¿Qué cambia con la reforma a la Ley de Vivienda y qué implica para la política habitacional?

El Senado aprobó la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de reformar la Ley de Vivienda para alinear el ordenamiento con la Constitución y establecer en la legislación secundaria el concepto de vivienda adecuada, con definiciones, ajuste del sujeto del derecho y precisión del papel de los organismos que financian y construyen.

El cambio responde a un vacío en la legislación, pues, aunque el concepto de vivienda adecuada ya estaba reconocido en la Constitución, no existía una definición en la ley que permitiera establecer criterios claros para su cumplimiento y evaluación.

El dictamen aprobado también en la Cámara de Diputados advierte que el concepto previo de "vivienda digna y decorosa" resultaba insuficiente por su indeterminación, lo que impedía medir su cumplimiento y limitaba la evaluación de las condiciones habitacionales.

El dictamen fue aprobado con 75 votos a favor y 36 en contra. Durante la discusión, el debate se centró en el alcance de las facultades de los organismos públicos y el uso de recursos vinculados a la edificación habitacional por parte del Estado.

En ese contexto, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, sostuvo que la reforma “no maquilla” la ley, sino que corrige una deuda del Estado en materia habitacional. Desde la oposición, Gina Gerardina Campuzano González advirtió que “este dinero no es del gobierno, es el ahorro y el patrimonio de mexicanos que trabajan, se esfuerzan y ahorran”.

Los elementos de la vivienda adecuada

La reforma incorpora en la ley los componentes que integran la vivienda adecuada:

• Accesibilidad.
• Adecuación cultural.
• Asequibilidad.
• Disponibilidad de servicios e infraestructura.
• Habitabilidad.
• Seguridad en la tenencia.
• Ubicación.

Al respecto, Circe Díaz Duarte, directora de Política de Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó recientemente que el cambio responde al enfoque de la política habitacional del gobierno actual. “No es únicamente un tema de volumen… es la necesidad de garantizar que las viviendas tengan servicios, garantizar el entorno, la adecuación cultural…”.

Tras la aprobación, indicó que la definición incorporada en la ley permite contar con un parámetro para identificar cuándo una vivienda cumple o no con las condiciones del derecho y orientar la evaluación de la política pública.

Facultades de los organismos de vivienda

La reforma incorpora de forma expresa a los organismos que financian o construyen vivienda para trabajadores, como el Infonavit y el Fovissste, dentro de la Política Nacional de Vivienda.

En la ley se establecen las acciones que pueden realizar:

• Construcción, adquisición y rehabilitación de vivienda.
• Financiamiento de autoproducción.
• Urbanización de suelo.
• Arrendamiento y enajenación.

El dictamen señala que estas acciones se integran en la Ley de Vivienda para precisar el papel de estos organismos dentro de la política habitacional.

Fovissste anticipa construcción y convocatorias

Al respecto, Raúl Herrera, encargado de la subdirección de Vivienda del Fovissste, indicó que, una vez publicada la ley, el organismo prevé iniciar programas de construcción de vivienda en diversas ciudades y emitir convocatorias para desarrolladores, constructoras y supervisores.

“Próximamente se publicará la Ley de Vivienda que nos otorgue esa facultad de construir (…) para poder ya instrumentar el programa de vivienda lo antes posible porque la meta es de 100,000 (viviendas)”, explicó hace algunos días.

Armonización legal y alcance

La reforma responde a la incorporación del concepto de vivienda adecuada en la Constitución en el 2024, que no estaba desarrollado en la Ley de Vivienda. En ese contexto, la modificación busca armonizar la legislación secundaria con ese mandato.

También sustituye el enfoque de “familias” por “personas”, lo que reconoce el derecho a la vivienda como individual.

El dictamen plantea que esta actualización permite establecer un marco jurídico más claro para la política habitacional y para la evaluación de las condiciones de vivienda.

Lo que sigue tras la aprobación

La armonización normativa forma parte de los ejes de la Política Nacional de Vivienda, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación. A partir de este cambio, el siguiente paso es la implementación.

De acuerdo con la funcionaria de Sedatu, lo siguiente es trabajar con gobiernos locales para ajustar normativas, definir criterios técnicos y desarrollar instrumentos que permitan medir cada uno de los elementos de la vivienda adecuada.

“El derecho a la vivienda no puede quedarse en el discurso: debe poder medirse, exigirse y hacerse realidad”, apuntó la funcionaria.