México: de la abundancia al estancamiento, lecciones que no aprendimos

El año 2025 ha sido un ejercicio aciago para la economía mexicana, el empleo y la población. Como suele ocurrir, queda la expectativa de que el año siguiente sea mejor; sin embargo, bajo el paradigma actual, existen pocos elementos que inviten al optimismo. Todo apunta a que se mantendrá la misma tendencia iniciada en 2018, a menos que, como ocurrió en 1977, surja un milagro inesperado, ajeno a la pericia o a las políticas gubernamentales.

En aquel año, México descubrió la existencia de importantes reservas petroleras y, casi de manera inadvertida, se convirtió en exportador neto de crudo. Quedó para la historia la frase de López Portillo: “debemos acostumbrarnos a administrar la abundancia”. Cinco años después, el país se encontraba sumido en una de las peores crisis de su historia moderna: en 1982 estalló la crisis de la deuda, México se convirtió en una de las economías más endeudadas del mundo, sin recursos para hacer frente a la caída de los precios del petróleo y al aumento de las tasas de interés. La devaluación superó 477%, la inflación rebasó 100% y el déficit fiscal alcanzó 16% del PIB: una verdadera locura macroeconómica.

Ese episodio dio paso a la llamada “década perdida”, lo que nos lleva al punto central: México se encuentra hoy en el umbral de lo que podría convertirse en otra década sin crecimiento económico. Durante el sexenio 1982–1988, la tasa media de crecimiento anual fue de apenas 0.21%, frente a un crecimiento poblacional promedio anual de 2.25%. Las consecuencias fueron mayor pobreza, desempleo y desigualdad, agravadas por una inflación galopante que solo en 1987 alcanzó 159 por ciento.

En el sexenio 2018–2024, la tasa media de crecimiento anual fue de 0.8%, lo que lo coloca entre los periodos de menor crecimiento desde los años más críticos de la década de 1980. El crecimiento poblacional fue considerablemente menor, con una tasa promedio anual de 0.86%, y la inflación promedió 5% anual. La depreciación cambiaria fue mínima; no obstante, la deuda pública, aunque aún en niveles manejables, aumentó de 10 a 20 billones de pesos en 6 años, pasando de 46% a 51% del PIB.

Para 2025, la baja tasa de crecimiento económico se mantuvo. Así, México acumula siete años consecutivos con la misma tendencia, con estimaciones que oscilan entre 0.5% y -0.5%, lo que lo ubica como el país con menor crecimiento económico de la región.

El panorama para 2026 no luce más alentador. Las estimaciones más optimistas apuntan a un crecimiento cercano a 1.2%. Las explicaciones oficiales para este desempeño son variadas: los aranceles y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el bajo crecimiento de nuestro principal socio comercial, la revisión del Tratado Comercial de América del Norte y, antes de ello, la pandemia y la guerra en Ucrania. Sin embargo, la realidad es que México no ha sabido aprovechar su posición geográfica ni capitalizar la oportunidad del nearshoring, que prácticamente pasó de largo.

Tampoco se ha logrado atraer nuevas inversiones. La cancelación del NAIM en 2018, la desaparición de organismos autónomos, la reforma al Poder Judicial y la creciente inseguridad han deteriorado la percepción de México como destino confiable para la inversión. Como resultado, la inversión privada ha caído cerca de 7%, reflejando preocupación y desconfianza en el entorno político y regulatorio, mientras que la inversión pública registra una contracción superior a 22% en 2025.

La diferencia fundamental entre los periodos 1982–1988 y 2018–2024 radica en el punto de partida. En los años ochenta, la administración de Miguel de la Madrid recibió una economía en terapia intensiva; en contraste, en 2018 se heredó una economía estable, con un crecimiento de 2.0% anual, inferior al de Estados Unidos (2.9%), pero consistente con el promedio regional (2.2%); un déficit fiscal de solo 2.3%, similar al de otros países de la OCDE, inflación de 4.8% y una deuda pública relativamente controlada.

Hoy, tras años de cuatroteísmo, la deuda pública se ha duplicado, con riesgos adicionales derivados del uso que se ha hecho de ella, en buena medida destinada a financiar gasto corriente y programas sociales. El aumento en el servicio de la deuda representa un riesgo adicional que, de no atenderse oportunamente, podría derivar en problemas de insolvencia y una eventual crisis fiscal.