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USW solicita a Canadá intervención penal contra Orla Mining por violaciones al T-MEC
La solicitud surge luego de que el Mecanismo de Respuesta Rápida del tratado comercial confirmara que el personal de la mina en Zacatecas recibió presiones para abandonar su afiliación al sindicato Los Mineros.
Orla Mining.
El sindicato United Steelworkers (USW) solicitó formalmente al Fiscal General de Canadá el inicio de acciones penales contra la corporación Orla Mining, propietaria de la mina Camino Rojo en Zacatecas, tras la publicación de un informe de un panel de investigación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La organización sindical fundamenta su petición en la determinación de violaciones a la libertad de asociación y la existencia de presuntos vínculos con grupos externos que ejercieron violencia contra los trabajadores.
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La solicitud surge luego de que el Mecanismo de Respuesta Rápida del tratado comercial confirmara que el personal de la mina recibió presiones para abandonar su afiliación al sindicato Los Mineros. El panel investigador detectó que un contratista de la empresa generó condiciones de inseguridad mediante la incursión de personas armadas en asambleas sindicales y la emisión de amenazas contra los representantes de los trabajadores.
El informe del panel del T-MEC indica que los trabajadores de la unidad minera en Zacatecas fueron instados a incorporarse a una organización sindical distinta a la de su elección original.
Los reportes documentados por el mecanismo de resolución de controversias señalan que un proveedor de servicios de Orla Mining mantuvo presencia en las instalaciones para interferir en las actividades gremiales. Estos hechos derivaron en el desplazamiento de líderes sindicales hacia otros sitios por razones de seguridad personal.
Orla Mining, entidad que se encuentra en un proceso de adquisición por parte de Equinox Gold, emitió un pronunciamiento el 4 de mayo de 2026. En dicho documento, la empresa estableció un compromiso de neutralidad sindical y un programa de capacitación para su personal sobre libertad de asociación.
Sin embargo, los representantes de los trabajadores manifiestan que estas medidas no resuelven la situación de las personas que se mantienen fuera de sus centros de trabajo por las amenazas reportadas durante el conflicto.
El marco jurídico del T-MEC establece plazos para que el gobierno receptor de la queja determine si realizará una investigación interna.
Actualmente, el gobierno de México tiene el expediente para su análisis tras la notificación enviada por Canadá a finales de abril.
El sindicato busca que el caso avance a la conformación de un panel internacional para establecer mecanismos de reparación que permitan el retorno de los empleados a la zona de la mina en condiciones de seguridad.