Ciberacoso: conectados y vulnerables

En una década el paisaje digital mexicano ha cambiado de manera notable. Más personas acceden a Internet, más dispositivos conectan vidas cotidianas y el consumo de contenidos digitales se volvió masivo y constante. Pero el crecimiento de la conectividad trajo consigo la violencia en línea. La trayectoria del Módulo sobre Ciberacoso del INEGI permite comprender la evolución del problema, dónde hay avances y cuáles deben ser las preguntas prioritarias para las políticas públicas.

En la primera edición de 2015, el MOCIBA registró que 24.5% de la población de 12 años o más usuaria de Internet o teléfono móvil había vivido ciberacoso. En 2024, la encuesta más reciente reportó 21% de la población usuaria de Internet que sufrió ciberacoso. A simple vista podría interpretarse como una reducción, pero los instrumentos difieren.

El MOCIBA de 2015 se aplicó como módulo experimental con 10 preguntas dentro de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). El MOCIBA de 2024 amplió el cuestionario a 15 preguntas, ajustó la población de referencia a quienes usaron Internet en los tres meses previos y afinó la medición a eventos en los últimos 12 meses. Esa evolución metodológica mejora la precisión, pero complica la comparación directa (los periodos de referencia y criterios de inclusión no son idénticos).

Más allá de porcentajes, sí emergen tendencias claras en nueve años de aplicación de la encuesta. Primero, la conectividad aumentó. En 2024, 83.7% de la población de 12 años y más reportó uso de Internet, cifra que confirma la masificación del acceso y su presencia transversal en edades y regiones. Con más usuarios y más tiempo en plataformas, los actores hostiles encuentran más víctimas potenciales y más nichos para la agresión en línea.

Las mujeres aparecen de manera desproporcionada entre las víctimas en grupos clave por edad. En 2024 la población femenina de 20 a 29 años registró tasas de victimización muy altas (31.1% vs. 21.1% en hombres). El patrón edad, género y uso intensivo de redes sociales confluye y explica por qué ciertos grupos son objetivo preferente. Lo anterior es consistente con hallazgos internacionales sobre violencia dirigida a mujeres en el espacio público digital.

La naturaleza del daño se volvió más compleja. Los incidentes de ciberseguridad (hackeo, malware, ransomware) y el ciberacoso conviven. En 2024, 6.1% de los usuarios reportó algún ciberdelito en los últimos 12 meses y 3.8% sufrió algún hackeo de redes sociales. Las cifras muestran un entrelazamiento entre amenazas técnicas y agresiones sociales en línea.

Para ubicar la experiencia mexicana en un marco global, el informe de UN Women sobre la escalada de la violencia online contra mujeres en la esfera pública aporta cifras alarmantes. El estudio "Tipping point: The chilling escalation of online violence against women in the public sphere" detectó que 70% de las mujeres activistas, defensoras de derechos y periodistas han experimentado violencia en línea en el ejercicio de su labor.

Además, 41% vinculó esa agresión con ataques físicos y 24% identificó incidentes asistidos por Inteligencia Artificial. Es decir, la violencia en línea se traduce en daño fuera de la pantalla y la tecnología potencia la producción de contenido abusivo. Estas tendencias globales reafirman la necesidad de mediciones locales más sofisticadas.

Mirando hacia adelante, pueden incorporarse varios ejes para futuras encuestas MOCIBA. Por ejemplo, incorporar preguntas explícitas sobre uso de herramientas de IA en los ataques, incluida la percepción de deepfakes y manipulación de imágenes.

Medir la trayectoria del evento donde la encuesta indague si el incidente digital tuvo correlato offline mediante amenazas, persecución, insultos, acoso en la vía pública o agresiones físicas.

Ampliar las variables de identidad y contexto para comprender intersecciones entre edad, raza, orientación sexual, origen étnico y condición laboral.

Preguntar por implicaciones en salud mental y dificultades para denunciar, incluida la experiencia de atención por parte de proveedores de servicios de salud y autoridades judiciales o administrativas.

Registrar la plataforma y el formato donde ocurrió el ciberacoso (mensajería privada, redes sociales, foros de Internet, otro tipo de plataformas digitales como las de movilidad). Estas modificaciones mejorarían la capacidad de diseño de políticas públicas focalizadas.

Hace unos días la Organización de los Estados Americanos presentó una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres Basada en Género, la cual orienta a los países para que actualicen sus leyes y enfrenten de mejor manera la violencia digital de género.

En materia de políticas públicas la educación digital desde la escuela primaria hasta la capacitación para personas mayores es indispensable, con apoyo psicosocial y asesorías. Las fiscalías y ministerios públicos requieren protocolos especializados y actualizados para ciberdelitos que articulen acción policial y protección a víctimas.

También hay que buscar en todo momento la colaboración de las plataformas de Internet para prevenir el ciberacoso, así como un uso cada vez más responsable de la IA como prácticas de etiquetado cuando se trate de contenidos generados por IA y deepfakes.

Es evidente que la expansión digital nos deja vulnerables ante la violencia en línea. Si queremos prevenir el daño en el ciberespacio y sus consecuencias fuera de él, necesitamos estadísticas más finas, políticas públicas multidimensionales y la cooperación entre gobierno, academia, sociedad civil y empresas tecnológicas.

X: @beltmondi