanos corrijan sus errores de apreciación política y den, a través del voto, la oportunidad a otros grupos de gobernar.

Pero, cuando una facción es, además de ineficiente, autoritaria harán todo lo posible para no soltar el poder a través del desmantelamiento de las instituciones del Estado, incluidas las estructuras que garantizan la democracia. Eso es la autollamada Cuarta Transformación y ya no hay duda de ello.

Las evidencias del fracaso económico de este régimen son contundentes, incluso ante su propia clientela política. La realidad ya no se puede esconder ni con la avalancha de propaganda mañanera; estamos en un periodo de bajo crecimiento económico y un deterioro sistemático del mercado laboral, donde la mala calidad del empleo y la informalidad imperan ante la falta de certidumbre para la inversión.

En lugar de reforzar la red de protección social que existía el gobierno pauperizó las instituciones sociales y de salud para sustituirlas por dádivas clientelares que aseguran dos cosas: votos y pobreza.

A esto se suma el despilfarro del gasto público en infraestructura inútil que hoy cuesta subsidios fiscales permanentes. Es un desastre que se vio venir desde la primera decisión catastrófica del régimen: cancelar el Aeropuerto Internacional de Texcoco.

Para sostener este fracaso económico cada vez más evidente, el régimen ha construido un blindaje político de forma autoritaria, con una estrategia clara: destruir las instituciones autónomas para apropiarse de todo el poder.

La colonización del Poder Legislativo fue el primer paso para consolidar desde ahí una simple oficialía de partes para aprobar leyes sin cambiarle una sola coma a los planes del Ejecutivo. Con toda clase de trampas legales se consolidó la destrucción del Poder Judicial y de cualquier otro contrapeso constitucional a los caprichos presidenciales.

El siguiente retroceso está en marcha con el objetivo de limitar esa posibilidad de que los ciudadanos puedan rectificar una mala decisión tomada en las urnas. Ahora mismo, y en contra de los propios dichos de la presidenta Sheinbaum sobre el “no a la reelección”, Morena y sus aliados buscan perpetuar a los sumisos y obedientes magistrados electorales que le respaldan todo al régimen.

Un árbitro a modo necesita pretextos legales; y en el Congreso, a la par que se negocia el premio de la reelección, se busca dotar a los ejecutores de esa ganzúa que abra la puerta para la perpetuidad en el poder.

La trampa dogmática de la injerencia extranjera busca ser el pretexto para anular un triunfo electoral a través de sus magistrados a modo. Sin una sola sanción para lo que sí sucede: la injerencia del crimen organizado en lo electoral.

El diagnóstico es crudo pero innegable: estamos ante un régimen ineficiente en el terreno económico, que sabe que sus resultados no le darían margen para sostenerse en el poder, y que por ello han decidido dinamitar las reglas democráticas para evitar que los ciudadanos puedan corregir en las urnas, el rumbo del país.

Para sostener el fracaso económico cada vez más evidente, el régimen ha construido un blindaje político de forma autoritaria, con una estrategia clara: destruir las instituciones autónomas para apropiarse de todo el poder.