El giro en la regulación de la 4T para reactivar la economía

López Obrador y su equipo empiezan a sentir el agua que se acerca al cuello: ¿por qué la economía no crece aunque busquemos otros datos para confirmarlo? ¿Por qué a pesar del plan neokeynesiano —que sólo hemos visto anunciado, pero no operado— de reactivación de la economía por un monto aproximado a los 500,000 millones de dólares la economía está detenida? ¿Por qué no se logra la prometida inversión del Consejo Mexicano de Negocios de unos 31,000 millones de dólares? Y mientras tanto, AMLO firma convenios con los empresarios, presiona al gobierno americano para lograr la pronta ratificación del T-MEC, Alfonso Romo se junta con los empresarios y pide hasta mentir para decir que la economía va bien y el dinero no aparece, el grado de inversión física baja entre 7 y 10%, con el menor grado en la historia de participación del Estado en infraestructura desde la época revolucionaria. Como si todos estos eventos no fueran más que fotos en las revistas de sociales para hacer propaganda de la 4T, pero sin trascender a la realidad.

Muchos economistas y críticos de la 4T han señalado la necesidad de sembrar confianza para que la inversión fluya, así como terminar con el discurso antiempresarial.

Un elemento que ayudaría a que se construyera o reconstruyera esta confianza con el sector empresarial sería que el Estado intervenga en la economía pero respetando el sistema de precios, es decir, regulando con instrumentos acorde al mercado, porque no se puede lograr crecimiento económico sin la colaboración de al menos en parte, la colaboración del sector privado, cosa en la que hasta ahora parece que no se han dado cuenta AMLO y el gabinete de la 4T, con Graciela Márquez a la cabeza. Esto no quiere decir que el Estado deje toda la economía en manos del mercado, lo que contradice los postulados de López Obrador y podemos confirmar en los documentos que ha elaborado, tanto oficiales como no. Pero no se puede gobernar al margen de las grandes empresas, le guste o no a Andrés Manuel. Y para poner en cintura a estas empresas, el gobierno cuenta con tres elementos: los impuestos, las compras públicas y las subvenciones a cambio de comportamientos de las empresas, incluyendo a las grandes.

Sobre las subvenciones, cabe hacer una aclaración, además de que quizá debiera emitirse una ley en materia de subvenciones y sus efectos sobre la competencia y el mercado, regular la concesión de subvenciones no quiere decir eliminarlos, sino transparentarlos y analizar su efecto sobre la competitividad nacional. Las subvenciones no se limitan a las ayudas que el Estado reparte en efectivo a los particulares. Hace referencia más bien a lo que en la Unión Europea y en la legislación internacional de la OMC se denominan ayudas de Estado o subvenciones, es decir, colaboraciones económicas directas o indirectas que provienen del presupuesto del Estado para lograr una mejora competitiva de una empresa o grupo de empresas, que les da cierta ventaja competitiva sobre sus competidores gracias a tales ayudas. No se trata de los subsidios dirigidos a la población como parte de la política social de un gobierno, que de hecho sigue el sistema de mercado y de precios.

La regulación del Estado utilizando instrumentos conforme a mercado sería uno de tantos elementos que ayudarían a que se vuelva a encender la chispa de la confianza en el mercado. Además, ayudaría a que la regulación del Estado fuera eficaz  y el país retomara las sendas del crecimiento, indispensables para lograr bienestar, que es lo que legítimamente le preocupa a López Obrador, así como a muchos miembros de la comunidad empresarial.

*Profesor investigador de la Facultad de Negocios de la Universidad De La Salle Bajío.