La CRT tiene un foco rojo en Guamúchil; nos cuestionamos seguir con el servicio allí: Totalplay

Eduardo Ruiz Vega es el director jurídico regulatorio de Totalplay Telecomunicaciones, a su vez, un operador de servicios convergentes de video, voz y datos de alcance nacional.

Ruiz Vega tiene en su industria la imagen de ser un personaje que dice las cosas en claro: “Sin conectividad, la pandemia habría sido mucho peor (…) Y hay conectividad por la inversión y la inversión la hacemos todos los operadores, porque sin inversión, no hay paraíso de telecomunicaciones, aunque el crédito se lo quieran llevar otros”, lanzó un día de 2022 en Canieti el también director de cumplimiento regulatorio en telecomunicaciones del Grupo Salinas.

El directivo hoy habla en prensa tras una política de la alcaldía Salvador Alvarado, Sinaloa, que dispuso de una batería de impuestos y multas contra las compañías de telecomunicaciones que se nieguen a pagar impuestos conforme un reglamento de construcción municipal y una ley de ordenamiento territorial, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2025 que los gravámenes por los despliegues de redes de telecomunicaciones son atribuciones de autoridades federales.

Con una perspectiva diferente, la presidencia municipal de Salvador Alvarado —que destaca por contar con una economía que sobrevive de las remesas; también con exportaciones en abril por 1.7 millones de dólares y con un presupuesto anual de 464 millones de pesos—, estima que las empresas de telecomunicaciones también deben pagar otros impuestos locales; hasta 1,200 millones de pesos entre todas ellas, unos 70 millones de dólares, y que para Totalplay corresponderían 600 millones de pesos. Más claro: Las multas a todo el sector de telecomunicaciones representan 158% el presupuesto de esa alcaldía.

Totalplay tiene el 13.62% del mercado fijo en Salvador Alvarado y por eso es la tercera marca del segmento allí, una alerta sobre la dimensión del impuesto y la multa fijada desde la cabecera en Guamúchil. Y en 2025, sólo el 75% del municipio tenía una cobertura de red sobre fibra óptica, indicativo de que en Salvador Alvarado todavía unos 6,000 hogares reciben un Internet sobre hilos de cobre o DSL.

Entre las empresas señaladas por Salvador Alvarado como deudoras figuran tres de carácter nacional y otras compañías locales, según fuentes del sector para este medio. Una de las tres empresas nacionales involucradas confirmó la información, pero prefirió no salir a prensa en estos momentos, mientras que la tercera no ha hablado, como tampoco ha respondido el municipio de Salvador Alvarado, luego de las múltiples comunicaciones telefónicas y correos electrónicos enviados por El Economista a sus canales institucionales. No está claro si después esta entrevista, el cabildo de Salvador Alvarado se anime a hablar.

En tanto, Totalplay mantiene la posición de que los impuestos por los tendidos de infraestructura de telecomunicaciones son de tipo federal. “Nosotros cumplimos con las leyes que aplican al sector (…) Ya hemos construido 200 kilómetros de redes con fibra óptica y alcanzamos una cobertura de cerca de 19,000 casas pasadas en Salvador Alvarado y seguimos invirtiendo, por eso creemos que esos impuestos y las multas son desproporcionados”, dice Eduardo Ruiz Vega en esta entrevista:

—De nuevo un municipio intenta cobrar impuestos por construir infraestructura de telecomunicaciones en su territorio y se habla de 600 millones de pesos en impuestos, sólo para el caso de Totalplay. ¿No queda claro entonces que una resolución de la Suprema Corte ya definió que los impuestos para el despliegue de redes de telecomunicaciones son impuestos federales?

—Como lo ha dicho la Suprema Corte y como lo dice la Constitución; y como lo dice la legislación federal en la materia de telecomunicaciones, las redes de telecomunicaciones son unas vías generales de comunicación, como las autopistas, los puertos o las vías Ferreras, por lo que estas infraestructuras son de jurisdicción exclusivamente federal.

Este es un país muy grande y tenemos muchos municipios; y pues en algunas ocasiones sucede que los municipios confunden las jurisdicciones y tratan, de alguna manera, de intervenir, de regular, etcétera. Y en muchas de esas ocasiones, hay un claro objetivo recaudatorio. ¿Qué persiguen?, pues recaudar dinero de donde no procede recaudar dinero, porque este es un tema de carácter federal.

—La prensa sinaloense difunde que Totalplay y otras cableras han incumplido con sus pagos de impuestos. Incluso, algunas de esas notas hablan de un “cártel telecom” contra Guamúchil y de una “asfixia” del sector al municipio de Salvador Alvarado, porque es dinero que está dejando de llegar a esa tesorería.

—En el caso particular de lo que está pasando en el municipio de Salvador Alvarado, lo que sucede es que, en los últimos meses, el municipio inició una serie de procedimientos al amparo de un reglamento de construcciones y ellos, de alguna manera, equiparan el tendido aéreo al tendido de las redes de telecomunicaciones. Lo quieren equiparar así a lo que sería una construcción o una instalación, porque caería dentro de la jurisdicción municipal, cuando no es el caso.

Tras conocer el sentir de la industria, empiezan con todo esto y empiezan ellos a imponer multas absolutamente desproporcionadas. Son paquetes de multas, que van incrementándose de una manera ilógica y muy rápida y se genera una serie de contingencias, que hemos impugnado en los tribunales federales.

Estamos ciertos con nuestra argumentación, pues es una argumentación ya conocida, que ya ha ido al pleno de la Suprema Corte, no una vez, sino varias veces y en estos últimos días han salido otras sentencias de controversias constitucionales sobre esta materia por parte de la Suprema Corte, que se siguen sumando y esos son criterios judiciales que van a la par con lo que dice la Constitución.

—Esta cifra de los 600 millones de pesos, que a parecer del municipio adeuda Totalplay en impuestos y/o multas, son 35 millones de dólares y equivale al 5% de la inversión total nacional de esta compañía en 2025. ¿Es este el punto de la polémica, la interpretación de una ley o qué más pudiera ser?

—Yo creo que va más allá, hacia un derecho humano. Leí una nota donde señalaba el municipio que ellos estaban aplicando la ley, el reglamento de construcciones. Pero su reglamento de construcciones no es aplicable a esta materia. Pareciera que se desconoce todo un régimen jurídico y jerárquico, que es aplicable en todo el territorio nacional,

No se trata aquí de cuestionar si existe o no existe una disposición municipal, el tema es que esa disposición municipal no se puede aplicar para una materia que es de exclusiva jurisdicción federal.

Vivimos esta situación donde se han afectado a los usuarios, porque pareciera que se desconoce allí que el acceso a Internet, ya fue reconocido desde el año 2013 como un derecho fundamental y fue incluido de manera expresa en el artículo 6º constitucional.

—Pagar 600 millones de pesos de impuestos a un municipio en un país con 2,500 de ellos, exhibiría el desconocimiento sobre este sector y la dimensión de lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero en despliegues. Por tanto, ¿no hubo antes un diálogo entre el municipio y el sector o no habrán presentado ellos, por ejemplo, una controversia o una confirmación de criterio para salir de toda duda?

—Esta situación brincó de que empezaron a llegar multas, bajo el argumento de que estas instalaciones tenían que haber sido autorizadas por la autoridad municipal. Nosotros no acudimos a que nos autorizaran, porque estamos ciertos que la autoridad municipal no tiene las facultades para autorizarnos y así ha sido en otras cabeceras municipales.

Y es aquí donde esto empieza más claro: Con una serie de actos en donde ya empiezan a fluir directamente las multas. En algunos casos, notificando los procedimientos respectivos. En otros casos, la verdad es que primero se impuso la multa y ya durante el litigio empezaron a salir algunas actas y otros actos que nunca fueron debidamente notificados.

Luego ellos mencionan que esto es un impuesto, que es una multa, que es una sanción… Así es como llegamos a esta cifra estratosférica que se pretende ingresar a las arcas municipales sin tener derecho a ello. No se tiene derecho desde el punto de vista constitucional, ni por el punto de vista de la legislación en materia de telecomunicaciones, ni tampoco por lo que hace al Pacto de Coordinación Fiscal que tiene la Federación con los diversos estados y municipios.

Entonces, ¿pudieron consultarlo como mencionas? Pues, probablemente sí. Yo creo que ellos entienden muy bien lo que están haciendo y de dónde se están queriendo agarrar. Entonces, el camino que se ha seguido, pues es el camino de estas multas estratosféricas. Creen que por este camino es como se va a llegar a la recaudación. ¿Quién y con base en qué les va a dar la razón?

—El caso de Salvador Alvarado tiene similitudes con la historia de Amanalco, que exigió una garantía de 20 millones de pesos a un operador y cuando éste ganó en tribunales, el dinero ya se había esfumado y por actualizaciones e intereses, Amanalco debía ahora 51 millones de pesos. La historia de Amanalco y ese operador la resolvió un tribunal colegiado, pero hoy estamos en la era de los jueces del Bienestar. Bajo este contexto, ¿hay plena confianza en el Poder Judicial?

—Esto es algo que no tiene sentido y al final del día, todos los habitantes de este país requieren de servicios de telecomunicaciones, para prácticamente todas las actividades del día a día. Este tipo de situaciones con los municipios no deben persistir más. A veces no lo entienden las autoridades locales. Creo que se confunden mucho con sus necesidades presupuestales y sus ideas recaudatorias.

Nosotros estamos dando un seguimiento muy puntual a todo esto, pero este tipo de contingencias, además de distraer de lo que verdaderamente importa, que es seguir prestando los servicios, expandiendo las redes y brindar un entorno de competencia, es un impacto a la inversión y se les quita calidad y acceso a los usuarios. Confiamos en que las autoridades judiciales también tengan esa perspectiva cuando este caso llegue a sus manos.

—¿Conocen ya de esta historia la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) o la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)? Esto, porque hechos como este pueden complicar la meta de ellos de conectar 12 millones de mexicanos más en este sexenio.

—Hemos tenido muy buena comunicación con el órgano regulador. Ellos están en varias canchas y están haciendo varias cosas. Tienen una agenda bastante nutrida. Ellos ya han manifestado preocupación.

Lo que quieren es tomar una estafeta de coordinación, para facilitar el despliegue de infraestructura de una manera ordenada y para evitar este tipo de situaciones. Este asunto en particular lo hemos platicado, pero todavía no lo hemos, digamos, accionado a un cierto detalle y nivel.

Esto, porque este caso ha sido, digamos, tan intenso y tan movido, pues que nos tiene litigando, prácticamente todos los días de la semana, pero confiamos y seguimos confiando en lo que hemos escuchado del órgano regulador y de los planteamientos sobre el despliegue de infraestructura, más allá de esta muy desafortunada coyuntura.

Nosotros confiamos en que el órgano regulador está en ese papel de facilitar que se impulse el despliegue de infraestructura y este tipo de cuestiones va en contra de sus objetivos, va en contra de estas políticas públicas y estoy cierto de que se van a tener que atender.

No sé qué tan receptivos estarían allá, en Salvador Alvarado, pues creo que si entendieran bien lo que está en riesgo y lo que ellos están poniendo en riesgo, con respecto de su población, de su economía, etcétera, no estarían haciendo estas cuestiones. En principio, la CRT tiene hoy un foco rojo en Sinaloa.

—Salvador Alvarado es un municipio con cerca de 80,000 habitantes y casi 23,000 hogares; y Guamúchil es algo menor a una ciudad de tamaño medio. En parangón, es un mercado menor Milpa Alta o la colonia Del Valle, pero recibiendo la misma tecnología que Totalplay da en el Santa Fe de CDMX. Viendo esta trama desde un plan de negocios, ¿puede este caso sentar precedente respecto a que los operadores evalúen mejor a qué mercados entrar y a cuáles no? Incluso, que, si el resultado no es favorable a ustedes, ¿que Totalplay salga de Guamúchil? Después de todo, 600 millones de pesos los invierten en otra ciudad.

—600 millones de pesos no es poquita cosa en ningún sector y para ninguna empresa. No se están dando cuenta de que al final del día, estos 600 millones de pesos o 35 millones de dólares no se justifican bajo ningún concepto para una plaza con las características que tiene Salvador Alvarado y en la cabecera municipal, que es Guamúchil.

Estamos hablando de una cantidad estratosférica que no guarda una relación con la inversión que se ha hecho, con el costo de los equipos que se han instalado allí. No guarda ninguna relación con la lógica, ninguna relación financiera con lo que es el municipio o la inversión realizada. Estamos hablando de una ciudad mediana, que no es un centro neurálgico ni decisiva en cuestión de usuarios.

Si este costo artificial ilegal llega, pues ahora sí que se tiene que pagar y cambiar los planes, porque ese dinero tiene que salir de algún lado. Normalmente, como funcionan las empresas de servicio, se harán los ajustes tarifarios correspondientes.

Si se fuera a dar el caso, pero estamos ciertos de que no va a suceder, pues los principales afectados serían la población de ese municipio, las personas. Esto desalentará por completo al sector y a las inversiones; y pondrá en cuestionamiento la política pública de la cabeza sectorial y del regulador.

Una empresa realiza una inversión con la certeza de unas condiciones lógicas y mínimas de rentabilidad que se pueden presentar. Si se rompe ese equilibrio, yo creo que se cuestionaría si se quiere seguir prestando o no ese servicio allí. Por eso yo creo que esto, definitivamente, es un foco rojo para la CRT y la ATDT.