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Covid-19 aumenta deuda de los gobiernos estatales
De los financiamientos contratados durante el tercer trimestre del año, 51.5% se destinó a inversión pública productiva.
Los efectos del Covid-19 en las finanzas públicas estatales, principalmente en liquidez, provocaron que la deuda de los gobiernos subnacionales incrementara al cierre de septiembre de este año.
Sin embargo, más de la mitad de los financiamientos contratados se destinó a inversión pública productiva, señal de que las entidades apuestan por erogar recursos para generar, directa o indirectamente, un beneficio social.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda pública de las administraciones estatales, más sus entes públicos, ascendió a un saldo de 560,882 millones de pesos al finalizar el tercer trimestre, que significó un aumento anual de 1.3% en términos reales, tras tres caídas consecutivas de este indicador.
Estas disminuciones al hilo corresponden a la entrada de la Ley de Disciplina Financiera –candados en la adquisición de deuda –, aprobada en el 2016 (año que comenzó a bajar las obligaciones financieras).
Por entidad, 15 registraron aumentos anuales en sus financiamientos, destacando Yucatán (33.7% anual) y Jalisco (26.8 por ciento).
Se observa que Yucatán contrató deuda para refinanciamiento y cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal, mientras Jalisco, para inversión pública productiva.
Al otro extremo, resalta que la disminución más pronunciada en obligaciones financieras fue para el gobierno de Querétaro, de 53.9% anual real, muestra de una disciplina en sus finanzas.
Por monto, el podio lo componen Ciudad de México (84,201 millones de pesos al cierre de septiembre), Nuevo León (78,393 millones) y Chihuahua (50,508 millones). El menor saldo se dio en Querétaro (188 millones).
La pandemia mermó la capacidad financiera de los estados – dos meses de paro de actividades esenciales y confinamientos total, y posteriormente, bajos niveles de operación y capacidad –, por lo que los gobiernos locales se vieron orillados a contratar obligaciones.
Esta falta de liquidez se manifiesta en el comportamiento de los ILD, que es la suma de los ingresos propios locales, participaciones federales (acumulan a noviembre un descenso de 7.4% anual real), así como los recursos del FEIEF.
Al tercer trimestre del año, los Ingresos de Libre Disposición de 31 entidades (Tlaxcala no se contabiliza) llegaron a 967,690 millones de pesos, una baja de 4.1% anual real.
Únicamente siete estados presentaron crecimientos: Colima (8.5%), Aguascalientes (6.9%), Chihuahua (5.7%), Chiapas (4.1%), Baja California (2.2%), Durango (1.5%) y Querétaro (0.3%), demostrando una mejor eficiencia recaudatoria respecto al resto del país.
Los mayores desplomes fueron en Guerrero (19.0%) y Quintana Roo (18.3%), exteriorizando que el Covid-19% golpeó con mayor fuerza a los estados de vocación turística (baja en ingresos propios, particularmente los provenientes del Impuesto sobre el Hospedaje).
Beneficio social
Los financiamientos y obligaciones inscritos en el Registro Público Único durante el tercer trimestre del año fueron por más de 14,807 millones de pesos, por fecha de contratación del crédito, monto del cual, 51.5% se destinó a inversión pública productiva, 29.7% a refinanciamiento y 18.8% a cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Sólo cuatro estados en amarillo
Al cierre del tercer trimestre del 2020, el Sistema de Alertas detalla que ninguna entidad se encuentra en semáforo rojo (endeudamiento elevado), mientras en amarillo (en observación) se ubican Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo. Respecto a igual periodo del año pasado, no se presentaron cambios.
El Sistema de Alertas mide el nivel de endeudamiento de los entes públicos que tengan contratados financiamientos y obligaciones, y éstos se encuentren inscritos en el Registro Público Único, cuya fuente o garantía de pago sea de Ingresos de Libre Disposición (ILD).
Los indicadores que utiliza son tres: deuda de largo plazo, costo financiero y deuda a corto plazo y proveedores y contratistas. De acuerdo al resultado obtenido, el nivel de endeudamiento se clasifica en sostenible, en observación y elevado.
Si el ente público está en endeudamiento sostenible, como máximo podrá incurrir en un endeudamiento adicional equivalente a 15% de sus ILD; en observación, el límite será de 5%, y en elevado, no podrá contratar financiamiento adicional.
En cualquier situación, el financiamiento debe ser el aprobado por el Congreso local y deberá estar sujeto a las restricciones mencionadas.