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Proyecto nacional y políticas sectoriales en la 4T
México requiere visión de largo plazo y políticas sectoriales coherentes, cuya integración ofrezca un proyecto de nación. La visión y el proyecto nacional definirían las bases y orientaciones de las políticas sectoriales, por ejemplo, en economía, política fiscal, energía, desarrollo urbano, política social, medio ambiente, comunicaciones y transportes, educación, agricultura, cultura, seguridad. Sería la forma deductiva, habitual de cualquier gobierno normal. A su vez, las políticas sectoriales sumadas y reforzándose mutuamente, apuntarían a la visión de largo plazo que ha sido definida para el país. Las políticas sectoriales deben ser coherentes entre sí, y por supuesto, deberían implicar un diseño específico con objetivos, instrumentos, actores y plazos. El gobierno requiere de una lógica racional discernible, con una brújula clara, y una motivación legítima e identificable, y de la formulación y articulación consecuentes de medidas y acciones. En su ausencia, pueden insinuarse serios problemas de improvisación, incompatibilidad entre miras y medios, disfuncionalidades graves, o fallas sistémicas de gobierno.
Hasta ahora, se extraña una visión de país en el nuevo gobierno; o al menos la sugerencia de algunos rasgos prominentes del proyecto nacional que se busca, mientras se elaboran y publican el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes. Lo que tenemos al día de hoy es una catarata variopinta de iniciativas y proyectos formulados directa y personalmente por el presidente de la República. Ello, en un marco de debilitamiento profundo de la administración pública por despidos de personal, draconianos recortes presupuestales, desalojo de entidades de gobierno de la capital de la República, ahogamiento de los órganos autónomos del Estado, y de transferencias masivas de recursos hacia gasto corriente en subsidios para distintos grupos sociales.
Dicho sin sorna, parecería un método inductivo de gobierno, donde la visión totalizadora o el proyecto nacional se construyen a partir de decisiones sectoriales aparentemente casuísticas e inconexas. Si es así, sería algo muy innovador, sobre todo si evita caer en conflictos y contradicciones, y si al final emerge una imagen viable, persuasiva y atractiva del país que todos queremos. Esperaríamos tal resultado, aunque de entrada, se vislumbra muy improbable. Más bien, se antoja imprescindible que el nuevo gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) rectifique su enfoque y modere sus impulsos “inductivos”.
Uno de los casos más palpables de conflicto se observa ya en las decisiones que se han tomado en materia de energía, las cuales contradicen compromisos, mandatos legales, y objetivos de cambio climático. La legislación derivada de la reforma energética establece que México debe de generar al menos 35% de su electricidad con fuentes limpias para el 2024. Por su lado, los compromisos de nuestro país ante el Acuerdo de París nos obligan a reducir hasta en 40% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por debajo de la línea base hacia el 2030. Esto conlleva un punto de inflexión en la trayectoria de emisiones en el 2026, año a partir del cual debe iniciar un proceso de reducción absoluta en el consumo de combustibles fósiles. Recuérdese que las principales fuentes de emisión de GEI en México son los vehículos automotores y la generación de electricidad, además del sector de petróleo y gas. Juntos suman cerca de 60% de las emisiones totales. Más aún, de acuerdo a los resultados de la COP 21 celebrada el pasado diciembre en Polonia, los países deberán asumir compromisos más ambiciosos de reducción de emisiones durante los próximos cinco años, para impedir que la temperatura de la tierra aumente más de 1.5 – 2.0 grados centígrados.
Pues bien, no obstante este contexto, el gobierno de la 4T ha sumado un cúmulo contradictorio de decisiones y políticas, que no parecen tener un hilo conductor o una estructura coherente. De hecho ponen a nuestro país en un curso ineluctable de choque contra compromisos y obligaciones internacionales, y contra principios irrenunciables de ética global y cooperación multilateral. La 4T plantea reducir precios de gasolinas y diesel, construir nuevas refinerías con dinero público e implícitamente aumentar el consumo de combustibles y las emisiones del sector; construir nuevas plantas termoeléctricas de carbón, y rehabilitar termoeléctricas de combustóleo. Ha suspendido las subastas de energía solar y eólica, y congelado el mercado de Certificados de Energía Limpia desarrollado por la reforma energética, así como la normatividad sobre combustibles limpios. Sería bochornoso y decepcionante para México repudiar y salir del Acuerdo de París. Igual que Trump. Es preciso rectificar...