Cuando el banco central deja de ser central

Durante años, el Banco de México fue una de las pocas certezas dentro de un país lleno de incertidumbres. Desde su autonomía en 1994, se consolidó como una institución técnica, respetada, predecible y, sobre todo, creíble. Un banco central que entendía que su trabajo no era agradar al gobierno ni acompañar el momento político, sino proteger el poder adquisitivo de la moneda.

Por eso, la decisión reciente de recortar la tasa de interés no solo sorprendió: preocupó.

Y preocupó por dos razones. La primera, porque llegó en un momento en el que el mercado, en términos generales, anticipaba prudencia, no relajamiento. Con presiones inflacionarias aún presentes, con tensiones geopolíticas que pueden volver a encarecer energéticos, con riesgos cambiarios latentes y con un entorno internacional todavía inestable, lo lógico era mantener la tasa en el mismo nivel. No bajarla.

La segunda razón es más delicada: la decisión volvió a poner sobre la mesa una duda que hace unos años parecía impensable. ¿Está actuando Banxico como banco central autónomo… o como banco central funcional al gobierno?

Aquí es donde la discusión deja de ser solo monetaria y se vuelve institucional.

Un banco central no solo fija tasas. Fija expectativas. Y la credibilidad de esas expectativas depende de que el mercado entienda que sus decisiones responden a un mandato técnico, no a necesidades fiscales del Ejecutivo. Cuando el banco central se desvía de lo que el mercado esperaba, puede hacerlo, por supuesto, pero necesita una justificación impecable. Si no la tiene, el ruido aumenta. Y en economía, el ruido se convierte en incertidumbre; la incertidumbre en menor inversión; y la menor inversión en menos crecimiento y menos desarrollo.

El problema de fondo es que Banxico parece estar perdiendo nitidez justo en aquello que lo distinguía: la claridad de su mandato.

Y aquí vale la pena mirar hacia fuera.

Cuando se compara a Banxico con los bancos centrales del G7, aparece algo muy revelador. México comparte con el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón una lógica institucional muy clara: la estabilidad de precios es el objetivo primario. No es un objetivo entre muchos. No es un deseo general. Es la razón principal de existencia del banco central.

Estados Unidos es distinto. La Reserva Federal tiene, por ley, un mandato dual explícito: máximo empleo y estabilidad de precios, con atención también a tasas de largo plazo moderadas. Es decir, el equilibrio entre inflación y actividad está reconocido en su diseño institucional. Banxico no fue creado así. Banxico fue diseñado para poner por delante el poder adquisitivo de la moneda y, solo después, como finalidades complementarias, promover el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Ese detalle es crucial.

Porque si Banxico empieza a comportarse como si tuviera un mandato dual sin tenerlo legalmente, entonces está desdibujando el corazón de su función. Y si lo hace, además, en un contexto donde el gobierno federal tiene una carga financiera creciente por deuda, la sospecha es inevitable: que bajar la tasa ayuda menos a la inflación y más a abaratar el costo de la deuda pública.

Desde la lógica política, eso puede sonar conveniente. Desde la lógica monetaria, es peligrosísimo.

Porque un banco central que baja tasas antes de tiempo para aliviar presión fiscal no está haciendo política monetaria. Está haciendo política de acompañamiento. Y ahí la autonomía deja de ser un hecho y se vuelve un adorno constitucional.

La comparación internacional también deja otra enseñanza importante. Banxico tiene, en términos jurídicos, una independencia fuerte, incluso comparable en ciertos aspectos con la del BCE. Pero tiene una fragilidad institucional que pocas veces se discute lo suficiente: en materia cambiaria no actúa en plena autonomía, sino conforme a directrices de la Comisión de Cambios, donde participa Hacienda. Además, la designación de quienes encabezan la institución sigue atravesando inevitablemente por el poder político. Es decir, la autonomía está bien escrita, pero no necesariamente blindada en los hechos.

Y eso importa más de lo que parece.

En otros países hay distintos mecanismos de balance. En Canadá, por ejemplo, existe incluso la posibilidad legal de que el ministro de Finanzas emita una directiva pública y temporal al banco central, pero precisamente porque el mecanismo es público, excepcional y políticamente costoso, funciona más como límite extremo que como canal cotidiano de influencia. En México, en cambio, el riesgo es más sutil: no una orden explícita, sino una alineación progresiva, silenciosa y políticamente funcional.

A esto se suma otro elemento comparativo relevante. La Fed, el Banco de Inglaterra y el BCE tienen vínculos mucho más directos con funciones de supervisión prudencial o estabilidad financiera. Banxico no es el supervisor prudencial integral del sistema bancario mexicano. Su valor institucional está justamente en otra parte: en ser un banco central enfocado, creíble y con una prioridad muy clara en estabilidad monetaria. Si empieza a perder también eso, entonces no solo se desdibuja: se vacía.

Por eso la discusión ya no debería ser solo si la última decisión fue acertada o no. La discusión de fondo es si el país necesita una reforma seria para blindar de verdad a su banco central.

Y sí, creo que sí.

Vale la pena abrir el debate sobre reformar los objetivos del Banco de México, no para volverlos más amplios o más políticos, sino al revés: para hacer más clara su jerarquía, más estricta su interpretación y más difícil su manipulación. También vale la pena discutir mecanismos que separen más la conducción de la institución del ciclo político. No es sencillo. No hay soluciones mágicas. Pero es indispensable intentarlo.

Porque cuando un banco central pierde credibilidad, pierde capacidad para anclar expectativas. Y cuando las expectativas se desanclan, el costo futuro es mucho más alto: más inflación, tasas más dolorosas después, menos inversión y menos crecimiento.

En un país que necesita estabilidad, desarrollo y confianza, debilitar una de sus pocas instituciones serias no es una travesura técnica. Es un riesgo económico de primer orden.

Y los riesgos económicos, tarde o temprano, siempre los termina pagando alguien más.

De esta forma, seguimos viviendo entre cifras que brillan… y bolsillos que no alcanzan.

*El autor es académico de la Escuela de Gobierno y Economía y de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, consultor experto en temas económicos, financieros y de gobierno, director general y fundador del sitio El Comentario del Día y conductor titular del programa de análisis: Voces Universitarias.