La persecución

El estado tiene herramientas para lograr sus fines. En algunos casos instituciones, en otros aparatos burocráticos con los que generar presión o poner limites a la acción de particulares. Tiene la ley y lo que ella dicta en materia no sólo del comportamiento al que se deben los ciudadanos, que incluye sus derechos, pero también sus obligaciones, más importante aún, sin embargo, la ley como facultad y en ella misma como limite estricto del poder político, del poder del gobierno, pues éste sólo está obligado a lo que dice estrictamente la ley.

La semana pasada, en medio de la pírrica visita del presidente López Obrador a Washington, se concretaron dos nuevas acciones de persecución judicial contra opositores, ambos priistas. Alejandro Moreno, presidente del tricolor y Enrique Peña Nieto, expresidente de México.

Lo de Alito surge como producto de una denuncia interpuesta por Ulises Ruiz, exgobernador de ese partido, contra Moreno, por supuesto enriquecimiento ilícito. Layda Sansores, gobernadora de Campeche ha aprovechado la circunstancia y ha difundido una serie de llamadas telefónicas en las que deja muy mal parado al presidente del PRI, ya sea por que lo dicho en ellas lo compromete en otras por la referencia a dinero obtenido o dado para acciones que distan mucho de la legalidad. La procuraduría de Campeche ha actuado cateando su casa y tratando de establecer si por la casa o por el contenido de ella, puede dar indicios de enriquecimiento ilícito. Vaya, hasta ha sido detenido en el aeropuerto, por una supuesta alerta migratoria, que a todas luces resulta extraña pues es raro que a un mexicano lo detengan en migración por entrar a su país.

La prensa y la opinión pública y publicada no puede entender el asunto que no sea por no haber cumplido con el presidente el compromiso de impulsar dentro de su bancada los cambios constitucionales que hubieran revertido la reforma eléctrica de Peña. La otra razón consiste en tratar de debilitar al presidente del PRI y al priismo en general para ir preparando la elección del Estado de México, el próximo año. El asunto, sin embargo, ha estado plagado de ilegalidades. Entre ellas la de desechar la presunción de inocencia, la de usar grabaciones obtenidas ilegalmente y difundidas con cinismo por la gobernadora que está usándolas de manera ilegal para construir una persecución a todas luces igualmente ilegal.

En el caso de Peña Nieto, la UIF después de 4 años se ha dado cuenta de que parientes de Peña le hicieron transferencias, ya no siendo presidente por 26 millones de pesos y el jefe de la Unidad de Investigación Financiera a despotricar contra el expresidente en público, clausurar la presunción de inocencia y a sostener que esa no era una persecución, sino el ejercicio de una política del gobierno actual.

La realidad es que Peña no es defendible, pero de que esto huele a persecución, huele. 4 años y no haber ventilado el asunto antes, es por lo menos extraño. De nuevo las elecciones en el Edomex, parecen ser la razón. Puede ser que lo dicho hasta ahora no tenga nada de novedoso, salvo por lo que este gobierno ha comenzado a volver una práctica. A algunos se les aplica selectiva y estruendosamente la ley y para otros la ley es un cúmulo de palabras a las que no le encuentran sentidos. Tanto en licitaciones, sospechas de negocios, acusaciones falsas e incumplimiento en lo más básico de su actuación como funcionarios públicos lo que ameritaría serias faltas a la luz de la ley. Lo peor es que ya lo vemos como normal y explicable y es, en el más simple de sus formas, la manera en las que las dictaduras actúan para hacer lo que les viene en gana. Nada más, pero nada menos tampoco.