Salvador Alvarado: CRT no ha intervenido para mediar en el conflicto sobre multas a empresas telecom

Pedro Molineros Urías, asesor jurídico del área de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa, es el funcionario autorizado por ese ayuntamiento para hablar en prensa sobre una polémica que provoca divergencias entre esa municipalidad y las empresas de telecomunicaciones con respecto a los permisos para construir infraestructura para Internet allí.

Por un lado, la municipalidad defiende que las empresas de telecomunicaciones deben acreditar las autorizaciones correspondientes para realizar trabajos de obra en la vía pública, sea para la instalación de ducto subterráneo o tendido aéreo; u otras estructuras.

A decir de Salvador Alvarado, la tramitación de los permisos es una obligación que establece el reglamento de construcción local y de ahí su atribución para entregar o negar permisos de obra, que, a su consideración, no tienen relación con los impuestos federales que ya pagan las empresas del sector y que en 2025 respaldó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De hecho, asegura la alcaldía, varias empresas de esta industria ya se han regularizado tras acreditar el cumplimiento de esos documentos.

Desde otra perspectiva, las compañías de telecomunicaciones señalan que ya cumplen con estipulaciones de nivel federal y que las sanciones impuestas por Salvador Alvarado desde el año 2023-2024 en que esta trama inició, son desproporcionadas; hasta los 1,300 millones de pesos o su equivalente de 70 millones de dólares, acusan, pero que el municipio está dispuesto a recalcular a la baja, hasta la banda de los 300 millones de pesos: “Estamos hablando de un descuento superior al 80% cuando hay voluntad”, defiende el funcionario en esta entrevista:

—Salvador Alvarado suena en prensa, porque se cuenta que está imponiendo sanciones y cobrando impuestos en materia de telecomunicaciones, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2025 que esto es una competencia federal. ¿La visión de este municipio sería entonces diferente?

—Es cierto: Nosotros no podemos establecer un impuesto específico a las telecomunicaciones, ya que esto es una competencia federal. Lo que nosotros estamos señalando es lo que también señala el artículo quinto de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su segundo párrafo dice que ellos deben de cumplir con las disposiciones establecidas en materia de desarrollo urbano, tanto del gobierno del estado, los municipios y de la Ciudad de México.

No tiene nada que ver lo que señala la Suprema Corte con lo que venimos haciendo. Y todo parte desde nuestro reglamento de construcción, que, en observancia al mismo, nos hace llevar a cabo inspecciones periódicas sobre la ocupación de la vía pública, ya que existe la falsa percepción de que al ser un espacio público es de libre ocupación, cuando no es así.

La norma establece que la ocupación de la vía pública, en cualquiera de sus formas, por infraestructura o específicamente con alguna estructura, debe contar con previa autorización del municipio para ocuparla.

—En el carrusel de cifras, se habla de 1,200 millones de pesos y de 1,500 millones de pesos. ¿Cuál es la buena y cómo se llegó allí?

—Esa cifra no es tan real. Es la sumatoria, tal vez, de todas las sanciones que se han implementado o aplicado; o, mejor dicho, derivadas de las posturas de las empresas, pues sí suma una cantidad similar, pero no llega a ese número. El número es fluctuante, por como lo establece la Ley de Hacienda.

Hoy en día, te puedo decir que el monto más cercano (de las sanciones) ronda los 1,300 millones de pesos, en la sumatoria desde los actos llevados a cabo desde el año 2023. Se originan por sanciones que se configuran por conductas infractoras a un reglamento de construcción.

—¿El problema de las sanciones es sólo con un operador o es un tema de nivel de industria con el municipio de Salvador Alvarado?

—En materia de telecomunicaciones, de momento, sólo son tres empresas, porque las otras empresas, ya sea de instalaciones de estructuras, de antenas, de despliegue subterráneo, de tendido aéreo o de instalación de postes, todas han llegado a un punto en el cual ya se concilió, se les redujo su sanción y se regularizó su situación.

—En un hipotético escenario adverso en que una instancia judicial conceda la razón a Salvador Alvarado y entonces las empresas deban cumplir con la sentencia, pero luego decidan elevar los precios al consumidor para compensar costos o se marchan de este mercado, ¿no habría sido entonces peor la cura que la enfermedad?

—Ya ha habido resoluciones de tribunales y juzgados, en los cuales se da favor al ayuntamiento. Dichas sentencias están en revisión, porque así lo solicitaron los demandantes y estamos en espera de la segunda resolución.

Sobre el tema de que, si se ven perdidos y desean irse, es su decisión. Lo que ellos determinen que es mejor para ellos. La realidad es que el monto (de las sanciones) que se viene manejando, no es una configuración de números de nuestra parte, es por la emisión de resoluciones.

Nosotros siempre dijimos: “Oye, llegaron tantas multas, acércate a buscar cómo reducir y ver tu situación”. En estos meses que estuvimos haciendo la atenta invitación para que las empresas se acercaran y pudieran regularizar su situación, no atendieron.

Nosotros siempre hemos buscado la conciliación, el acercamiento y el diálogo con las empresas. Estamos a favor de regularizar, pero si no existe el acercamiento, ni la voluntad por parte de las empresas, nuestra obligación es continuar con nuestro trabajo de inspección y vigilancia.

—Siguiendo con el mismo escenario, si una de esas tres empresas vende a otra sus activos allí, ¿han observado ustedes que sería complicado, porque habría una elevada concentración de mercado en un solo operador y al comprador podría la autoridad de competencia imponerle una política especial?

—Considero que no dejarían el mercado, porque al final de todo, ellos buscan mantener presencia y competitividad. No sé cuál sea la estrategia de una empresa ante el momento de verse perdidos; si desean vender a un tercero y ese tercero asume la deuda (por las sanciones), y mediante otra marca presta el servicio. Sería ahora muy impetuoso de mi parte aventurar un panorama. Nosotros estamos más por conciliar.

Es alto el monto de las sanciones; hay que buscar cómo reducirlas significativamente, en apego a la ley.

Hoy en día estamos trabajando en que se instale nueva infraestructura en el municipio. Esto no está siendo un obstáculo ni una incertidumbre para poder llevar a cabo la infraestructura. Las empresas deben tener la certeza, que mientras se acerquen al municipio a solicitar los debidos permisos para llevar a cabo su despliegue de infraestructura, cuentan con todo el respaldo de la ley y es su derecho y nuestra responsabilidad respetarlos.

Los montos son altos, lo repito y lo acepto. No son nuestros, no fue nuestra determinación imponer esos montos, sino que fue la sumatoria de las resoluciones emitidas. Nosotros siempre preferimos irnos paso a paso, y buscando que este paso a paso acerque a las empresas a conciliar.

—¿Y las autoridades a cargo del sector de telecomunicaciones en México se han acercado a Salvador Alvarado para ayudar con la conciliación? ¿Hay cercanía con el regulador CRT?

—No ha habido un acercamiento con la hoy llamada CRT. Sí lo hubo en el extinto IFT y en su momento tuvimos un acercamiento con dos empresas y se les aclaró que no es ningún impuesto, que esto es derivado de sanciones, por incumplimiento al reglamento de construcción.

Y se dejó abierta la puerta a la conciliación para buscar que los montos se reduzcan de una manera significativa y transparente. Esto mismo lo hemos hecho con otras empresas.

¿Que si se ha acercado esa autoridad? ¿Qué si se ha acercado alguien? No. Hasta hoy, no. Y la verdad es que nos gustaría mucho que se acercaran de una manera imparcial y conciliadora, y que tal vez las empresas pudieran atender otra voz que no sea la del ayuntamiento, en conciencia y con un criterio amplio de entendimiento.

Nosotros queremos conciliar y resolver. Estamos en la voluntad y en la apertura del diálogo, la apertura del acercamiento. Y si en algún momento alguna entidad o la CRT busca acercarse para saber más del tema y ser parte de la solución, con mucho gusto atendemos y participamos.

Sí creo muy importante el acercamiento de la CRT. Sí creo muy importante que conozcan ambas versiones del tema y sí creo muy importante que como Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sea el ente que venga a conciliar y que venga a ser el mediador que dé solución a esta controversia.

—Esos 1,300 millones de pesos es bastante dinero. Es igual al presupuesto de tres años de Salvador Alvarado. ¿Qué hará Salvador Alvarado con ese dinero? ¿Lo enviará a la Federación o se lo quedará el municipio?

—Nosotros nunca hemos pensado en los 1,300 millones de pesos. Siempre hemos dejado abierta la puerta abierta a la conciliación.

Un ejemplo: Hemos llegado a hacer reducciones hasta 400,000 pesos por resolución, dejándola en 48,700 pesos. Es una diferencia abismal que podemos nosotros llevar a cabo con este caso.

Los 1,300 millones de pesos nunca lo hemos tenido en mente. En conciencia, no lo vemos, porque siempre estamos priorizando la conciliación y el recálculo, para que esto se pueda solventar de una manera favorable para las empresas y el ayuntamiento cumpla con sus procedimientos.

¿En qué se va a aplicar ese dinero? Un municipio tiene múltiples necesidades, compromisos y obligaciones. Ese dinero sería aplicado en necesidades del municipio, que son bastantes.

Todo el dinero que se ha recaudado por conceptos de procedimientos administrativos ha sido y seráingresado por la tesorería municipal, en el cual se entrega un comprobante de pago.

Todo dinero que entra al municipio es auditado, tanto en ingreso como en egreso. El dinero que entre al municipio, sea la cantidad que sea, será bien aplicado.

Tu planteamiento de que serían tres años del presupuesto municipal… Pues la realidad es que las matemáticas básicas dicen que sí. Pero nosotros nunca lo hemos llevado a cabo ese ese ejercicio, porque siempre damos prioridad a la apertura, al diálogo y la conciliación.

Cuando se prioriza eso, el número termina siendo, prácticamente, un dato, un resultado mucho menor y es por la conciliación. Estamos esperando que se acerquen a conciliar. Este municipio, más que la confrontación, lo que busca es el diálogo y la comunicación.